Manuela Carmena y Pablo Iglesias han lanzado un dardo a Interior: no quieren Centros de Internamiento de Extranjeros y recriminan al ministerio de Fernández Díaz no haber aceptado sus servicios de mediación en el motín de Aluche.
Poco después de que 40 personas se amotinaran en la azotea del CIE ubicado en Carabanchel, cuatro concejales del Ayuntamiento de Madrid se desplazaron hasta allí. Mientras, Manuela Carmena se ofrecía a Interior como mediadora, una opción que no llegó a cristalizar: la Policía no dejó entrar al edificio a su delegado de Seguridad, Javier Barbero. Solucionado el conflicto, la regidora se quejaba de que Interior no hubiera aceptado sus servicios.
Pablo Iglesias pone en duda la capacidad de Interior para solucionar conflictos de esta índole. "Hacerlo sería una barbaridad y una irresponsabilidad", relataba esta mañana el secretario general de Podemos.
También aducía que el ministerio sólo ofrece "militarizar" como remedio y dijo ver en el motín un motivo de "avance" y "lucha por los derechos sociales".
Iglesias terminaba con una reflexión muy similar a la de Carmena; la crítica a Interior por "no permitir a distintos miembros de la soberanía popular poder hablar con estas personas, preguntarles cómo están y mediar".
El debate con la Policía
Del motín de Aluche se subyace un debate de más largo recorrido. Una vez más, los partidos de la izquierda, desde Izquierda Unida a Podemos incluyendo la candidatura municipalista, Ahora Madrid, han pedido el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, nacidos a mediados de los ochenta a la luz de la ley de Extranjería.
Iglesias, Garzón y Carmena han popularizado en redes social el lema 'CIESNO', al mismo tiempo que el director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, resaltaba la necesidad de estos centros para mantener una política de inmigración prudente y efectiva.
El reglamento oficial define los CIES como instituciones de alojamiento no penitenciarias donde se retiene a los inmigrantes, ya sea por su situación irregular en España o por la comisión de un delito, todo ello mientras se tramita su extradición. La estancia en el CIE, según está previsto, no puede superar los 60 días.
Los líderes de la izquierda, en cambio, resaltan el carácter carcelario de estos centros y aseguran que, ahí dentro, se pone en juego el cumplimiento de los Derechos Humanos.