La exhumación de Francisco Franco ya no es un mero anuncio. Pedro Sánchez acaba de articular el proceso que cristalizará en la exhumación del dictador. Así lo ha confirmado el Gobierno socialista tras celebrar un Consejo de Ministros.

Sánchez ha encontrado el camino en una modificación -vía decreto- de la ley de la Memoria Histórica. El nuevo texto prohíbe la presencia en el Valle de los Caídos de quienes no murieron en la Guerra Civil. Y en Cuelgamuros sólo hay uno que falleció en la cama: Franco.

Además, tal y como adelantó este diario, el giro legal diseñado por Sánchez otorga al Ejecutivo la facultad de iniciar el expediente que sellará el traslado del general. En la penúltima semana de agosto, y tras varios eslóganes al respecto, Moncloa ha dado cuerpo a su medida “estrella”.

“Que un dictador tenga una tumba de Estado no es compatible con una democracia”. Con estas palabras ha introducido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el decreto recién estrenado. En palabras de la mano derecha de Sánchez, se trata de “ordenar el recuerdo” para “avanzar con dignidad”.

El nicho de Franco, ha explicado Calvo, se encuentra en un lugar público, propiedad de Patrimonio Nacional, aunque la gestión de la Basílica corresponde a los monjes benedictinos: “Si la exhumación no se lleva a cabo, se seguiría enalteciendo el franquismo y, por tanto, incumpliendo la ley”.

La orden de San Benito, que tendrá la última palabra, no ha hecho declaraciones al respecto. Las conversaciones con la abadía han comenzado, pero de momento no hay plácet. Los religiosos han transmitido a Calvo la postura en contra de la familia, pero la vicepresidenta no se ha mostrado preocupada. Ha aclarado que el Gobierno dispone de “instrumentos suficientes” –gracias a los acuerdos con el Vaticano– para actuar conforme a la “más estricta legalidad”.

La vicepresidenta ha celebrado que el desentierro de Franco permitirá a España cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y con el mandato del Congreso, que el año pasado aprobó –vía propuesta del PSOE y sin ningún partido en contra– el cambio de ubicación de los restos del dictador.

Según los cálculos del Gobierno, la exhumación no podrá producirse “hasta final de año”. Calvo ha reconocido que “llegan tarde”, pero al mismo tiempo ha acusado al PP de “incumplir” la ley de la Memoria Histórica alumbrada por Zapatero en 2007. Las garantías que el Ejecutivo quiere otorgar al proyecto impedirán un cuarenta aniversario de la Constitución con Franco fuera del Valle. La medida tiene una caducidad de doce meses, "tiempo más que suficiente"

En cuanto a José Antonio Primo de Rivera, también en un lugar preferente del Valle, la vicepresidenta ha confesado que no habrá cambio de sitio, tal y como desea el Gobierno. No obstante, si el PSOE revalida su presencia en Moncloa tras las elecciones, la resignificación completa del mausoleo supondría el traslado del fundador de Falange a un emplazamiento secundario.

El camino va a ser complejo. Tras el pistoletazo de salida de este viernes, no habrá nuevas noticias hasta el Consejo de Ministros de la semana que viene –el 31 de agosto–, cuando el Gobierno dará inicio al expediente administrativo que regulará la exhumación. A partir de entonces, los Franco dispondrán de quince días para presentar alegaciones e informar a los socialistas del lugar de destino de su familiar. Si se oponen o guardan silencio, será el Gobierno quien elija la nueva ubicación del dictador.

Sánchez ha sido criticado por PP y Ciudadanos. Los partidos a la derecha del centro le acusan de birlarles la posibilidad de participar en el proceso de exhumación. El decreto, a priori, impide las enmiendas, a pesar de la convalidación en el Congreso. No obstante, la vicepresidenta ha confirmado que tramitará la reforma de la Memoria Histórica como proyecto de ley para garantizar el diálogo ansiado por la oposición.