La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pedido comparecer en el Congreso después de que este martes el PP haya intensificado su presión contra ella y haya exigido su cese por su posición en la defensa del juez Pablo Llarena. El partido de Pablo Casado ha exigido este martes la reaprobación de la ministra Delgado en las dos cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, con la diferencia de que en esta segunda cuenta con la mayoría de los diputados

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Las críticas del partido popular llegan después de que Pedro Sánchez haya reafirmado que el juez Llarena recibirá el apoyo del Gobierno para defenderse ante la demanda civil presentada en Bruselas por el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsellers. "Defender los intereses de España pasa por defender a Llarena", reculó la ministra después de la presión recibida por no dar su apoyo al juez. Pedro Sánchez ha dejado claro que la defensa de Llarena es una cuestión de Estado, y ha declarado que el Gobierno desde "el primer minuto" ha atendido las peticiones del Consejo General del Poder Judicial

El partido de Pablo Casado ha considerado esta rectificación del Gobierno un nuevo "bandazo" en el Ejecutivo de Sánchez, que "ha contradicho" a Delgado. Dolors Monserrat, en una rueda de prensa en el Senado, ha expresado que el PP se ha centrado en Delgado y ha pedido su "cese inmediato". En caso de que no se produzca, ha amenazado con "iniciar una iniciativa de reaprobación" de la ministra, ya que la considera responsable directa del caso Llarena. Además, los populares han exigido al Ejecutivo una "disculpa pública" con el juez. 

La ministra de Justicia ha solicitado su comparecencia en el Congreso para explicar los pasos dados para defender "la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial". La reacción del Gobierno ante esa ofensiva ha sido la defensa de Dolores Delgado y la descalificación de esta iniciativa, que consideran una "liguilla de derechas" que Pablo Casado mantiene con Ciudadanos

Gonzalo Boye, uno de los abogados del ex presidente de la Generalitat, ha admitido en declaraciones a la agencia Efe, que la demanda contiene un "error" de traducción relevante en las declaraciones de Llarena en las que la sustenta y ha anunciado que pondrá en conocimiento del juzgado belga dicha errata.

El juez, que ha instruido la causa del procés en el Supremo, dijo al ser preguntado por la existencia de presos políticos concretamente estas palabras: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

En la traducción jurada al francés, esa última frase podría entenderse en un sentido más afirmativo y traducirse como "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación". Gonzalo Boye y el letrado belga Christophe Marchand han negado intencionalidad de falsear las declaraciones y han restado importancia a esa parte de las mismas y en su opinión lo relevante es que el juez se pronunció sobre lo que es o no es un delito político.

El asunto podría acabar en el Consejo Fiscal, dado que los cinco vocales de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, quieren que la fiscal general del Estado, María José Segarra, reclame al Ministerio toda la documentación que exista sobre el asunto. La querella se presentaría ante la Audiencia Nacional, según han dicho a Efe fuentes de esa plataforma, presidida por Nicolás González-Cuéllar.