Alejandro Requeijo Daniel Montero Juan Sanhermelando

Decenas de asesinados en atentados yihadistas en Europa durante el último año y medio no han sido suficientes para que España y la mayoría de sus socios comunitarios hayan acelerado la puesta en marcha del PNR, la medida estrella de la Unión Europea que serviría para blindar más si cabe las fronteras.

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El Passenger Name Record (Registro de Datos de los Pasajeros Aéreos) fue presentado como un sistema integral para detectar la circulación de terroristas como el que hace días mató a 22 personas en Manchester tras pasar por Libia. Sin embargo, un año después de su aprobación en el Parlamento Europeo, el proyecto sigue en vía muerta.

La mayoría de los 27 ni siquiera han adaptado aún sus respectivas legislaciones para articularlo. Ni España tampoco.

La Comisión Europea fijó el mes de mayo de 2018 como fecha límite, pero son muchos los países que van con retraso. Las fuentes consultadas por este periódico asumen ya que será necesario ampliar el plazo. El PNR sólo es útil para proteger el espacio Schengen si lo aplican todos los países. Pero los datos de la Comisión Europea facilitados a EL ESPAÑOL indican que sólo seis países tienen ya sistemas plenamente operativos, diez se encuentran en proceso y once están muy atrasados. Entre los rezagados se encuentran Alemania, Austria, Grecia, República Checa, Croacia o Polonia.

A la espera actual hay que sumarle los casi diez años que hubo que aguardar entre la primera propuesta registrada en Bruselas, en el año 2007, hasta que el Parlamento europeo dio el visto bueno, en abril de 2016. La iniciativa siempre tuvo en contra a los socialistas y liberales de la Eurocámara, que veían en el PNR una vulneración de derechos y un ataque a la intimidad. Tuvo que producirse el atentado contra la revista Charlie Hebdo y un supermercado judío para que estas formaciones abandonaran sus reticencias y alcanzar el consenso necesario.

¿Cómo funciona el PNR?

También llamado fichero de viajeros en avión, el PNR es una herramienta de big data que ya aplican en sus territorios EEUU, Canadá o Reino Unido. Las compañías aéreas y de viajes tienen la obligación de facilitar a las autoridades una serie de datos sobre viajeros, lo que permite que salte la alarma cuando se detecta un perfil de riesgo. Los datos que se recaban no son de carácter personal, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la fecha de la reserva, los días de estancia , los datos de pago, el equipaje, el número de acompañantes, las escalas… Un total de 19 patrones.

Tras los atentados yihadistas de Francia en enero de 2015 este sistema se presentó en los foros europeos como solución para el control de foreign fighters retornados de lugares en conflicto.

Ése sigue siendo hoy la principal preocupación de las fuerzas de seguridad occidentales a juzgar por la autoría de los mayores atentados en suelo europeo. El PNR sirvió para aplacar las voces que entonces pedían soluciones más expeditivas como una intervención militar en Siria. Pero a día de hoy sigue paralizado.

El fichero en España

"Para finales de año tendríamos ya la infraestructura necesaria para que los operadores y agencias de viajes suministren esos datos y con una sencillita enmienda de tres palabras en la Ley de Seguridad Ciudadana ya tendríamos la cobertura legal. Lo importante es que no sólo seamos unos cuantos países sino todos los que lo tengamos", dijo el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz tras los ataques de París en enero de 2015. La realidad es que la adaptación del PNR no ha sido tan sencilla.

Es cierto que España fue de los primeros países que se puso manos a la obra como recuerda uno de los encargados de su implantación. Se recurrió a incluir una disposición adicional en la polémica Ley de Seguridad Ciudadana durante su tramitación parlamentaria.

"Fue una percha para dar cobertura al PNR, pero eso no es suficiente", admite. Según explica, la directiva europea sobre la materia obligaría a sacar adelante una Ley Orgánica que modificase la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, algo que exigiría un arduo trabajo parlamentario en la situación actual.