El InformeCAT, un estudio que evalúa el estado de la lengua catalana y que acaba de presentarse en Barcelona, traslada una imagen catastrófica sobre su uso e implantación. "El 35% de los estudiantes de magisterio de Lérida suspenden por las faltas de ortografía en catalán", "solo una de cada 10 tesis doctorales se escriben en lengua catalana", "sólo el 14,6% de las conversaciones de los alumnos de la ESO en el recreo son en catalán"... son algunas de las conclusiones del informe, que ha sido realizado por Plataforma per la Llengua, una ONG que cuenta con el respaldo de la Generalitat de Cataluña.

Uno de los temas en los que más se incide es el de la educación. Pese a que cada vez son más las familias que denuncian la desaparición del castellano en las aulas, el estudio denuncia "las carencias del actual sistema educativo a la hora de garantizar a los ciudadanos competencias en lengua catalana" y lamenta que los alumnos se comuniquen entre sí mayoritariamente en castellano.

Una de las causas de esa tendencia se encuentra, para los autores del informe, en "la internacionalización del sistema universitario", que provoca que "el catalán quede arrinconado" y no llegue a "asumir el estatus de lengua hegemónica".

Las conclusiones del trabajo son sorprendentes si se tienen en cuenta los esfuerzos de las Administraciones catalanas por extender el catalán por todos los medios posibles y a cualquier precio, incluso con multas, y sobre todo por cuanto la política de inmersión lingüística obligatoria lleva aplicándose casi tres décadas en toda Cataluña, en concreto desde el curso 1992-93. Sin embargo los autores abogan por insistir en la inmersión. 

"Incumplimiento de derechos lingüísticos"

"El catalán queda arrinconado porque no se aplican medidas de protección" y "la situación del catalán en la Justicia continúa siendo muy precaria", son otras de las afirmaciones a la hora de valorar los "déficits y problemas" del catalán.

En cuanto el estudio entra a valorar la situación del catalán en los medios de comunicación y en la cultura, introduce cifras económicas siempre en detrimento del catalán, pesa a que la Generalitat otorga cuantiosas subvenciones para su promoción. Así, se asegura que casi 4 millones de euros (el 77,5% de las ayudas) se habrían destinado a la producción de largometrajes en una lengua diferente al catalán y el 60% del presupuesto del Instituto Catalán de Empresas Culturales (ICEC) se destinaron a música cantada en lengua no catalana.

En este punto, los responsables de Plataforma per la Llengua acusan al Festival de Sitges de "romper por segundo año el compromiso de aumentar el catalán en las proyecciones a pesar de recibir ayudas de 600.000 euros de la Administración catalana".

En cuanto a la Justicia, la plataforma considera que "la situación del catalán continúa siendo muy precaria" y culpa a los funcionarios de "exigir ilegalmente a los ciudadanos para que usen el castellano en contra de sus derechos lingüísticos".

"Erradicar la catalanofobia"

Todas estas cuestiones representan "un reto para las instituciones", según la Plataforma per la Llengua, que  recuerda a las formaciones políticas el compromiso que adquirieron ante los ciudadanos: "Los partidos que integran los gobiernos del cambio se comprometieron públicamente durante la campaña electoral con una serie de medidas legislativas y ejecutivas a favor del catalán para erradicar la catalanofobia".

También se aprovecha la actual situación política en España tras las elecciones del 28-A y del 26-M para presionar a los partidos: "Deben permitir reeditar gobiernos progresistas y teóricamente favorables a la normalización del catalán".