La exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder, ha pedido al juez del caso Púnica que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sea llamada a declarar como investigada por las concesiones que la cámara autonómica entregó al empresario Arturo Fernández entre 2009 y 2013.
Recoder formaba parte de la terna de expertas que valoró la concesión administrativa en 2009, y es la única de las tres (junto a Cristina Cifuentes y a la entonces jefa de protocolo de la Asamblea, María Merino Muñoz) que permanece investigada por un presunto delito de prevaricación, después de que un informe de la Guardia Civil desvelara en marzo de 2017 una serie de irregularidades que apuntaban a un presunto amaño de los contratos, beneficiando al propietario del grupo Cantoblanco, que ha reconocido ya ante el juez pagos irregulares al Partido Popular.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional el pasado 29 de enero, Recoder solicitaba el archivo de la causa contra ella, alegando posibles errores en el trabajo de la Guardia Civil "en un informe policial, no jurídico". Para probar sus tesis, la exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea solicitó al juez "Que se reciba declaración a las otras dos personas que junto con mi representada integraron el comité de expertos".
En el caso de Cifuentes, que permanece sin imputar desde que el informe de la Guardia Civil llegó al juzgado, "su condición de aforada en razón del cargo político que actualmente desempeña, no debe impedirnos contar con el fundamental medio de prueba de su declaración, en cuanto que se cuestión", explica el documento. Es por eso que la funcionaria pide la comparecencia de Cifuentes como investigada para "garantizar sus derechos fundamentales", aunque explica que no la considera culpable de delito penal alguno.
Cristina Cifuentes y Arturo Fernández
El juez rechaza archivar
El pasado jueves, el juez Manuel García-Castellón rechazó la petición de la funcionaria de archivar la causa, ya que según su auto, el magistrado sigue apreciando indicios de ilegalidad tanto en la actuación de Recoder como en la de Cristina Cifuentes, que era integrante del comité de expertos y además presidenta de la mesa de contratación.
En su auto, el juez rechazó dar carpetazo a esa rama de la investigación, pero no se pronuncia sobre la petición de la defensa de Recoder para que Cifuentes comparezca en la causa. Mientras, las fiscales del caso acumulan nuevos indicios sobre los procedimientos administrativos en cuestión, para confirmar si los contratos entregados al restaurador vinculado al PP cumplieron la legalidad o por el contrario, fueron amañados para beneficiar al empresario.
No es la primera vez que alguien pide en ese juzgado que Cristina Cifuentes sea imputada en la causa. Además de las acusaciones directas reflejadas en el informe de la Guardia Civil de 2017, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados pidió también que la presidenta autonómica resultara investigada. Su escrito nada tenía que ver con las operaciones del grupo Cantoblanco, y se centraba en la supuesta responsabilidad de Cifuentes en la financiación ilegal del partido que se investiga también en otra rama del procedimiento. Tanto el juez como las fiscales instaron a Granados a que aportara más pruebas sobre la posible implicación de Cifuentes antes de llamarla a declarar como invetigada. Algo que no ha sucedido.