La Generalitat de Cataluña con Carles Puigdemont a la cabeza, ocultó informes que alertaban sobre las repercusiones catastróficas que tendría para la economía catalana una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Los documentos, escritos sin sello ni firma para borrar todo rastro oficial, fueron sin embargo enviados el 5 de octubre del pasado año al correo oficial del conseller Santi Vila y recogían por ejemplo la orden de no enviar "informes por escrito" con los datos que demostraban la ruina financiera para Cataluña en caso de declarar una DUI.
"La impresión general es que las filiales de multinacionales que ya están presentes en Cataluña paralizan inversiones", refleja la primera línea del informe, en un claro ejemplo del retraso financiero que se dibuja en el documento. Los autores alertan de que la Dirección General de Industria estaba recibiendo llamadas de las multinacionales asentadas en Cataluña en busca de argumentos para tranquilizar a sus empresas matrices, preocupadas por la seguridad jurídica.
"Denso (Japón) ha frenado nuevas líneas de producción en la fábrica de Sant Fruitós de Bages. Tienen otra factoría en Pontevedra que presiona para llevarse esas líneas. Metaldime AMM Powertrain. La semana entrante tenían que formalizar la compra de terrenos para ampliar las dos plantas que tienen en Barcelona pero tienen otra filial en Valencia que presiona para llevarse las inversiones. Helwett Packard. Han llamado manifestando su preocupación y piden una reunión al más alto nivel. EGO Appliance. Han llamado para avisar de que se están replanteando las inversiones".
Para frenar esta perspectiva, los autores del informe mantienen que durante el mes de septiembre, "de forma paralela a las muestras de inquietud", se han detectado 16 grandes inversiones en Cataluña por valor de 61,5 millones de euros. Sin embargo, los datos de domiciliaciones fiscales reflejaban una caída del 51% en las empresas que entraban en Cataluña respecto al mismo mes del año anterior, un 5,6% de aumento delas empresas que se marchaban y como resultado "el saldo negativo se multiplica por cuatro en septiembre de 2017 con respecto a 2016", explica el documento
Primera página del informe enviado a Santi Vila.
Cuatro días después del 1-O
El informe confidencial se elaboró en los días posteriores al referéndum y reflejaba el freno de los fondos de inversión internacionales en Cataluña. "Se ha detectado una inquietud que no existía hasta el viernes pasado", explican en referencia a la consulta que ahora investiga el Tribunal Supremo. "Se tiene conocimiento del caso concreto de BNP Paribas. Es un fondo con intereses en Cataluña que ha mostrado su preocupación por la seguridad jurídica e industrial y ha pedido reuniones de alto nivel con el Departamento de Empesa".
En el sector de las pymes, el informe refleja que "llegan muestras de preocupación sobre tasas arancelarias, impuestos, seguridad jurídica y financiación. Se ha comenzado a detectar un boicot español, especialmente en Aragón, principal mercado exterior de Cataluña. En el sector de la alimentación hay indicios de boicot de suministros por parte de empresas españolas".
Es entonces cuando el autor del escrito hace la recomendación de "no enviar informes por escrito, sino hacer recomendaciones telefónicas". Nada de dejar rastro. Además, a todo aquel que pregunte hay que explicarle que "la seguridad jurídica está garantizada en cualquier caso" y otros argumentos ficticios como que el "ecosistema industrial es más atractivo que el de las regiones vecinas, en especial el Estado español. El coste de marcharse o elegir otros puntos del Estado tiene una complejidad logística y estratégica evidente".