Los policías destinados en Bolivia para proteger a los representantes diplomáticos españoles han pasado al foco principal del panorama informativo. El Gobierno local les acusa de formar parte de una conspiración internacional para tratar de desestabilizar al país andino; un gran complot para liberar a los miembros del antiguo ejecutivo de Evo Morales que permanecen en la embajada boliviana. Voces internas de la Policía Nacional, no obstante, salen al paso de estas incriminaciones y defienden el papel de los GEO: "Actuaron acorde a la ley".

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El escenario de la polémica es de sobra conocido. El pasado 28 de diciembre, la representante española de negocios, Cristina Borreguero, accedió a la embajada mexicana en Bolivia. Un grupo de vecinos recriminó a los GEO su presencia en las inmediaciones y rápidamente les acusaron de intentar entrar en la legación para liberar a los políticos de Morales que permanecen en las dependencias.

El Gobierno boliviano se hizo cargo de estas acusaciones y enseguida se desató una fuerte crisis diplomática, con la expulsión mutua de representantes bolivianos y españoles de ambos países. Una tensión que orbita en torno a la actuación de los policías desplegados en Bolivia.

Fuentes diplomáticas consultadas por EL ESPAÑOL detallan que la misión de los GEO pasa por la protección de los representantes españoles en Bolivia; más aún en un escenario convulso, marcado por la caída del Gobierno de Evo Morales y el posterior proceso con protestas y manifestaciones.

Desde Bolivia se acusó a los policías de tratar de acceder a la embajada mexicana "encapuchados" y "presumiblemente armados". Una incriminación que ha provocado un fuerte malestar en la Policía Nacional y que canalizan varios de sus principales sindicatos.

Piden "protección"

"Todas estas informaciones forman parte de una campaña que trata de utilizar la imagen de los GEO para fines políticos que nada tienen que ver con su trabajo", denuncian desde el Sindicato Unificado de Policías (SUP).

Y detallan que los agentes realizaron su trabajo "con pleno respeto a la legalidad internacional y sin responder a las provocaciones de un grupo de ciudadanos que, de manera coordinada, buscaba una reacción de los policías españoles para poder justificar una intervención que generase un conflicto diplomático.

Desde el sindicato Jupol califican de "inadmisibles" las valoraciones que se están vertiendo sobre los agentes policiales: "Nos hemos puesto a disposición de estos compañeros, y les hemos ofrecido todos nuestros medios jurídicos para su defensa ante los ataques que están sufriendo".

Ambos sindicatos piden una mayor "protección" a los agentes que están en el foco de la polémica; un mensaje dirigido al Ministerio del Interior, los primeros, y a la Dirección General de Policía, los segundos.