La Guardia Civil irrumpió a primera hora de este martes en la vivienda personal que el abogado José María Corbín tiene en Valencia. Su objetivo, tras meses de investigación, era recabar pruebas de que el letrado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, habría vendido durante años sus contactos en el PP municipal a distintos constructores para recalificar terrenos y conseguir contratos de obra pública. 

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabajan con al tesis de que Corbín se servía de una facturación falsa para hacer pasar estas presuntas comisiones como servicios de asesoría legal a distintas constructoras. Así, la empresa pagadora podía abonar la comisión en dinero legal como si fuera un gasto más en sus contabilidades, pero ocultando presuntamente el concepto.

Fuentes cercanas al caso matizan que por el momento, no hay prueba alguna de que el cuñado de Barberá repartiera las presuntas mordidas con políticos o cargos del PP Valenciano. Es decir: Corbín utilizaba presuntamente sus contactos municipales para modificar las decisiones públicas y cobraba por ello. Pero no había un reparto posterior de parte de esos fondos con los responsables municipales, según las primeras investigaciones.

El objetivo de los registros de ayer era incautarse tanto de la documentación del despacho profesional del abogado como de cualquier documentación relativa a los distintos contratos y recalificaciones que la Guardia Civil investiga en relación con el Ayuntamiento de Valencia que estuviera guardada en las empresas investigadas. En un primer momento los agentes de la UCO se personaron en la residencia personal del abogado, para trasladarse por la tarde al despacho del abogado investigado. Los agentes registraron además la sede de una sociedad municipal llamada Aumsa (Actuaciones Urbanísticas Municipales SA).

Agentes de la UCO guardan documentación en uno de los registros.

Una empresa vaciada.

La operación judicial lanzada este martes está autorizada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que investiga desde 2017 la posible manipulación de contratos municipales para beneficiar a los clientes del cuñado de Rita Barberá. Fuentes cercanas a la investigación matizan que las pesquisas se centran en un período anterior a 2015, fecha en la que fallece la alcaldesa de Valencia desde 1991.

Tal y como adelantó El Confidencial, el Registro Mercantil refleja que el despacho del letrado investigado, llamado Corbín Abogados, mantuvo picos de facturación durante los años 2008-2011, que sumaron en total ingresos por valor de 1.2 millones de euros. A partir de ese momento, la facturación del despacho comenzó a decaer hasta ver sus cuentas prácticamente vaciadas. Desde 2016, la sociedad tiene anotada además tres embargos por el Ayuntamiento de Valencia, que parecen responder al impago de tributos municipales.

Desde el plano profesional, Jose María Corbín era conocido además por representar a Mari Carmen García Furter, la tesorera del PP de Valencia investigada en la operación Taula. En política, la familia de Rita Barberá se había significado políticamente como simpatizante de VOX. De hecho, una de las hijas del abogado sonaba como parte de la lista electoral de la formación al Ayuntamiento de Valencia. Algo que todavía no se había oficializado.