Alfonso Rus se ha levantado esta martes con varios agentes de la Guardia Civil en la puerta de su casa. Llegó la sorpresa; el primer compás de la operación Taula, la investigación que desde 2014 preparaban en secreto los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado y que ha supuesto la detención de Rus, acusado de cobrar comisiones y desviarlas después a paraísos fiscales.
Desde 2010, el presidente de la Diputación de Valencia era el tercero en sentir las esposas. No queda cámara provincial en la Comunidad Valenciana que no haya visto a su presidente detenido por corrupción en los últimos años. La brecha arrancó hace ahora seis años, cuando la Policía Nacional lanzó la operación Brugal, que investigaba la concesión de la contrata de basuras de varias localidades alicantinas a sociedades participadas por el empresario Angel Fenoll.
En su investigación, los agentes de la Policía Nacional, encargados de la causa, detectaron por ejemplo que las cuentas del máximo responsable del PP provincial carecían de gastos comunes como el pago de la compra, la ropa y cualquier otro dispendio propio de un núcleo familiar. Eso llevó a los investigadores a pensar que Ripoll mantenía otra fuente de financiación. Además, investigaron el presunto pago de comisiones al responsable provincial con dos pisos por parte de una constructora. El caso terminó salpicando además a otros responsables del PP alicantino como los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, y generando varias piezas separadas. Una de ellas es la que afecta directamente al empresario Enrique Ortiz.
El hombre de la lotería
La detención de Ripoll no estuvo falta de polémica. Tras consumarse la decisión, el magistrado encargado de la causa emitió una nota de prensa desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana donde se desligaba del arresto y achacaba a la policía la decisión. Los agentes mantuvieron que el arresto fue consensuado en el momento de preparar la operación.
Nunca hubo polémica en el caso de Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación de Castellón nunca fue detenido. Ingresó directamente en la prisión madrileña de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014 para cumplir condena por fraude fiscal. Fabra fue declarado culpable de ocultar al fisco 700.000 euros entre 1999 y 2003. En total, los funcionarios de Hacienda encontraron en sus cuentas 3,3 millones de euros que el máximo responsable del PP en Castellón no pudo justificar. Sin embargo, los investigadores no consiguieron relacionar los fondos con delitos cometidos en el ámbito público. Pudieron probar el enriquecimiento, pero no la causa del mismo. Durante el juicio, Fabra intentó justificar sus fondos con diversos premios obtenidos en la lotería. Sobre el papel, le tocó siete veces la lotería y obtuvo 2,2 millones de euros en premios desde el año 2000.