La operación Ícaro sigue activada. Ese es el nombre con el que se ha bautizado al refuerzo policial en Cataluña, en apoyo a los Mossos d'Esquadra ante los disturbios y el calendario de movilizaciones tras la sentencia del procés. Pero los guardias civiles desplegados en la Comunidad Autónoma lamentan cómo se está llevando a cabo el dispositivo. En concreto, acusan a Interior de tener que pagarse las dietas de su bolsillo.
Este jueves, 24 de octubre, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) remitió un escrito al Ministerio de Interior, dirigido en funciones por Fernando Grande-Marlaska, en el que detallan una serie de consecuencias para los agentes desplegados en el dispositivo.
"Los guardias civiles tienen enormes problemas para abonar las facturas de comida y alojamiento, que ascienden a cantidades que no están siendo adelantadas en su totalidad por las cajas pagadores", detallan desde AUGC. O lo que es lo mismo, lamentan que los agentes tengan que pagarse las dietas de su propio bolsillo.
Los audios de la Policía Nacional en la 'batalla de Barcelona' (II).
Además, la asociación asevera que las jornadas laborales de los guardias civiles son más largas que las del resto de sus compañeros: "A diferencia de los integrantes de la Policía Nacional, los cuales prestan servicio sujetos a su régimen de jornada laboral ordinaria, a los guardias civiles se les ha impuesto una prestación excepcional". A su juicio, un "agravio comparativo" entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por último, señalan que las "condiciones de alojamiento son desiguales". Advierten al Ministerio de Interior que las estancias en dependencias militares -donde reside buena parte de los agentes del Instituto Armado- son "más incómodas" que en los hoteles, donde están hospedados otros miembros policiales.
En su escrito, la AUGC pide a Interior que se establezca un concepto de compensación económica acorde a las horas desempeñadas. O bien que realicen jornadas ordinarias acorde a lo establecido en su ordenamiento.
Asimismo, plantean que se establezca un máximo de cuatro semanas en el despliegue de los agentes en comisiones de servicio y que se abonen las dietas a los agentes. Sobre los alojamientos, solicitan que sean las cajas pagadoras las que abonen las facturas de los hoteles y que se refuercen, en la medida de lo posible, las instalaciones en los acuartelamientos militares.