La Fiscalía Anticorrupción intenta evitar el tercer grado que la juez de Vigilancia Penitenciaria 3 de Madrid concedió al expresidente de la diputación de Castellón y del PP de esa provincia, Carlos Fabra, en contra del criterio de la prisión y del propio Ministerio Público. Fuentes de la Fiscalía General del Estado han explicado que se ha presentado un recurso en contra de esta decisión y que se ha hecho de forma directa ante la Audiencia Provincial de Madrid y no ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria que dictó dar a Fabra el régimen de semilibertad.
Desde la Fiscalía General del Estado apuntan que se ha recurrido directamente al tribunal superior jerárquico para agilizar la decisión.
La juez dictó el pasado lunes un auto concediendo a Fabra el tercer grado penitenciario cuando ha cumplido un año y cuatro meses de los cuatro a los que fue condenado por otros tantos delitos fiscales por casi 700.000 euros. El exbarón castellonense debe cumplir tres de esos cuatro años. También fue condenado al pago de 1,4 millones entre multa e indemnización por los fraudes a Hacienda.
La Fiscalía intenta con este recurso frenar a toda costa la semilibertad concedida a Fabra. Una decisión que la juez tomó en contra de lo alegado por la junta de tratamiento de la prisión de Aranjuez donde cumple condena, por la secretaría general de Instituciones Penitenciarias y por Anticorrupción.
Un día después de conocerse la decisión se supo que la juez que concedió el tercer grado, María del Prado Torrecilla, había sido suspendida en sus funciones durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras ser sancionada por las presiones que ejerció sobre una compañera para conceder el tercer grado penitenciario al exbanquero Mario Conde, que entonces cumplía condena por el caso Banesto. La fiscalía llegó a pedir su expulsión de la carrera judicial.
Carlos Fabra ingresó en prisión el 30 de noviembre de 2014, días después de que el Gobierno le denegara su petición de indulto. Tiene prevista la salida de prisión durante la salida del viernes. La Audiencia de Castellón suspendió su ingreso en prisión desde que pidió la medida de gracia y hasta la decisión del Ejecutivo saltándose su propia norma interna que decía que “en ningún caso” se suspendería el encarcelamiento con condenas como la de Fabra.