El Gobierno no quiere que Francisco Franco sea enterrado en la catedral de la Almudena, pero considera que no está en sus manos evitarlo. Al menos no directamente. El Ejecutivo está esperando a que se acabe el plazo de alegaciones al real decreto impulsado por el Ejecutivo y respaldado por el Congreso de los Diputados para tomar la decisión de exhumar al dictador, que sería con seguridad antes de fin de año.

Mientras tanto, en Moncloa se estudian las opciones. La vicepresidenta, Carmen Calvo, se reunirá próximamente con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, considerado el número dos de la Iglesia. 

El problema ha llegado con la decisión de parte de la familia, la que ha expresado en público su punto de vista, de que sea enterrado en la catedral de la Almudena, la basílica arzobispal de Madrid, al lado del Palacio Real y en pleno centro de la capital.

Los Franco disponen de una sepultura en la cripta con capacidad para cuatro cuerpos. En la actualidad reposan allí las cenizas de la hija del dictador, Carmen Franco Polo, y su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú. Francis Franco, uno de los nietos, que ejerce a menudo como portavoz de la familia, ha asegurado que el deseo común de la familia es que ese sea el paradero definitivo en caso de que se produzca la exhumación, a la que se opone. No se conocen, por el momento, discrepancias significativas al respecto.

La Iglesia y la dictadura

En el Gobierno aterra la posibilidad de que Franco acabe en la Almudena. "Es la catedral de todos los madrileños y no sería deseable que se convirtiera en un centro de peregrinación", explican fuentes gubernamentales. "La Iglesia apoyó la dictadura durante 40 años, pero hace ya tiempo que trata de quitarse esa imagen. Acoger a Franco y que en pleno centro de Madrid se cantase el Cara al Sol no sería la mejor de las imágenes", explican. 

Sin embargo, el Gobierno asegura tener las manos atadas. "El Gobierno está comprometido con la exhumación de los restos de Franco, no con la inhumación, a menos que fuera imprescindible, habida cuenta de que nadie se ocupara de sus restos", dijo este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

El real decreto es claro al respecto. "En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura". En otras palabras: el Gobierno tiene una oportunidad para decidir dónde se entierra a Franco, pero sólo si la familia no se pone de acuerdo. 

En ese sentido, el Ejecutivo prefiere ese escenario de división en la familia a tener que ver cómo se saca de un mausoleo para crear involuntariamente otro. 

Reunión clave en el Vaticano

En paralelo, el Gobierno se reunirá con el Vaticano. Según el Ejecutivo, no específicamente para esto, ya que la lista de asuntos pendientes en la relación Iglesia-Estado es larga y no faltarán puntos de fricción. Tanto el PSOE como Podemos llevaba en su programa electoral derogar el Concordato con la Santa Sede que ven extemporáneo y fruto de la herencia del régimen franquista. 

La propia Calvo ha desvinculado la reunión con Parolini del asunto, pero fuentes gubernamentales aseguran que es obvio que el asuntos será tratado, de una un otra manera. Si la Iglesia desaconsejase a la familia el entierro en la cripta o directamente se opusiera, en Moncloa respirarían aliviados. En ese sentido, la reinhumación de Franco podría convertirse en un elemento de la negociación con la Iglesia que incluyese otros asuntos, en los que el Gobierno podría tener que acabar cediendo. 

Según Pablo Iglesias, Calvo no debería "ir de rodillas" al Vaticano a pedir el favor. "No se puede consentir" que en el centro de la capital haya un "centro de culto al fascismo", según él. 

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