La Fundación Villacisneros ha pedido al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucional ante la llamada ley vasca de abusos policiales; una norma con la que prevé la creación de una comisión de "expertos" para dirimir qué ciudadanos vascos han sufrido algún tipo de abuso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil y de víctimas del terrorismo ya han arremetido contra esta ley por considerarla "arbitraria" y al margen de las resoluciones judiciales.
"Esta Ley, que ya fue recurrida por el Gobierno del PP en 2017, no llegó a sustanciarse debido a la retirada del mismo por Pedro Sánchez como consecuencia de la negociación con el PNV para que prosperara su moción de censura contra Rajoy", consideran desde la Fundación Villacisneros.
Según apuntan desde la Fundación, la ley -técnicamente denominada 12/2016- se "arroga competencias propias de un tribunal de Justicia" y "cuestiona el trabajo de las Fuerzas de Seguridad durante la democracia en su lucha contra el terrorismo".
Además sostienen que se trata de una "humillación" para las víctimas del terrorismo: "El gobierno nacionalista de Urkullu, que nunca ha respaldado ni reconocido el sacrificio de las Fuerzas de Seguridad en su lucha contra ETA, dedica su tiempo a difamar su buen nombre apostando una vez más por el blanqueamiento del terrorismo mediante su tan falsa como manida teoría del conflicto".
La Fundación Villacisneros también ha potenciado un proyecto conocido con el nombre de Dignidad, con el que da soporte jurídico a las víctimas del terrorismo que no tengan ningún dato sobre la autoría material de los atentados.
PNV Y PSOE han votado a favor
La ley propone que las víctimas de abusos policiales cometidos en Euskadi entre 1978 y 1999 puedan ser reconocidas. La norma ha sido aprobada este jueves el Parlamento Vasco y modifica parcialmente otra de 2016 que no pudo aplicarse tras ser recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP.
PNV y PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco que están en minoría en el Parlamento, han votado en el pleno de la Cámara de Vitoria a favor de la ley, que ha salido adelante gracias a las abstenciones de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en la mayoría de los artículos, mientras que el PP se ha posicionado en contra.
Esta nueva norma corre el riesgo de volver a quedar paralizada ya que el PP, según ha advertido su presidente en el País Vasco, Alfonso Alonso, no corrige los defectos de constitucionalidad y "va a volver a ser recurrida". "Ese es el compromiso de mi partido", ha dejado claro.
Durante el debate se han producido momentos de tensión entre EH Bildu y representantes sindicales policiales, contrarios a la ley, que seguían la sesión desde la tribuna de invitados.
Recurso de Rajoy
La Ley aprobada en 2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, conocida con la ley de abusos policiales, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy y no pudo desarrollarse.
El Ejecutivo del PP argumentó, entre otros razonamientos, que la comisión de valoración que figuraba en la norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de la violencia policial, no podía ejercer esta función porque es una labor que compete a los jueces.
Pero cuando llegó Pedro Sánchez a La Moncloa el Gobierno acordó con el vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad a cambio de que se introdujeran varios cambios que dejaran claro que su objetivo no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino resarcir asistencialmente a los afectados.
Así, las modificaciones aprobadas este jueves especifican que no se invaden competencias reservadas al poder judicial y que su fin no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino el de resarcir asistencialmente a los afectados.
Abusos policiales entre el 78 y el 99
El artículo principal establece que la vulneración de derechos humanos en un contexto de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos pero precisa que "no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal".
Esta ley se circunscribe a las víctimas que sufrieron abusos policiales entre 1978 y 1999. Las que padecieron estas vulneraciones entre 1969 y 1978 ya han sido reconocidas a través de un decreto que aprobó en 2012 el Gobierno Vasco socialista con Patxi López como lehendakari.
Tanto el PNV como el PSE han asegurado que la nueva ley se ajusta a la Constitución y respeta la separación de poderes ya que su fin es el resarcimiento administrativo de las víctimas al margen del proceso penal.
EH Bildu ha considerado "inaceptable" que no se otorgue a estas víctimas el mismo reconocimiento que a las de ETA, para Elkarrekin Podemos la ley solo ofrece una verdad "con minúsculas" y el PP, único grupo que ha votado en contra, considera que la ley trata de buscar el "desprestigio" de las diferentes policías porque se les pone "bajo sospecha" de ser responsables de vulneraciones de derechos humanos