El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa está imputado por un delito de administración desleal por haber cobrado retribuciones irregulares en la entidad, una investigación que se le suma a la acusación por las tarjetas 'black' y por la que le piden hasta seis años de prisión, a pesar de haber conseguido salvarse de la causa por la compra del Banco de Miami, que le llevó a la cárcel de manera preventiva por unos días. La última causa abierta, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, ha sido como consecuencia de un informe encargado por Bankia y en el que, según la defensa de Blesa, se ocultan datos que demostrarían que el acuerdo por el que se incrementó la masa salarial de los directivos, a 8,3 millones de euros en 2008, fue aprobado por el Comité de Retribuciones y dentro de toda legalidad.

Fue Bankia, ya presidida por Ignacio Goirigolzarri, quien encargó ese informe que ha llevado a Blesa a tener abierto un nuevo frente judicial. Y también fue la actual presidencia de la entidad la que remitió los datos sobre los gastos de las tarjetas 'black' de directivos y miembros del Consejo de Administración tanto de Caja Madrid como de Bankia,; caso por el que 66 ex cargos de la entidad se sentarán en el banquillo acusados de delitos de administración desleal y apropiación indebida por gastar más de doce millones de euros de tarjetas ajenas a la contabilidad oficial de la caja y después banco.

Sin embargo, según un escrito aportado por Blesa, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Bankia no entregó todos los datos a Pricewaterhouse Cooper, encargada de realizar el informe entregado al FROB, éste a la Fiscalía, y ésta ante un Juzgado, que le ha llevado a su imputación. "Llamamos especialmente la atención del Juzgado sobre la constancia de un documento que necesariamente ha tenido que ser manejado por los responsables de Bankia y que su omisión resulta ciertamente llamativa", recoge el escrito firmado por su abogado, Carlos Aguilar, y entregado el pasado 11 de marzo al Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid.

"Retribuciones validadas"

El documento al que se refiere es un acta del Consejo de Administración de Caja Madrid de 14 de diciembre de 2009, "del cual resulta la certeza de que la Comisión de Retribuciones, en contra de lo que se significa en el informe, efectivamente, conoció y validó las retribuciones". Según el informe de PwC, quince ex directivos de Caja Madrid cobraron de forma irregular casi 15 millones de euros, entre ellos los ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Por ahora, la juez sólo tiene imputados a Blesa y al ex director general, Ildefonso Sánchez Barcoj.

Según el documento al que hace referencia la defensa de Blesa, en dicha acta se analizó la adecuación de las retribuciones de la caja a los Principios del Financial Stability Board (FSB) y se concluyó que "las prácticas retributivas del grupo, las cuales han sido a lo largo del tiempo sometidas al conocimiento y validadas por la Comisión de Retribuciones, tiene un muy elevado grado de adecuación a tales principios, tanto en lo referente a la retribución fija, como en los mecanismos de definición y cálculo de la retribución variables a corto y largo plazo".

Por tanto, para Blesa, "la afirmación del informe de PwC acerca de que en relación con la validación de la distribución de la parte variable de la masa salarial global 'no tenemos constancia de un acta posterior en la que refleje el cumplimiento de tal exigencia' resulta objetivamente errónea, pues tal acta indudablemente refleja la validación".

Documentos no entregados a PwC

"De que la información, que la Comisión de Retribuciones analizaba y validaba, era completa existen múltiples elementos documentados de prueba que no se han proporcionado a PwC", recoge el escrito presento por la defensa de Blesa.

El informe de PwC incluye, entre otras irregularidades, que ocho directivos de Caja Madrid se subieron el sueldo un 16% en 2008 cuando el consejo había fijado una mejora del 4,5%. Aprovecharon la baja de un directivo para repartirse su retribución entre el resto. Los ex directores generales, Sánchez Barcoj y Matías Amat, disfrutaron las mayores subidas: del 34% y el 31%, respectivamente.

Este extremo es desmentido por el ex presidente en base a otro documento aportado en la causa. Asegura que contrariamente a lo afirmado por el informe encargado por Bankia, cuando se aprobó la subida salarial, el Comité de Retribuciones ya sabía que había nueve miembros y no diez. Se fijó una masa global que luego era el presidente el encargado de repartir entre los directivos, tal y como establecía las normas de la caja.

"Silencian" datos

"De que los miembros de la Comisión Ejecutiva, todos ellos a su vez miembros del Consejo de Administración, eran perfectamente conscientes de que Ramón Ferraz ya no era miembros del Comité de Dirección de Caja Madrid, en aquellas fechas, no puede haber la más mínima duda", recoge el escrito, entregado días después de que Blesa acudiera a declarar en calidad de investigado en el Juzgado.

Según explica su abogado, Ferraz se fue meses antes a presidir el Banco de Miami, adquirido por Caja Madrid, y por tanto no se ocultó su salida para obtener más masa salarial, en total 8,3 millones de euros, y luego repartirla entre nuevo directivos en vez de entre diez.

Para confirmar este extremo, la defensa aporta un acta de la sesión de la Comisión de Retribuciones del 18 de junio de 2008, con notas manuscritas del secretario Enrique de la Torre, en las que aparece con claridad el apunte correspondiente a como la masa salarial que para el ejercicio 2007 se dividía entre diez miembros, en cambio para el 2008 se dividió entre 9 miembros y que se siguió el mismo procedimiento.

Acta de la sesión de la Comisión de Retribuciones del 18 de junio de 2008

Blesa también sostiene que PwC silencia una serie de datos que avalarían las retribuciones obtenidas y califica el informe de "exposición manifiestamente limitada".

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