El orden mundial atraviesa una reconfiguración sísmica. En un tablero geopolítico fracturado, donde las dependencias energéticas y tecnológicas se utilizan como armas de presión, la Unión Europea (UE) busca desesperadamente su lugar. Entre la pujanza industrial de China y el proteccionismo de Estados Unidos, Bruselas ha reaccionado con una consigna que se repite como un mantra en los pasillos del poder: competitividad.
Sin embargo, bajo este paraguas terminológico, la Agenda Estratégica 2024-2029 y la llamada Brújula de la Competitividad están impulsando una "revolución de la simplificación" que amenaza con eliminar normas fundamentales para la salud pública y la integridad ambiental de la UE.
La respuesta europea a este desafío global no se está articulando mediante una mejora de la innovación o del capital humano, sino a través de una peligrosa desregulación ejecutada mediante los llamados "paquetes ómnibus". Este mecanismo legislativo, diseñado para modificar múltiples leyes de forma acelerada y con una participación ciudadana mínima, está sirviendo para desmantelar salvaguardas que costó años consolidar.
Lo que se presenta como una reducción de la "carga administrativa" es, en realidad, un retroceso democrático que deja a la ciudadanía en una situación de extrema vulnerabilidad ante los intereses de las grandes corporaciones y frente a los enormes retos que enfrentamos.
La anatomía del desmantelamiento
El despliegue de estos diez paquetes ómnibus durante 2025 y 2026 dibuja un mapa de desprotección integral. El primer golpe fue directo a la ética empresarial.
Al vaciar de contenido las directivas sobre información de sostenibilidad y diligencia debida, la Comisión ha enviado un mensaje claro: la rendición de cuentas de las transnacionales sobre los derechos humanos y el respeto ambiental en sus cadenas globales de valor es aún más secundaria frente al beneficio trimestral.
A pesar del rechazo de más de 150 organizaciones sociales, este paquete ya ha comenzado a desdibujar la responsabilidad corporativa.
En el sector primario, la situación es paradójica. Mientras los agricultores enfrentan la realidad de suelos agotados y sequías persistentes, el segundo ómnibus sobre la Política Agraria Común (PAC) ha debilitado los estándares ambientales mínimos.
Bajo la excusa de reducir controles, se ha mermado la capacidad de adaptación de nuestro campo a la emergencia climática, poniendo en riesgo la supervivencia de los polinizadores y la gestión del agua.
No es una simplificación para el agricultor; es una condena a medio plazo para la seguridad alimentaria europea. Ante esta amenaza, más de 60 organizaciones firmaron una declaración conjunta.
La seguridad también se ha malinterpretado en el quinto paquete, en el que el incremento del gasto militar y en armamento se prioriza sistemáticamente sobre la inversión en sanidad o educación.
Las verdaderas garantías de seguridad para las personas —un aire limpio, una sanidad robusta y ecosistemas resilientes— se ven relegadas para alimentar una industria de defensa que resta recursos a la sostenibilidad socioambiental.
Salud y tecnología bajo sospecha
Uno de los puntos más críticos de esta ofensiva legislativa reside en el ámbito de la salud pública. El sexto paquete ómnibus aborda la regulación de sustancias químicas.
Al modificar el reglamento de cosméticos y dificultar un etiquetado comprensible, se facilita la presencia de sustancias cancerígenas en productos de cuidado personal.
Como ha denunciado Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Tóxicos, la eficiencia no puede ser regresiva: la infancia y los colectivos vulnerables no deberían pagar el precio de la competitividad con su salud.
Este patrón de desprotección se extiende al ámbito digital. El séptimo ómnibus ha sacrificado garantías fundamentales en protección de datos y privacidad, incluso antes de que el ya insuficiente Reglamento de Inteligencia Artificial comience a rodar.
En lugar de liderar una tecnología ética, Europa parece dispuesta a eliminar las medidas que mantienen nuestras sociedades libres de una vigilancia sin control, respondiendo más a los intereses de las grandes tecnológicas que a los derechos de sus ciudadanos. Otra iniciativa que consigue un amplio rechazo por parte de más de 126 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos.
El asalto a los recursos vitales
El octavo y el décimo paquete representan quizás el ataque más directo a la resiliencia del continente. El primero acelera las evaluaciones ambientales para macroproyectos industriales y mineros, eliminando la obligación de informar sobre emisiones de sustancias peligrosas.
Es un cheque en blanco para la industria contaminante. Por su parte, el paquete sobre seguridad alimentaria es alarmante: al eliminar la obligación de evaluar periódicamente la peligrosidad de los plaguicidas, se estima que el 90% de estas sustancias nocivas dejarán de pasar por el proceso de renovación que, desde 2011, permitió retirar 162 sustancias peligrosas del mercado.
Finalmente, la intención anunciada de reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) antes del verano de 2026 cierra el círculo. En un contexto de escasez hídrica estructural, la prioridad de la Comisión parece ser facilitar el acceso de las empresas mineras a los recursos, a costa de degradar el estado ecológico de ríos y acuíferos. Se antepone la obtención de minerales a la calidad del agua de la que dependemos para beber y cultivar.
Un llamamiento a la coherencia
Es paradigmático que, mientras normativas vitales como la ley de restauración de la naturaleza o la de deforestación importada sufren dilaciones infinitas, estos paquetes ómnibus se tramiten con una urgencia febril. Esta asimetría política revela que la salud de los ecosistemas y de las personas no goza de la misma voluntad política que la rentabilidad empresarial a corto plazo.
Europa no puede ganar la carrera de la competitividad imitando modelos que desprecian la vida y el territorio. Una economía que destruye sus propios cimientos —el agua potable, el suelo fértil, la privacidad y la salud de sus trabajadores— no es competitiva; es suicida.
Por todo ello, apelamos a la conciencia de la ciudadanía. Es el momento de mostrar un rechazo unánime ante el Consejo de la UE y exigir que se detenga esta oleada de desregulación. No podemos permitir que la "simplificación" sea el envoltorio de nuestra vulnerabilidad.
La verdadera competitividad de Europa debe residir en su capacidad para liderar una transición justa, donde la innovación no esté reñida con la protección de los bienes comunes. Nos va el futuro en ello.
*** Erika González es coordinadora de Ecologistas en Acción; Eva Saldaña es directora ejecutiva de Greenpeace España; Blanca Ruibal es coordinadora de Amigas de la Tierra; Asunción Ruiz es directora ejecutiva de SEO/BirdLife; Juan Carlos Del Olmo es secretario general de WWF.