"Este Gobierno en funciones va a cumplir con las comunidades autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre". En un mitin en Valencia, junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que aprobará el polémico decreto en un próximo Consejo de Ministros .
Sánchez ha prometido pagar 7.000 millones a las autonomías antes de las elecciones. El Gobierno ha estado estudiando en las últimas semanas con la Abogacía del Estado y el Ministerio de Hacienda "fórmulas dentro de la legalidad" que permitan hacer estos anticipos a un Gobierno en funciones. Varias comunidades, en especial la valenciana y la murciana, están asfixiadas y ya habían manifestado su desesperación por no poder atender pagos en Sanidad, Educación y Dependencia.
Sánchez ha criticado precisamente en el mitin que otros se "rasguen las vestiduras ahora" pidiendo las entregas a cuenta cuando si no hubiese un Gobierno en funciones, ha dicho, "no habría ningún problema". También ha arremetido contra quienes votaron en contra de los objetivos de estabilidad y de los Presupuestos.
"Constitucionalmente es la única opción"
Fuentes gubernamentales han explicado que las entregas a cuenta se aprobarían en Consejo de Ministros mediante un Decreto Ley, pero antes de que dicha norma salga adelante se necesita el visto bueno de la Abogacía del Estado.
Al estar en funciones, el Ejecutivo tiene que justificar que la decisión no compromete al Gobierno entrante y que el decreto responde a una necesidad perentoria. Los dos supuestos, apuntan las fuentes del Ejecutivo, se cumplen, primero porque las entregas a cuenta son anticipos -y si no de dan ahora se darían después- y segundo y más importante, porque hay comunidades autónomas que necesitan urgentemente esa aportación.
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Si las entregas a cuenta se aprueban antes de las elecciones generales como ha prometido Sánchez, al ser un decreto ley tendrán que ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso.
"El tiempo nos ha dado la razón, claro que se podía atender a las comunidades", ha explicado a EL ESPAÑOL Yolanda Díaz. La diputada de Unidas Podemos ha sido una de las más beligerantes con el Gobierno en este asunto. De hecho, llegó a esgrimir un informe elaborado por los letrados de la Xunta de Galicia en el que se explicaba no sólo que era posible cumplir con las autonomías, sino que "constitucionalmente es la única opción".
Lo curioso es que en esto fueran de la mano Unidas Podemos, y los diputados del PP, que presentaron una interpelación al Gobierno en las últimas sesiones del Congreso antes de decaer la legislatura. Los dos aprovechaban un documento jurídico elaborado por una autonomía gobernada por el PP. "Pero es que los letrados no son de partido, o al menos no deberían serlo", explica Yolanda Díaz, que lamenta la utilización en este caso de los abogados del Estado: "Es que la ministra Montero nos reconoció en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que no había ningún informe jurídico que justificara que no entregaran los fondos, y esa misma noche apareció como por arte de magia ese informe filtrado en el diario El País".
"¡Cómo manipulan este asunto!"
Desde el Partido Popular no se han extrañado del anuncio de Sánchez. "Claro, lo ha dicho en Valencia, que es una de las regiones que está en peor situación", ha asegurado a este periódico Yolanda Díaz de Unidas Podemos. "Dicen que ahora tienen que convencer a la Abogacía del Estado de que es posible... ¡pero si es un órgano consultivo! No tienen nada que convencer, es lamentable cómo están manipulado este asunto".
La propia Díaz, que recuerda que de los 4.500 millones de euros que el Gobierno debería entregar a las comunidades le corresponden 700 a Galiciao, se preguntaba si es de fiar el anuncio de Sánchez. "Ya en las pasadas elecciones, vino a Galicia y prometió los fondos que le debe a la Xunta por la compensación de los costes indirectos del CO2... prometió 200 millones, y aún no hemos visto nada de aquello", explica. "Ahora, la ministra debería dar explicaciones de por qué antes decía que no iba a poder pagar y ahora, que vienen las elecciones, ya sí puede".
En el Ejecutivo son conscientes de que la noticia puede provocar la crítica de la oposición, que tache la medida de electoralista, pero las fuentes consultadas insisten en que si se aprueban ahora será por la necesidad que tienen sobre todo las regiones con más aprietos de financiación.
El presidente se ha comprometido además a actualizar las pensiones el próximo año "para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo", acabar con la LOMCE, derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y poner en marcha un plan de vivienda que permita precios asequibles en alquiler o propiedad.