A partir de ahora, tirar comida ya no es solo una mala práctica: es un problema regulatorio. La Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, aprobada hace un año, entra en su fase de cumplimiento obligatorio para buena parte de las empresas del sector alimentario.

Su objetivo es claro: reducir las pérdidas a lo largo de toda la cadena y obligar a las compañías a gestionar mejor sus recursos.

¿En qué se traduce esto en la práctica? En algo concreto: los negocios deberán contar con un plan de prevención del desperdicio, ajustar mejor compras y producción, y priorizar la donación o reutilización de los alimentos antes de que se conviertan en residuo.

Para hoteles, restaurantes y cocinas profesionales, esto supone un cambio relevante, ya que acelera un proceso que hasta ahora era, en gran medida, voluntario.

A nivel global, el problema tiene una dimensión difícil de ignorar. En 2022 se desperdiciaron más de 1.050 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a unos 132 kilos por persona al año. De ese total, cerca de 290 millones de toneladas proceden de la restauración y los servicios alimentarios.

Más allá del volumen, el impacto es también climático: el desperdicio alimentario genera entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, además de un coste económico que ronda el billón de euros anuales.

No se trata, por tanto, únicamente de un problema de gestión interna, sino de un desafío ambiental,económico y social de primer orden. En este contexto, la ley introduce una obligación clara: que todas las compañías de la cadena alimentaria dispongan de un plan de prevención y revisen cómo gestionan sus recursos.

A partir de ahí, pone el acento en una serie de medidas orientadas a la reducción del desperdicio. Sin embargo, más allá de estas medidas, el éxito de la normativa dependerá de dos factores clave: la capacidad de prevención y el grado de sensibilización de todos los actores implicados.

Reducir el desperdicio no va solo de cumplir con una norma o de evitar sanciones. En la práctica, implica revisar cómo se planifica, cómo se produce y cómo se sirve. Ajustar compras a la demanda real, optimizar el stock o rediseñar procesos en cocina son algunas de las palancas más evidentes, y su impacto es directo en la rentabilidad.

La falta de control sobre el desperdicio alimentario tiene, además, un impacto económico tangible. En España, los negocios del sector alimentario desechan entre el 15% y el 20% de los productos que adquieren, lo que supone una pérdida directa sobre los costes de aprovisionamiento.

A ello se suma el contexto regulatorio: el objetivo es reducir al menos un 20% las 1,7 millones de toneladas de alimentos que se siguen desperdiciando cada año en el país, y no disponer de un plan de prevención o no canalizar los excedentes hacia la donación puede conllevar sanciones de hasta 500.000 euros.

Frente a este escenario, gestionar el desperdicio deja de ser una cuestión reputacional para convertirse en una palanca clara de eficiencia: su control puede generar ahorros de entre un 2% y un 8% en los costes de alimentación.

Cuando el desperdicio se mide y se gestiona, deja de ser un coste asumido y pasa a convertirse en una variable controlable. En un sector con márgenes ajustados, esta diferencia no es menor: puede determinar la eficiencia de una operación y su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más exigente.

A este contexto se suma un cambio igualmente relevante: el del consumidor. Hoy, la percepción de valor no depende únicamente de la calidad del producto o del servicio, sino también del compromiso de las empresas con los retos sociales y medioambientales. La gestión del desperdicio alimentario forma parte, cada vez más, de esa expectativa.

La propia lógica de la ley refleja este cambio de paradigma: primero prevenir, después reutilizar o donar, y solo en último lugar desechar. No es solo una cuestión de sostenibilidad, sino una forma distinta de entender la eficiencia y la gestión de los recursos.

El principal reto ya no es tanto la concienciación como la capacidad real de ejecución. La gestión del desperdicio alimentario no puede seguir tratándose como una iniciativa puntual, sino como una variable estructural dentro de la gestión empresarial, al mismo nivel que los costes o la eficiencia operativa.

La magnitud del problema refuerza esta necesidad. Si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Este dato ilustra hasta qué punto estamos ante un desafío sistémico que trasciende lo ambiental y tiene implicaciones económicas directas.

Avanzar hacia modelos de gestión más rigurosos deja de ser una opción. Integrar el control del desperdicio en la operativa diaria, con mecanismos de seguimiento y mejora continua, es lo que permitirá pasar de una lógica reactiva a una verdaderamente preventiva y convertir la reducción del desperdicio en una palanca real de competitividad.

La entrada en vigor de la ley marca, en definitiva, un punto de inflexión. Obliga a actuar, pero también abre la puerta a una gestión más eficiente, más profesionalizada y más alineada con las nuevas exigencias del mercado.

***Anastasia Hofmann es co-CEO y cofundadora de KITRO.