Pedro Sánchez está preocupado por el impacto de las protestas de agricultores y ganaderos. Las movilizaciones en el sector han motivado un gran despliegue del Ejecutivo que ha incluido hasta a 10 ministros, aunque el que lleva la voz cantante es el titular de Agricultura, Luis Planas.
El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto ley que modificará la conocida como Ley de la cadena alimentaria, aprobada en 2013 por el PP y que ahora incluirá medidas clave reclamadas por el sector, como la prohibición de la venta a pérdidas, es decir, que no se pueda vender un producto por debajo de los costes de producción.
"El presidente está muy encima del asunto, con colaboración constante con el resto de ministerios y, de manera muy estrecha, con Planas", explican fuentes del gabinete. El titular de Agricultura ha mantenido una veintena de reuniones en las últimas semanas con los actores clave y es el que ha dado la voz de alarma sobre las potenciales ramificaciones del conflicto que ha llevado a cientos de miles de agricultores a protestar en toda España.
En ocasiones, esas convocatorias han sido espontáneas, a través de redes sociales o de mensajería, sin que mediaran las organizaciones profesionales agrarias (OPA), pero a las que han acabado sumándose para hacer presión contra el Ejecutivo. Por ese motivo, Moncloa quiere máximo tacto y cuidado. Sólo así, sostienen fuentes del equipo de Sánchez, podrá evitarse que el malestar se encone. "Sabemos que lo están pasando mal y este Gobierno les quiere ayudar", explican fuentes de Moncloa, haciéndose eco de las palabras pronunciadas por Sánchez hace unos días en un acto de partido.
Fuentes de Unidas Podemos aseguran además que esta crisis es de especial interés también para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que se ha reunido también con representantes del sector acompañando a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuyo departamento también ha propuesto medidas que verán la luz este martes. "Pablo está muy encima de la crisis porque afecta a los derechos sociales y a los trabajadores de este país, pero los esfuerzos son coordinados y del conjunto de todo el Gobierno", explican fuentes moradas del Ejecutivo.
Las medidas
Entre las medidas de este martes estará la prohibición de la venta a pérdidas, para que en ningún punto de la cadena alimentaria se pueda vender a un eslabón superior por menos de lo que ha costado producirlo. La demanda es una reivindicación muy firme del sector, que asegura que la dinámica del mercado les obliga a vender por debajo de los costes para evitar la destrucción del producto. Al final, esa práctica lo que hace es expulsar a los trabajadores del campo.
Sin embargo, de esta venta a pérdidas podrían estar excluidos los distribuidores, el último eslabón de la cadena y donde el Ejecutivo ha hecho más hincapié, pidiendo un esfuerzo suplementario. La explicación podría estar en la existencia de otras medidas y la limitación de la publicidad abusiva de productos, por lo que los supermercados no podrían incorporar estrategias comerciales muy agresivas.
Una de las novedades del texto que este martes aprobará el Consejo de Ministros será el endurecimiento de las sanciones, llegando hasta los 100.000 euros para aquellos operadores que no dispongan de contratos o que no incluyen los costes de producción en el detalle de los documentos firmados.
El Ejecutivo tomará esta medida por la vía de la urgencia y, además, entrará en vigor de manera inmediata, aunque luego deberá ser sometida a votación por el pleno del Congreso de los Diputados en el plazo de un mes.
Desactivar chalecos en potencia
El objetivo, según fuentes del Gobierno, es tratar de desactivar las movilizaciones y evitar una movilización casi permanente de los agricultores, que se vaya contaminando por otros factores o pueda ser manipulada por partidos políticos de la oposición, como el PP o Ciudadanos pero, especialmente, Vox, una formación que parece estar invirtiendo un esfuerzo considerable en erigirse como defensor de las reivindicaciones.
En Moncloa preocupa que se importe una crisis como la de los "chalecos amarillos" en Francia y que se mezcle con el debate sobre la España vaciada, la financiación autonómica o el sostenimiento de servicios públicos esenciales en la España más despoblada.
La crisis en el país vecino fue intensa y un elemento catalizador de descontento. Por ese motivo, tanto Planas como Iglesias y, en realidad, todo el Gobierno, han exhibido simpatía por los manifestantes, animándolos incluso a seguir movilizándose como muestra de la comprensión del Ejecutivo.