La toma de posesión del nuevo Govern de la Generalitat podría iniciar la cuenta atrás hacia una nueva intervención de la autonomía de Cataluña con la aplicación de medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución. 

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El president de la Generalitat, Quim Torra, estudia nombrar consellers a varios de los políticos en prisión preventiva o huidos de la Justicia española y, según varios diputados de Junts per Catalunya, en su grupo político creen viable e incluso deseable esa posibilidad con una medida en principio legal pero cuya única pretensión sería desafiar al Estado con el que aseguran querer dialogar. 

Los candidatos con más posibilidades son Jordi Turull, exportavoz y exconseller de Presidencia, y Josep Rull, antiguo responsable de Territorio y Sostenibilidad, ambos diputados de Junts per Catalunya, aunque hay al menos otros dos nombres: Toni Comín (ERC) y Lluis Puig (Junts per Catalunya), en Bélgica a la espera de saber si finalmente son entregados a la justicia española.

El plan que Torra tiene sobre la mesa es devolver a estos exconsellers sus cargos aun a sabiendas de que nunca podrán ejercerlos con plenitud, ya que se encuentran fuera de Cataluña y, en el caso de Rull y Turull, sometidos a la disciplina penitenciaria y con las comunicaciones restringidas.

Es más, tendrían que tomar posesión en la cárcel. Como tiene que ser ante el president, Torra tendría que visitarlos como si se tratase de un familiar o un amigo y entonces hacer la formalidad. 

"Tal y como está prevista y legislada la toma de posesión de los consellers, la única necesidad es que se haga delante del president, no que se haga físicamente en un lugar determinado", explicó Francesc de Dalmases, diputado de Junts per Catalunya, en una entrevista a la Xarxa, la red de televisiones locales.

"Nuestros derechos están intactos"

Tanto Rull como Turull, a través de un mensaje idéntico publicado en Twitter, abonaron la posibilidad. "No nos cansaremos de recordar que estamos sufriendo una prisión preventiva, arbitraria e ignominiosa y que nuestros derechos políticos están intactos. La única duda que alguien puede tener es si somos presos políticos o rehenes". 

En que sus derechos políticos están intactos Rull y Turull no se equivocan, pero olvidan que las restricciones a sus movimientos y las medidas cautelares les impiden, como a cualquier otro recluso, ejercerlos en la práctica. 

ERC y PDeCAT no quieren consellers presos

ERC, como partido, rechaza la idea de un Govern con presos o huidos en el Govern porque siempre ha defendido un Ejecutivo efectivo y pasar página de los últimos meses. Por ese motivo, los nombres de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, exconsellers republicanos, no están sobre la mesa. El único de ERC que podría repetir es Comín, que toma decisiones por libre y sin consultar al partido.

Además de que ninguno de ellos podría ejercer su cargo, varios de consideran que asumir formalmente un papel en el nuevo Govern podría complicar sus defensas legales ante el Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena ha dado una gran importancia a la posibilidad de reincidir en los delitos y tener un cargo podría facilitarlo. 

Por su parte, el PDeCAT también es muy reacio a que los presos y huidos repitan, pero su influjo es aún menor menor que el de ERC y son Torra, Carles Puigdemont e individualmente los concernidos los que deciden. 

El Gobierno considera actuar contra esa toma de posesión

En el artículo E.9 del decreto del Gobierno por el que se desarrollaban las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, se indica que "se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat".

En otras palabras: la toma de posesión de Rull, Turull y algún otro nuevo conseller procesado por rebelión y sedición podría ser, paradójicamente, el momento en el que el 155 quede sin efecto. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes que lo que necesita Cataluña es un Govern "legal y viable" y esto "implica poder ejercer realmente las competencias", algo que "factualmente no es posible" si los nuevos consellers se encuentran en la cárcel. 

Así, sin querer anticipar nuevas decisiones, Méndez de Vigo sugirió que el Gobierno actuaría para impedir que una situación como la que baraja Torra se llegase a producir.