Las 8 irregularidades que comete el Gobierno en la acogida de inmigrantes

Varios colectivos, asociaciones, activistas y ONGs de diversas ciudades españolas se han unido para denunciar “la falta de control en el sistema de primera acogida a los migrantes que llegan a España” bajo los hashtag #MentirasFronteraSur y #AcogidaDigna.

El Gobierno paga la concesión del ‘Programa de Atención a Personas Migrantes’ (PAHI) a instituciones como Cruz Roja para que atiendan las llegadas de las personas migrantes a las costas españolas, así como en los asentamientos, en el marco de los acuerdos y convenios de colaboración suscritos con el ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS). Sin embargo, esta agrupación denuncia en el comunicado ‘Por una acogida digna en España y en la Frontera Sur’ que los migrantes sufren una serie de irregularidades.

1. Se detectan deficiencias en la primera acogida y en la gestión de centros. En el informe elaborado por activistas de Frontera Sur se detectan “graves deficiencias en la primera acogida y en la gestión de centros”. Hacen alusión al nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Crinavis y el centro de acogida temporal de Campano, “donde Cruz Roja no realiza evaluación psicológica”.

La mera evaluación o exploración inicial no sería suficiente para determinar todo lo que puede tener una persona que viene de una situación de rescate marítimo o de estar a la deriva. Por lo tanto se necesita personal capacitado o con la preparación necesaria para atender a personas en estado de shock.

Falta de recursos

Un voluntario de un centro de acogida de personas migrantes de Cruz Roja en Madrid firmó el 15 de agosto denunciando “la falta absoluta no sólo de recursos materiales, sino también humanos, especialmente médicos, enfermeras, trabajadores sociales y abogados”. En el centro hay dos empleados y el resto son voluntarios del Ayuntamiento de Madrid, sin coordinación con otras instituciones, como SAMUR. Como consecuencia, se restringe la estancia de las personas a cinco días. En el informe se destaca que Cruz Roja recibe 1.466.000 euros para atender a las personas migrantes, según el último convenio renovado con el Ayuntamiento de Madrid.

“La acogida es escasa porque está todo desbordado y saturado, las plazas son limitadas. En cada ciudad hay una acogida que se reparte por ONGs, mayoritariamente CEAR, Cruz Roja, Movimiento de la Paz y ACCEM”, explican a EL ESPAÑOL activistas del colectivo que lucha por una acogida digna en Málaga.

En el último informe del Defensor del Pueblo se constata que la asistencia psicológica no se cumple de forma adecuada en ninguna de las instalaciones en las que se encuentran las personas migrantes durante las primeras 72 horas.

Esta atención, con carácter general, debe ser ofrecida por la Administración Pública y sólo de forma excepcional por entidades privadas, cono son las ONG. El defensor del pueblo propone la previsión de equipos móviles en los servicios de urgencias de las diferentes localidades donde se produce la llegada de personas migrantes. Esta atención en ningún caso se puede dispensar en un CIE o en un centro de detención.

2. No cuentan con información ni asesoramiento legal sobre asilo y protección internacional. Las personas extranjeras que desembarcan en las costas o que son rescatadas en aguas españolas pasan 72 horas bajo custodia policial en un polideportivo por “el alto número de recepción -26.000 personas en lo que llevamos de año- y la falta de recursos existente”, explican por teléfono activistas malagueños a EL ESPAÑOL.

No reciben información sobre su situación legal en España, ni el procedimiento para recurrir las órdenes de devolución y de que si abandonan el PAHI no podrán optar a ningún otro tipo de ayuda. Por ello hay solicitantes de asilo viviendo en la calle.

Activistas y voluntarias en las ciudades de destino, primordialmente Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, aseguran que “las personas llegan desorientadas”, con una notificación de acuerdo de devolución firmada “que desconocen totalmente su contenido” y sin ningún tipo de información sobre asilo y protección internacional.

“Cuando firman este acuerdo, en muchos casos no cuentan con abogado y presuntamente se falsifica la firma del intérprete”, según el comunicado de denuncia. El Gobierno no garantiza el derecho a una atención jurídica individualizada. No se dispone de una turno de oficio específico en los colegios de abogados para las llegadas de personas migrantes.

Estas carencias incumplen los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019 del MEYSS. Además de ayuda humanitaria para alimentos, abrigo e higiene, consta que hay que ofrecer “información y asesoramiento legal, acompañamiento y mediación, prevención y asistencia sanitaria” a las personas que llegan. Por dicho acuerdo, Cruz Roja recibe una subvención nominativa anual de 1.984.000 euros.

3. No disponen de traductores o intérpretes. En la mayoría de los casos, según denuncian las mismas fuentes, “no cuentan con traductores. En todos los casos, con los que hemos hablado, habían firmado su orden de deportación a sus países de origen sin saber de qué se trataba”. Los migrantes aseguran que “les dicen que tienen que firmar ese papel para poder entrar en España”, especifican activistas de Frontera Sur.

