Cuatro fallos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo conocidos este jueves harán posible, si la Junta de Andalucía presidida por Susana Díaz lo solicita, que el polémico hotel construido en la playa de El Algarrobico (Almería) sea finalmente demolido.

El alto tribunal ha puesto fin, en lo sustancial, al enrevesado conflicto jurídico, que dura ya 11 años, con cuatro sentencias que estiman los recursos de la asociación ecologista Greenpeace y del Gobierno andaluz y, paralelamente, rechazan los recursos de la empresa Azata del Sol, propietaria del hotel.

Lo que ha decidido el Supremo permite que la Junta de Andalucía inste la ejecución de estas sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que este órgano dé luz verde a la demolición del hotel, explicaron fuentes de la Sala.

En primer lugar, el alto tribunal ha llegado a la conclusión de que el plan de ordenación del territorio del Levante almeriense, aprobado por el Gobierno andaluz, es correcto.

El Supremo también avala la legalidad del plan rector de uso y gestión del parque natural de Cabo de Gata y, específicamente, respalda la normativa que afecta al sector de El Algarrobico.

En este sentido, el Tribunal ha concluido que la zonificación correcta de los terrenos de ese sector no es la D2 (área urbanizable carente de interés ambiental protegido), sino la C1 (área ambientalmente protegida). La consecuencia es que el hotel de Azata del Sol está ilegalmente levantado sobre terrenos de gozan de protección medioambiental y no son urbanizables.

Finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha considerado legalmente correcta la decisión tomada en 2006 por la Junta de Andalucía de ejercitar el derecho de retracto para comprar a Azata las fincas sobre las que está construido el hotel por 2,3 millones de pesetas.

De este modo, la Junta de Andalucía tiene ahora en su mano la posibilidad de que se produzca la demolición de la edificación reclamando al TSJ de Andalucía la ejecución de los fallos del Supremo, confirmaron las fuentes consultadas.

El Supremo no entra en lo que deba ocurrir en la Audiencia Nacional con las reclamaciones planteadas -y aún no resueltas- por Azata del Sol por la posible responsabilidad de la Administración, vía por la que la empresa aspira a ser indemnizada por los 30 millones de euros empleados en una construcción que, inicialmente, fue autorizada por todas las Administraciones Publicad implicadas.

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