El Gobierno, a la espera de que la Justicia permita la exhumación del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ha abierto un nuevo frente contra la familia del dictador por presunto fraude en la compra del Pazo de Meirás. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha sido escueto pero tajante al ser preguntado este viernes en TVE por los motivos: "Actuaron contra derecho. Así de claro".
Los abogados del Estado hallaron un acta notarial que confirmaría que la venta del pazo a Franco fue contraria a la ley al producirse tres años después de la primera adquisición por cuestación popular forzosa y además por una cantidad sensiblemente inferior a la que habría correspondido -85.000 pesetas, por las 400.000 de una primera venta-. Antes estaba en manos de los herederos de la escritora Emilia Pardo Bazán.
La demanda ha sido presentada en un juzgado de La Coruña y tiene como fin la recuperación del pazo para el patrimonio público, reivindicación que ha llegado a ser refrendada por el propio Parlamento de Galicia con insólita unanimidad.
En la actualidad, se trata de un bien de interés cultural que los Franco tienen que habilitar para las visitas, al tiempo que tratan de venderlo por en torno a 8 millones de euros.
"Es evidente que nos encontramos ante un negocio simulado, dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa había sido ya vendido años antes y entregado al jefe del Estado", dice el escrito presentado en los tribunales, contra los nietos del dictador, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú.