La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al Tribunal Supremo que abra una causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de presunto delito de blanqueo de dinero en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, tal y como ha informado Europa Press. La investigación es una de las piezas separadas de la denominada operación Taula e investiga una supuesta operación de blanqueo de cerca de 50.000 euros mediante la técnica del ‘pitufeo’ en el grupo. Están imputados en esta causa concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de Valencia. Barberá no ha sido imputada dada su condición de aforada por ser senadora.
La Fiscalía pide al Supremo que investigue a Barberá
El Ministerio Público solicita en un escrito remitido al alto tribunal que designe un magistrado instructor para que se inicie una investigación sobre su papel en la presunta trama de blanqueo.
El juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la investigación, envió el pasado mes de abril al Supremo la parte de la investigación que afecta a la senadora ante la imposibilidad de investigarla en Instrucción por su aforamiento. En su resolución, el magistrado vio “insuficientes” las explicaciones de la exalcaldesa y destacó que sería incoherente no investigarla también a ella al igual que al medio centenar de imputados en esta pieza. La propia Barberá reconoció que había hecho un donativo de mil euros al partido para la última campaña electoral. La causa investiga una supuesta operación de blanqueo puesto que, estos mil euros, habrían sido devueltos en efectivo.
El fiscal de Valencia delegado en Anticorrupción ya pidió la imputación de Barberá en un escrito fechado el 29 de febrero en el que daba por hecho la existencia de una operativa de blanqueo orquestada por el grupo popular en el Ayuntamiento y en la que aparecía la exalcaldesa como participante. La investigación policial vinculó la existencia de una caja b con fondos no declarados provenientes de posibles adjudicaciones de contratos públicos. La UCO apuntó que llegó un momento en que hay necesidad de aflorar parte de ese dinero y es cuando aparece el ‘pitufeo’, en fechas previas a las elecciones de 2015. Testigos e imputados han admitido que se les pidió la donación para la campaña electoral.
El pasado mes de julio, el magistrado de Instrucción 18 amplió esta pieza separada sobre el ‘pitufeo’ a un presunto delito electoral que se habría cometido para los comicios de 2011 y 2015.