El presidente de la diputación de Albacete, Santiago Cabañero, tendrá que comparecer el próximo 12 de abril en el juzgado de Instrucción número 3 de Albacete en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación.

Cabañero es la apuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la provincia de Albacete. El pasado 17 de diciembre ganó las primarias de la provincia por 11 votos frente a Pedro Antonio Ruiz Santos, el hombre propuesto por Emiliano García-Page y que a su vez es el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete. 

A menos de un mes del Congreso Provincial del partido en el que será elegido oficialmente (el próximo 28 de enero), Santiago Cabañero ha sido citado a declarar. Tendrá que explicar el cese del Jefe del Servicio de Prevención de Incendios (SEPEI) y posterior nombramiento de José Ferrer Cuesta para el mismo cargo a través de un decreto  con el que pudo incurrir en un delito de prevaricación, según consideró la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El decreto quedó anulado por una sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Albacete, así como el nombramiento de Cuesta, pero los magistrados de la Sala de lo Penal consideran que se deben investigar las posibles responsabilidades que hubo en aquella decisión. 

Los magistrados de dicha Sala consideraron en una providencia del pasado octubre que la decisión fue "arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia y por tanto puede ser constitutiva de un delito de prevaricación". 

Distintas advertencias

La primera razón que exponen en la Sala Segunda del TSJ casetellano-manchego es que el nombramiento nunca pasó por el "concursillo previo entre funcionarios" exigido por ley. Además, el presidente de la Diputación conocía una sentencia de 2013 que anuló un nombramiento que tampoco pasó por concurso. El interventor de la Diputación le avisó de que no podía hacer un nombramiento sin "concursillo" y le expuso sus reparos para que tomase la decisión remitiéndose a las normas de la diputación, aunque Cabañero desoyó sus recomendaciones.

Tampoco hizo caso el presidente de la diputación albaceteña a un escrito del sindicato CSI-F en el que esperaban que para el nombramiento del nuevo jefe de servicio "se siga el procedimiento legalmente establecido para evitar nuevos procedimientos judiciales (...) pues estamos hablando de una resolución injusta y arbitraria, a sabiendas de su ilegalidad".

Aún así, Cabañero dio a Ferrer Cuesta una "atribución temporal de funciones" al frente del cargo, motivo por el que finalmente ha sido citado a declarar. 

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