Bruselas

Nuevo escollo en la entrega a España de Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde octubre de 2017, para ser juzgado por su actuación en el procés separatista. El Tribunal de Primera Instancia neerlandófono de Bruselas ha decidido este lunes aplazar su decisión sobre la tercera euroorden cursada por el juez Pablo Llarena contra él por los delitos de sedición y malversación a la espera de que la justicia europea aclare si es eurodiputado de pleno derecho y goza de inmunidad. La paralización afecta también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

El juez responsable del caso ha fijado una nueva vista para el próximo 3 de febrero. Atiende así la petición de los abogados de Puigdemont, que sostienen que no puede adoptarse ninguna decisión sobre la euroorden hasta que se resuelva la cuestión de la inmunidad. La defensa alega que si el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictamina que Puigdemont es inmune, la orden de detención y entrega no podrá ejecutarse hasta que el Supremo pida un suplicatorio a la Eurocámara y ésta le autorice a proceder.

"Hemos confiado desde hace más de dos años en la justicia europea. Creo que dos años y pico después teníamos razón en confiar en ella, tanto si era en Bélgica como si era en Alemania, como si era en Escocia y ahora vamos a ver qué va a decidir Luxemburgo", ha dicho Puigdemont a la salida de la vista de este lunes en el Palacio de Justicia de Bruselas, que ha durado poco más de 10 minutos.

Puigdemont habla con la prensa este lunes en el Palacio de Justicia de Bruselas Yves Herman/Reuters

"Hay que dejar trabajar a los jueces en Luxemburgo porque en sus manos está algo muy relevante. No sólo lo que nos afecta a nosotros, personas, sino lo que afecta a más de 2,3 millones de votantes europeos que siguen sin representación y afecta a un tema de fondo, el valor de los votos en la UE", ha resaltado el expresidente catalán.

A la espera de la nueva cita del 3 de febrero, la justicia belga mantiene sus medidas cautelares sobre Puigdemont. El expresidente catalán tiene prohibido salir de Bélgica sin permiso, debe comunicar constantemente su paradero y presentarse ante las autoridades judiciales y policiales siempre que se le requiera. Además, la Eurocámara le tiene vetado el acceso. ¿Se trasladará a Perpiñán si logra la inmunidad, como se ha publicado? "Yo no voy a cambiar mi residencia. No crean todo lo que se publica, especialmente si hace referencia a mi", ha contestado.

La primera ocasión en la que el TJUE va a pronunciarse sobre la inmunidad es el próximo jueves 19 de diciembre, aunque este caso no se refiere a Puigdemont sino al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Si la respuesta en este caso no es suficientemente clara o no resulta directamente aplicable, el tribunal belga debería esperar a los otros dos casos que tiene abiertos el expresidente catalán en Luxemburgo o bien presentar su propia cuestión prejudicial.

Bélgica incumple los plazos

El resultado de este nuevo aplazamiento sine die es que Bélgica volverá a incumplir el plazo legal máximo de 90 días que fija la euroorden para ejecutar la entrega. Desde que el juez Llarena emitió la euroorden el pasado 14 de ocubre, el mismo día que se hizo pública la sentencia del procés, han transcurrido ya 64 días. Además, una vez que haya fallo, tanto Puigdemont como la fiscalía tendrán dos instancias más para recurrir.

Puigdemont sobre el aplazamiento de la justicia belga de la decisión de extradición

El foco de atención se traslada ahora a la sentencia del TJUE del jueves sobre el caso de Junqueras. Y la incógnita es si la Gran Sala de 15 jueces ratificará la opinión del abogado general (que sería de aplicación inmediata a Puigdemont y Comín) la rectificará o bien decidirá no pronunciarse por considerar que el caso escapa a su competencia.

Contra todo pronóstico, la opinión del abogado general, Maciej Szpunar, (publicada el pasado 12 de noviembre y que sirve de guía para la decisión de los jueces) dio la razón al líder de Esquerra Republicana y propinó un duro varapalo a las tesis defendidas por el Tribunal Supremo y por el Gobierno español, que además contaban con el respaldo de los servicios jurídicos de la Comisión y de la propia Eurocámara. Ellos sostenían que Junqueras nunca adquirió la condición de diputado porque no cumplió el requisito de acatar la Constitución y por tanto no goza de inmunidad.

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en el Supremo. Efe

En contraste, el abogado general sostiene que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado tras su elección en las europeas del 26-M y gozaba de inmunidad desde la sesión inaugural del Parlamento Europeo el 2 de julio -y en los momentos previos para poder acreditarse- hasta el final de su mandato de cinco años. Su argumento es que la adquisición del mandato parlamentario de los diputados europeos resulta únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna.

El Tribunal de Justicia de la UE debe decidir ahora si sigue la recomendación del abogado general, algo que sucede en la mayoría de los casos; o por el contrario utiliza una de las vías de escapatoria que planteó su dictamen: declarar que no tiene sentido responder a la cuestión prejudicial que planteó el propio Supremo puesto que Junqueras ya ha sido condenado a trece años de prisión por sedición y rebelión.

Si optara por esta segunda alternativa, la defensa de Puigdemont le ha pedido al juez belga que espere al fallo de los dos casos que él mismo tiene planteados en Luxemburgo. El expresidente de la Generalitat ha presentado su propio recurso exigiendo su reconocimiento como eurodiputado. Las medidas cautelares para tomar posesión en la sesión inaugural del 2 de julio fueron rechazadaspero el caso continúa tramitándose. Además, Puigdemont ha recurrido la denegación de las cautelares también en el TJUE.

Si ninguna de estas dos sentencias, que se esperan para principios de año, aclara la cuestión de la inmunidad, los letrados de Puigdemont han pedido al juez belga que planetee una consulta él mismo a Luxemburgo. Así que lo único que está claro es que la batalla jurídica va para largo. La fecha del 3 de febrero es sólo una referencia: ni siquiera está claro si para entonces estarán resueltas todas las dudas.

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