A unas horas de que comience la campaña electoral, el Gobierno no rehuye la gestión de la crisis en Cataluña sino que ha anunciado, tras la celebración del Consejo de Ministros, una ofensiva legal en al menos tres frentes contra el independentismo. 

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La encargada de comparecer ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y no la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. Y el objetivo es frenar las acciones de los partidos independentistas, desde la utilización de datos privados por parte de la Generalitat hasta la criminalización de los agentes de la Policía, la Guardia Civil y los Mossos llevada a cabo por el president de la Generalitat, Quim Torra. 

Calvo ha presentado dos incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. En la práctica, se trata de dos alertas formales del Ejecutivo al alto tribunal de que sus sentencias pueden no estar cumpliéndose. 

El motivo es "la admisión a trámite y, por tanto, a su ubicación en órdenes del día" de resoluciones sobre "la jefatura del Estado, el derecho de autodeterminación o la soberanía de Cataluña", ha explicado Calvo. La Mesa del Parlament, su órgano de Gobierno, ha decidido seguir adelante con la tramitación a pesar de estar ya "apercibida" por el TC. El Gobierno quiere saber si ha sido "traspasada esa línea, desautorizada" la autoridad del Constitucional.

Informe al Consejo de Estado

Además, el Gobierno ha solicitado al Consejo de Estado el preceptivo informe consultivo para "impugnar" otra de las resoluciones de la cámara catalana, que "debatió de manera formal una sentencia del Tribunal Supremo". "No corresponde que ningún Parlamento haga un debate formal sobre una sentencia de nuestros tribunales", ha advertido Calvo. 

El Gobierno también dará orden a la Abogacía del Estado para que se persone en las causas penales que se sigan contra los agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil por actuaciones en el ejercicio de sus funciones en Cataluña.

"Les acompañaremos en las dificultades que encuentren, en el ejercicio de su función", ha dicho. En el Gobierno están "orgullosos de la profesionalidad que han tenido y tienen cada día", según él. 

Por eso, el Ejecutivo prestará asistencia jurídica a los agentes que hayan sufrido agresiones físicas, amenazas, acusaciones o denuncias falsas contra ellos. 

Por último, el Gobierno ha presentado el real decreto-ley para frenar la República Digital catalana, que fue anunciado esta mañana por el presidente del Gobierno