Meritxell Batet pudo haber convocado la primera reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados el martes por la tarde. El Congreso de los Diputados se había constituido por la mañana y había elegido a los miembros de la Mesa, su órgano de gobierno. La cuestión más urgente era (y sigue siendo) decidir qué hacer con los cuatro diputados en prisión provisional y procesados ante el Tribunal Supremo por un delito de rebelión.
Batet prefirió no convocarla y asegurar que, antes, acudiría a ver al rey Felipe VI. La reunión en Zarzuela tuvo lugar este miércoles por la mañana. Batet podría haber convocado la reunión de la Mesa el miércoles por la tarde, pero decidió esperar hasta el jueves.
Antes, por iniciativa propia y sin que lo supieran los restantes miembros de la Mesa ni se trasladase a los medios de comunicación, Batet escribió al presidente del Tribunal Supremo para pedirle que le aclarase las dudas sobre la suspensión, en una forma velada de pedir que cargase con la decisión. La presidenta del Congreso no cree que sea la Cámara quien deba decidir la suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, por más que el Supremo había apuntado en ese sentido con un profuso auto la semana pasada.
"El Tribunal Supremo, como representante del Poder Judicial, es el que tiene que determinar esa decisión", dijo Batet el miércoles. "El escrito se remite para que sea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional, que está enjuiciando determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no personas que están en prisión preventiva, quien nos aclare en qué situación quedan estas personas", abundó.
En ese momento, Batet ya iba a remolque. EL ESPAÑOL había publicado en exclusiva el contenido de esa carta que la presidenta del Congreso no había trasladado al resto de los partidos, que respondieron con enfado. La nueva presidenta del Congreso no sólo se tomaba con calma la convocatoria de la primera Mesa de la legislatura sino que ya maniobraba al margen de ella.
La fecha del 26-M y los reveses
Los días iban pasando mientras se acercaban las elecciones del 26 de mayo, fecha a la que quería llegar sin decidir, según la oposición. El PSOE no acababa de aceptar la suspensión automática que reclamaban PP y Ciudadanos ni la manga ancha de Unidas Podemos, que duda sobre la suspensión.
El jueves, Batet sufrió un revés. De forma escueta, el Supremo contestaba a su requerimiento advirtiendo de que corresponde al Congreso tomar la decisión y recordándole que el Poder Judicial no es el servicio jurídico del Poder Legislativo. "Que cada palo aguante su vela", resumieron fuentes jurídicas consultadas por este periódico.
En ese contexto se celebró, finalmente, la primera reunión de la Mesa. Fue convocada a las 15:30 y duró unas tres horas que los participantes definen como de una áspera discusión. PP y Ciudadanos ya llegaban con todos los antecedentes anotados en sus libretas y así se lo hicieron saber a Batet, que enfrente tuvo a Ignacio Prendes y Patricia Reyes, miembros de la Mesa ya en la anterior legislatura, y Ana Pastor, que hasta esta semana había sido la presidenta, acompañada por Adolfo Suárez Illana. Los tres miembros del PSOE, la presidenta actual, un vicepresidente y una secretaria, se estrenaban en sus cargos con una discusión jurídica de calado que al final se resumía en suspender de inmediato o no a Junqueras, Sànchez, Rull y Turull.
Finalmente, PSOE y Podemos, que suman mayoría, se mostraron en contra de suspender ya a los diputados frente a PP y Ciudadanos, que aseguran que tanto el reglamento de la Cámara como la Ley de Ejuiciamiento Criminal, como el auto del Supremo son claros al respecto. La nueva mayoría del Congreso decidió pedir un informe a los letrados de la propia Cámara.
Un clima adverso
Para entonces, la sensación de que el PSOE está obligado a suspender a los presos era ya difícil de contrarrestar. Batet decidió entonces no posponer más la nueva reunión de la Mesa, como le pidió Podemos, y la convocó para este viernes.
PP y Ciudadanos confían en que los letrados avalen la pertinencia de una suspensión decidida por el Congreso de los Diputados en base al reglamento y, quién sabe, también a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice taxativamente que todo cargo público en prisión provisional y procesado por rebelión será "automáticamente" suspendido en sus funciones hasta que salga de la cárcel.
Si Batet o, en realidad, el PSOE, no da su brazo a torcer y se sitúa junto a PP y Ciudadanos, los populares amenazan con reprobarla y Cs ya habla de pedir su dimisión. A ellos se suma el Supremo y, por otra parte, el precedente de los diputados en el Parlament, suspendidos el año pasado en una situación similar.