La carencia de intérpretes y traductores la han suplido las propias organizaciones sociales porque “muchas personas declaran no haber tenido contacto con un intérprete, lo que significa que no conocen ni siquiera cuál es su situación documental en que se encuentran, qué derechos tienen ni a qué recursos pueden acceder.

4. No se les entrega la documentación ni el NIE. Los migrantes viajan sin su expediente. Ni siquiera tienen en su poder la orden de deportación firmada. Además, en muchas ocasiones no se les facilita su NIE y éste tampoco se deja registrado en la orden de devolución que se les abre, de forma que no pueden acceder a ningún recurso de acogida.

Desde Málaga, activistas aclaran que “en algunos casos, la tienen, pero no aparece en el documento de deportación el NIE”, lo que les deja en la misma situación de desamparo. En el caso de los que sí reciben el recurso de acogida no sé sabe por cuánto tiempo. Y a pesar de tener derecho a tres meses, en ocasiones la acogida es solo de unos días.

5. Se están fletando autobuses con migrantes por España. Los migrantes están siendo trasladados en autocares para distribuirlos por diferentes comunidades de España. Instituciones, como Cruz Roja, están fletando autobuses desde las diferentes zonas de llegada en la Frontera Sur “sin coordinación ni sistemas de recepción adecuado en las ciudades de destino”.

Acogida Digna constata al menos la salida de 24 autobuses con un total de 1.500 personas en el último mes con llegadas a Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona, Málaga, Granada, Zaragoza, Mérida y Guadalajara, “abandonándolas a su suerte”.

En las comunidades de acogida, los políticos aseguran que no les avisan de las llegadas y que por eso no pueden planificarse. El domingo llegaron a Barcelona 135 personas en 4 autocares de Cruz Roja, pero allí nadie les esperaba. De esta manera los migrantes “pasaron sus primeras noches en las calles y solo les queda mendigar”, explican activistas.

Inciden además que “en este caos, se han trasladado migrantes desde Almería a Málaga”, ciudad receptora también de personas extranjeras. Estos procedimientos muestran que no hay coordinación entre las ciudades de salida y llegada. En Cádiz, les han dicho a estos activistas que “no están obligados a informar hacia donde van los buses con los migrantes que llegan a la costa española”.

6. En los autocares viajan personas menores que hacen pasar por adultos. Migrantes de Gambia han denunciado que a pesar de ser menores y haber declarado su edad ante la policía de Cádiz, les cambiaron la fecha del año de nacimiento en su orden de deportación, y así queda modificada la edad como si tuvieran 18 años y así poder meterlos en los autobuses de adultos para trasladarlos a otras comunidades autónomas. En estos casos no se modifica el día ni el mes de nacimiento, “solo el año que coincide con la mayoría de edad”, explican a este medio activistas andaluces.

Las quejas se han trasladado al Defensor del Pueblo porque en muchos casos no hay progenitor ni tutor que los acompañe en el viaje, resultado una violación del derecho del menor. Desde Acogida Digna aseguran que “solo su declaración -la de los migrantes-, insistiendo que son menores, debería haber sido tomada en cuenta para activar los protocolos que garanticen el interés superior del menor, por encima de cualquier otra cuestión”.

7. No cuentan con una plan de acogida una vez en destino. Desde el colectivo Acogida Digna han constatado la “situación terrible” de las personas que llegan en los autocares a Barcelona que “duermen en una tanatorio cerrado, al lado de un centro de la Cruz Roja”.

Los kits de supervivencia que se reparten son insuficientes, con pocas piezas de fruta, galletas e higiene básica. El servicio médico no cubre las necesidades básicas; y algunas personas han llegado a las ciudades de destino “con fracturas cubiertas con simples vendajes, incluso hay casos de hepatitis y sarna sin tratamiento”, denuncian en el comunicado.

8. No se permite ayudar a organizaciones ni a la sociedad civil. Las personas implicadas en la ayuda a los migrantes creen conveniente que las asociaciones y colectivos locales, activistas y movimientos sociales tengan un papel activo en esta crisis migratoria que se vive en la Frontera Sur. No solo que actúen como observadores, sino que puedan intervenir o cooperar si lo desean.

Sin embargo, observadores en la Frontera Sur denuncian que “Cruz Roja dificulta o prohíbe la colaboración de la sociedad civil, refuerzos de personas o evaluaciones externas por entidades no gubernamentales”

Falta de previsión e improvisación por parte del Gobierno

Voluntarios que trabajan en la acogida en los puertos de recepción de migrantes, como Algeciras, Barbate, Tarifa, Almería, Málaga, Motril, Alicante, Cartagena y Ceuta; centros de recepción primaria, espacios temporales habilitados por ayuntamientos y Gobierno, así como en la acogida y recepción en ciudades de destino han constatado estas irregularidades y aseguran que han sido puestos en conocimiento MEYSS “sin que se hayan dado las actuaciones de inspección necesarias”, según explican en un comunicado.

Este colectivo denuncia que “las administraciones españolas responsables de acoger dignamente a las personas migrantes han dado muestra de una absoluta falta de previsión y están respondiendo a la situación con una improvisación preocupante”.