Durante años, hemos asumido como normal una relación profundamente contradictoria con la tecnología. La necesitamos, la utilizamos a diario, pero la tratamos como si fuera desechable. Dispositivos diseñados con precisión milimétrica, fruto de una compleja cadena global de recursos y conocimiento, acaban olvidados en un cajón o convertidos en residuo tras apenas unos años de uso.

En este contexto, la puesta en marcha en España del Derecho a Reparar marca un punto de inflexión real. Por primera vez, Europa establece un marco legal que corrige una anomalía estructural: que reparar haya sido más difícil, más caro o menos accesible que sustituir.

El objetivo es claro: extender la vida útil de los productos devolviendo poder a los consumidores, a los reparadores independientes y a los reacondicionadores, y empezar a frenar uno de los problemas ambientales más urgentes de nuestro tiempo. El sector digital pesa más que la aviación, con un 4% de las emisiones globales.

Cada año se generan más de 60 millones de toneladas de basura electrónica a nivel global, una magnitud que ya no admite indiferencia. Sin embargo, apenas un 22% se recicla correctamente. El resto acaba en incineradoras o vertederos, en muchos casos en países en vías de desarrollo, donde miles de personas —incluidos niños— quedan expuestas a residuos tecnológicos en condiciones de alto riesgo por la presencia de sustancias tóxicas.

Además, hablamos de residuos con un alto valor. Los dispositivos electrónicos contienen materiales como oro, cobre, aluminio o tierras raras, cuya extracción tiene un coste ambiental y geopolítico creciente. La mala gestión de estos residuos supone pérdidas económicas estimadas en decenas de miles de millones de dólares cada año, ya que acortar la vida útil de los productos alimenta la extracción creciente de materiales preciosos y contaminantes necesarios para fabricar los nuevos.

Hasta ahora, reparar o reacondicionar un dispositivo dependía, en gran medida, de las condiciones impuestas por los propios fabricantes: mal diseño, acceso limitado a piezas, precios poco competitivos o incluso bloqueos de software que dificultaban la intervención de reparadores o reacondicionadores independientes.

El Derecho a Reparar cambia esa lógica. Obliga a facilitar piezas de recambio originales a precios razonables, a promover un diseño que permita la modularidad y la fácil sustitución de piezas, a garantizar reparaciones en tiempos adecuados y a eliminar barreras que impedían el acceso a servicios independientes.

Introduce también mayor transparencia, permitiendo al consumidor conocer de antemano costes y plazos. Y, por primera vez, alinea incentivos: reparar amplía la garantía del producto, lo que refuerza su atractivo frente a la sustitución.

A esto se suma un cambio estructural relevante: a partir de 2027, los teléfonos móviles deberán contar con baterías reemplazables, económicas y fáciles de cambiar por el usuario. Esta medida obliga a replantear el diseño de los dispositivos en favor de su durabilidad, en un contexto donde la obsolescencia programada ha sido durante años la norma.

Pero ahora el foco debe ponerse en su implementación real. El reto ya no es solo garantizar el derecho, sino asegurar que se ejerce. Que reparar sea, en la práctica, la opción más lógica.

Hoy todavía existen barreras claras. En muchos casos, reparar o comprar un dispositivo reacondicionado sigue siendo percibido como caro, lento o incierto. Mientras esa percepción persista, el comportamiento no cambiará de forma estructural. Porque el consumidor no decide en abstracto, decide en función de lo que le resulta más conveniente.

Y aquí es donde debemos avanzar. Necesitamos un ecosistema en el que reparar no solo sea posible, sino claramente preferible. Donde sea más accesible, más competitivo y más integrado en la experiencia de consumo. Eso implica seguir desarrollando incentivos, revisar la fiscalidad de la reparación y avanzar en estándares de diseño que prioricen la modularidad y la durabilidad desde el origen.

También implica reconocer que este cambio no depende únicamente del consumidor. Requiere del compromiso de la industria, de nuevos modelos de negocio y de una regulación que no solo corrija desequilibrios, sino que anticipe los desafíos futuros.

El Derecho a Reparar es, en esencia, una herramienta para transformar nuestra relación con la tecnología. No se trata solo de arreglar dispositivos, sino de cuestionar un modelo basado en usar y tirar. De recuperar el control sobre lo que consumimos y de exigir productos diseñados para durar.

No es una renuncia al progreso. Es, precisamente, una redefinición del mismo. La puesta en marcha de esta normativa es una buena noticia. Pero no debe entenderse como un punto de llegada. Es el inicio de una transición necesaria hacia un sistema en el que reparar deje de ser una excepción. Porque solo cuando reparar se compense de verdad, el cambio será irreversible.

***Alexandre Tanay es senior public affairs manager de Back Market.