Nadie podrá decir que Junts per Catalunya no lo había advertido. La candidatura que encabezó Carles Puigdemont no tiene la más mínima intención de renunciar a que el expresident sea investido de nuevo, pese a que su situación judicial, el reglamento del Parlament y la voluntad política de ERC pongan en duda una apuesta que ya es a todo o nada.
La decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión a Oriol Junqueras debilita sus posibilidades de convertirse en president incluso aunque reciba permiso para acudir a la sesión constitutiva del Parlament, el 17 de enero, o a una sesión de investidura como candidato.
Todas las miradas se dirigen de nuevo hacia Puigdemont, que mantiene que sólo él puede ser investido y también que no volverá a poner un pie en suelo español hasta que no vea garantizada su reelección sin los impedimentos judiciales que él considera parte de una persecución política.
Los plazos
El tiempo apremia. Los plazos que ponen en marcha la legislatura en Cataluña están todos pautados y son, en teoría, automáticos. La ley de la presidencia de la Generalitat marca los más importantes.
Entre las elecciones y la sesión constitutiva del Parlament pueden transcurrir 20 días hábiles (artículo 10 de la ley). Esa jornada ya tiene fecha. Se la puso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como presidente de la Generalitat que es desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los diputados electos están convocados el 17 de enero para su primer día en el Parlament.
Entre este primer pleno, en el que se elige al presidente del Parlamento y a los restantes seis miembros de la Mesa, y el primer debate de investidura median como máximo otros 10 días (artículo 4).
La importancia de la Mesa
El control de la Mesa del Parlament es crucial para los partidos independentistas, ya que si consiguen la presidencia y tres de los siete puestos restantes, podrán decidir qué se debate en el hemiciclo. En la legislatura pasada, con Carme Forcadell al frente, la Mesa fue clave para aprobar, de forma irregular y entre denuncias de la oposición, leyes como la del referéndum, la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república (ambas suspendidas por el Tribunal Constitucional), entre muchas otras.
Junts per Catalunya y ERC necesitan tiempo. En estos momentos, sólo 62 de los 70 diputados independentistas podrían votar en el primer pleno, ya que tres electos se encuentran en prisión y, lo que es más importante, otros cinco huidos de la Justicia en Bruselas. Estos cinco, entre los que está el propio Puigdemont, no pueden solicitar un permiso al juez para acudir a votar, ya que no están ni en España y el reglamento de la cámara no permite que lo hagan telemáticamente. Los diputados no independentistas suman 65. Los números no cuadran.
Por ese motivo, Puigdemont baraja un boicot al Parlament que evite que los plazos comiencen a correr sin que su investidura sea posible y esté acordada. De esa manera, la mayoría parlamentaria independentista se evitaría el riesgo de no controlar la Mesa o perder la presidencia del Parlament.
"Nadie quiere dar un paso atrás"
"Nadie quiere dar un paso atrás, hemos visto que en Madrid van a matar", explican fuentes cercanas a Puigdemont en referencia a las decisiones del Tribunal Supremo. "Pues nosotros también. Vamos a ser coherentes, es lo que nos dio la victoria en la campaña y lo que nos conecta con nuestros votantes", aseguran las mismas fuentes en referencia al éxito de la apuesta de Puigdemont, que no logró vencer a Ciudadanos pero sí a ERC y asegurar una mayoría independentista, si no en la sociedad, sí en el Parlament.
"Puigdemont puede llamar a los diputados independentistas a no acudir al Parlament. Si no hay una mayoría absoluta de diputados, no hay quorum, no hay votación y no hay Mesa", explica. Para ello, el president recurriría al artículo 89 del reglamento del Parlament, que dice que "para poder adoptar acuerdos válidamente, el Parlament debe hallarse reunido con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros".
"Todo forma parte de un pack y nosotros queremos restituir a todo el Govern, empezando por el president y el vicepresident", explican. Por ese motivo, Junts per Catalunya ha insistido incluso más que ERC en que Forcadell (número 4 por Barcelona de ERC) repita como presidenta de la cámara. También por ese motivo han advertido a Junqueras de que un presidente distinto de Puigdemont sería legitimar el 155 que lo depuso, aunque el candidato fuese el propio Junqueras.
Cataluña se arriesga a un limbo inédito
La apuesta del expresident desde Bruselas es esperar hasta que pueda ser investido, algo para lo que es necesario que decaiga la persecución política por vías judiciales contra él y su equipo de Gobierno que denuncia Junts per Catalunya. O Puigdemont o unas nuevas elecciones. Y mientras, con el reglamento del Parlament en la mano, esperar.
En otras palabras: si al primer día de pleno no acuden 68 de los 70 diputados independentistas, la legislatura no podría arrancar porque no podría ni elegir al órgano de gobierno de la cámara y, por lo tanto, no podría convocarse el debate de investidura. Eso sí, para que esta operación tuviera éxito, tendrían que estar de acuerdo no sólo los diputados de Junts per Catalunya, sino también los de ERC y la CUP.
Cataluña entraría así en el limbo, en terreno inédito, ya que un escenario así no está previsto en el reglamento de la cámara o el Estatuto. ¿Hasta cuándo? "Pregúntale a Mariano [Rajoy]", sugieren desde el entorno de Puigdemont.