El Ministerio de Hacienda dice haber encontrado un resquicio legal para poder traspasar 4.500 millones de euros a las comunidades autónomas por la mejora en la recaudación del IVA, del IRPF y de los impuestos especiales, a finales de este mismo mes.

Según ha adelantado El País, un informe de la Abogacía del Estado impedía a un gobierno en funciones realizar estas transacciones para no condicionar las cuentas del nuevo ejecutivo que saliera de las urnas. Pero ahora la lectura de este dictamen ha variado.

Los responsables de Hacienda aseguran que cuando el lunes sea un hecho las elecciones del próximo 10 de noviembre, se constatará que no va a haber un nuevo gobierno hasta principios de 2020 lo que supone que este año no se hipotecaría ninguna cuenta de ningún ejecutivo.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. EFE

Hasta ahora, la asfixia económica de las comunidades autónomas ha sido un arma arrojadiza entre PP y PSOE que se han acusado mutuamente de la falta de ingresos de las regiones.

El origen de este bloqueo económico fue la no aprobación de los Presupuestos de 2019 que es donde se establecía la transferencia. A partir de ahí, el informe de la Abogacía del Estado vino a impedir, según el Gobierno, cualquier tipo de trasvase económico.

La idea de Hacienda es que la inyección económica llegue cuanto antes a las autonomías para evitar que haya recortes y por eso cree que la tendrá lista antes de que acabe septiembre. Sin embargo, que justo se haya encontrado el resquicio legal en pleno periodo preelectoral, ha provocado el enfado y las críticas del PP.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que "no es serio" que el Gobierno central "ahora quiera desbloquear" las entregas a cuenta de miles de millones de euros a las Comunidades Autónomas.

Casado acusa al Gobierno de "comprar voluntades electorales" con el dinero a las CCAA

"Estamos a favor de que se entregue dinero, pero lo que hasta hace cuatro días era imposible, porque ahora haya elecciones, el Gobierno diga ahora que puede comprar voluntades electorales con el dinero que habían pagado los contribuyentes en las autonomías, pensamos que es un paso más en la instrumentalización muy negativa delas instituciones y los recursos públicos para hacer campaña que no es admisible", ha remarcado.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado "la totalidad del dinero" que el Estado debe transferir a las  comunidades autónomas y lo ha acusado de gobernar de forma "frívola y sectaria".

 "Lamentablemente nos están tomando el pelo", ha asegurado reiterando que la Xunta tenía razón "desde el primer momento", ya que "no existen razones objetivas para explicar el porqué de no pagar todo el dinero que se les debe a las comunidades".

Una de las líderes regionales más críticas ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso quien ha escrito en sus redes sociales que "primero asfixian, luego chantajean y ahora, que vienen elecciones, nos dan limosna".

Ayuso ha insistido en que "es vergonzoso ver cómo la izquierda está jugando con España, utilizándola de moneda de cambio para los intereses particulares de Pedro Sánchez y su colchón en la Moncloa".

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