La gran paradoja de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) que reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras es que el principal beneficiario será su principal rival político, Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde octubre de 2017. Mientras que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya seguirá en la cárcel a menos que el Supremo decida lo contrario, el fallo despeja el camino al expresidente catalán y a su exconseller Toni Comín, para que sean reconocidos eurodiputados de pleno derecho y gocen de inmunidad para moverse por toda la UE, España incluida.
El presidente de la Eurocámara, el socialista italiano David Sassoli, ha reclamado a las "autoridades españolas competentes" -es decir, al Tribunal Supremo- que apliquen el fallo en la parte que corresponde a Junqueras, eso sí, sin aclarar cómo. En paralelo, ha encargado un informe urgente a sus servicios jurídicos para decidir sobre el caso de Junqueras y Puigdemont. "He dado mandato a los servicios del Parlamento para que evalúen en el menor tiempo posible la aplicación de los efectos de la sentencia sobre la composición de la Eurocámara", ha comunicado Sassoli al pleno.
Por su parte, la Comisión Europea se ha limitado a "tomar nota" de la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. "Ahora corresponde al Tribunal Supremo español y al Parlamento Europeo evaluar los siguientes pasos. Sobre la situación de Puigdemont no no nos corresponde a nosotros especular, es una cuestión para el Parlamento Europeo y para las autoridades judiciales", asegura el portavoz de Justicia, Christian Wiegand.
Como Junqueras, Puigdemont y Comín también obtuvieron escaño en las elecciones europeas del 26 de mayo y figuran en la lista de la Junta Electoral Central del 13 de junio de proclamación oficial de diputados electos. Pero no viajaron a Madrid al acto para acatar la Constitución por miedo a ser arrestados, ya que contra ellos pesa una orden de detención nacional. Por ello, no están en la lista final que se envió a la Eurocámara y nunca han sido reconocidos como eurodiputados.
Ahora, el fallo del TJUE deja claro que "una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades aparejadas a tal condición". Es decir, en la práctica deja sin efecto la exigencia de la legislación española de acudir presencialmente a Madrid a acatar la Constitución.
Si se aplica de forma literal al caso de Puigdemont y Comín, eso significa que podrían ser reconocidos como eurodiputados en los próximos días. Ambos tienen dos demandas pendientes ante el propio TJUE que podrían resolverse de forma inminente con la jurisprudencia del caso Junqueras. Además, el propio Parlamento Europeo podría actuar por iniciativa propia y darles la acreditación si sus servicios jurídicos consideran que deben hacerlo. El presidente Sassoli ya había anunciado varias veces que acataría el fallo.
Si se confirma que Puigdemont y Comín son eurodiputados con plena inmunidad, el juez Pablo Llarena tendría que pedir un suplicatorio a la Eurocámara antes de proceder con la euroorden contra ellos. El Tribunal de Primera Instancia neerlandófono de Bruselas ya decidió el pasado lunes aplazar la tercera euroorden hasta el 3 de febrero de 2020 a la espera de que se aclare la cuestión de la inmunidad.
En teoría, la tramitación del suplicatorio en la Eurocámara no debería chocar con grandes problemas, ya que los tres grandes grupos políticos (populares, socialistas y liberales) apoyan la postura del Gobierno español. El tiempo medio que tarda en concederse es de seis meses, según fuentes parlamentarias. Lo que sí está claro es que ese procedimiento concedería a Puigdemont y Comín una plataforma privilegiada para su propósito de internacionalizar la crisis catalana.