El conseller de Medio Ambiente y Territorio de Baleares, Miquel Mir ha pedido este miércoles información al Gobierno sobre el conflicto abierto tras la decisión de Argelia de ampliar su zona económica exclusiva y apropiarse de parte de las aguas del archipiélago del Parque Nacional de Cabrera.

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La zona económica exclusiva es un espacio marítimo de hasta doscientas millas náuticas (370 kilómetros) desde el límite de las aguas interiores de un país ribereño.

Con ocasión de un acto público, el conseller se ha referido a este conflicto de soberanía marítima entre España y Argelia después de que el país norteafricano, ha explicado Mir, haya decidido ampliar su influencia marítima e invadir aguas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera sin el consentimiento del Gobierno español.

El departamento de Cartografía de la Conselleria ha advertido de esta invasión tras la aprobación del real decreto argelino. El conseller ha recordado que el Gobierno de España incluyó en su día dentro de su zona económica exclusiva todas las aguas que rodean a las Islas Baleares.

Miedo a extracciones petrolíferas

El temor del Ejecutivo autonómico se debe a la posibilidad de que se pudieran desarrollar futuros proyectos de extracción petrolífera, aunque no hay "evidencias" sobre ello, ha apostillado Mir.

En este sentido, el proyecto más preocupante sería el Medsalt-2 promovido por el Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental de Trieste (Italia). Desde hace años las islas han paralizado diferentes proyectos petrolíferos que se quieren hacer en sus aguas, pero el Medsalt-2 es el único que se mantiene. 

Uno de los que siguen activos es el proyecto de investigación de hidrocarburos MedSalt-2, promovido por el Instituto Nacional de Oceanografía y de Geofísica Experimental de Trieste, que pretendía explorar el subsuelo marino en las áreas comprendidas entre Ibiza y Mallorca y al sur de las Pitiusas. 

Su objetivo es buscar yacimientos salinos en áreas comprendidas entre Ibiza y Mallorca y el sur de las Pitiusas, para investigar la historia del Mediterráneo. El problema es que para dicha exploración se tendrían que emplear los mismos métodos que usan las petrolíferas.

Por ese motivo, en noviembre, el Ministerio de Transición Ecológica pidió el archivo de los trámites de evaluación ambiental y algunas entidades ecologistas como Alianza Mar Blava presentaron más de 43.000 alegaciones ciudadanas y exigieron de forma reiterada el archivo definitivo del proyecto.

En este sentido el Govern balear se ha manifestado de manera "reiterada, taxativa y contundente" contra cualquier proyecto de estas características, ha recordado.

"Muy pendiente y vigilante"

En concreto, el Ejecutivo balear se ha dirigido por escrito a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que informe de este asunto y "tener la certeza" de que este archipiélago no se verá afectado en ningún caso desde el punto de vista ambiental.

El conseller ha dicho que el Ejecutivo balear estará "muy pendiente y vigilante" ante este conflicto diplomático y que el Gobierno español es conocedor de toda esta situación.

Sobre su zona económica exclusiva cualquier país ribereño tiene soberanía para explorar y explotar los recursos que allí se encuentren, así como jurisdicción en cuanto a las estructuras que se instalen allí y a las investigaciones científicas que se realicen en esas aguas.

Sospechas sobre el Gobierno de España

PP y Més per Mallorca quieren saber si el Gobierno de España conocía esta ampliación del Gobierno de Argelia y qué acciones ha llevado a cabo con el país vecino. Vicenç Vidal, senador de Més, ha recordado que estas ampliaciones deben ser acordadas por los dos países, y espera que el Gobierno central no haya aceptado.

"Son muchas las amenazas de la ampliación de estas aguas jurisdiccionales de Argelia. ¿Hasta qué punto España se ha quedado sin hacer nada desde 2018 -cuando el país africano comenzó la apropiación-? ¿Qué hay detrás de todo esto?", ha preguntado la popular Virgina Marí.

La parlamentaria ha calificado de "sospechoso" que al poco de la decisión argelina, que se dio en 2018, el Consejo de Ministros aprobara una ampliación del Parque Nacional de Cabrera, haciendo que pasara a ocuparse de su gestión Ministerio de Medio Ambiente, tras una década en la que había correspondido exclusivamente al Govern balear, actualmente gobernado por la socialista Francina Armengol.

Asimismo, tal y como refleja El Mundo, a los dos meses de esta ampliación presuntamente unilateral de su soberanía marítima, Gas Natural y Sonatrach, la empresa estatal de hidrocarburos de Argelia, anunciaron la ampliación de su acuerdo (que terminaba en 2021) hasta 2030 para el suministro de su gas a España.

"Hay una maraña de intereses. No podemos estar tranquilos ni dejarnos avasallar así porque corremos peligro", advirtió el martes Marí. Desde el PP consideran el Govern no tendría que hablar con el Ministerio de Transición Ecológica, sino con el de Asuntos Exteriores, para que pueda intermediar ante Bruselas en caso de conflicto.