¿En qué pensamos cuando hablamos de accesibilidad? En la mayoría de las ocasiones, seguramente, en personas con movilidad reducida; en otras, algo menos frecuente, en nuestros mayores. Y nunca, o casi nunca, en cualquiera de nosotros.
Sin embargo, la accesibilidad debe dejar de ser considerada como algo limitado a una situación concreta para alguien concreto; es un concepto mucho más amplio: accesibilidad es inclusión, porque es de todos y para todos; accesibilidad es eficiencia, porque nos permite ahorrar tiempo y esfuerzos; accesibilidad es seguridad, porque protege a cada usuario en su trayecto diario. La accesibilidad es, en esencia, un espacio respondiendo con inteligencia al pulso real de nuestras vidas.
Porque cuando instalamos ascensores en edificios, no solo conectamos pisos, eliminamos barreras. Cuando implementamos escaleras mecánicas en centros comerciales o pasillos rodantes en aeropuertos, no solo facilitamos el tránsito, democratizamos el espacio público.
Nuestro tiempo nos exige diseñar y rehabilitar nuestros entornos adaptándolos a las necesidades de una sociedad que experimenta una creciente densificación vertical, especialmente en un país como España, donde un elevadísimo porcentaje de viviendas aún carecen de ascensor.
Pero hay más datos. Mientras nuestras rutinas y formas de vida han cambiado drásticamente en las últimas décadas, el 84% de los edificios españoles continúan manteniendo barreras arquitectónicas graves que obstaculizan la movilidad de 9,5 millones de personas mayores de 65 años, 1,5 millones de niños pequeños y 4,38 millones de ciudadanos con algún tipo de discapacidad.
El urbanismo no puede quedarse atrás ante esta realidad, porque una ciudad moderna no es solo aquella que innova en tecnología, sino la que facilita la vida cotidiana de todos sus habitantes, haciendo de la instalación de soluciones de accesibilidad no solo una cuestión de justicia social, sino también de rentabilidad económica, pudiendo revalorizar las viviendas entre un 20% y un 39%.
Por todo ello, es fundamental garantizar espacios que integren la accesibilidad universal en su estructura esencial, transformando nuestras ciudades en entornos más sostenibles, competitivos y, sobre todo, más humanos e inclusivos.
Esta transformación ya se está implementando, aunque a paso lento. 2025 está siendo, de hecho, un año clave en el que, por fin, la legislación acompaña esta mirada.
La actualización de marcos normativos, como la Ley de Propiedad Horizontal o la aprobación del anteproyecto de la Ley de Discapacidad, refuerza la idea de que la accesibilidad no es un añadido. Es un derecho que debe estar garantizado, tanto en lo que está por construirse como en todo lo que debe ser rehabilitado.
Si bien la aspiración de elevar la accesibilidad al estatus de derecho fundamental permea nuestro marco regulatorio, resulta imperativo intensificar el compromiso institucional y gubernamental para materializar esta visión. Las iniciativas actuales que proporcionan financiación para infraestructuras de movilidad vertical, con alcance del 60% sobre la inversión unitaria, constituyen apenas el fundamento de lo necesario.
La coyuntura actual demanda un modelo sostenible y escalable de incentivos fiscales y subvenciones directas que trascienda los ciclos político-económicos, posicionando la rehabilitación inmobiliaria y la instalación de soluciones de accesibilidad como pilar estratégico nacional.
Solo mediante un compromiso institucional robusto podremos transformar los más de 43.000 inmuebles que solo en Madrid carecen de sistemas de elevación, garantizando que la accesibilidad universal se consolide como un estándar inherente a nuestra propuesta de valor social, no como privilegio limitado a segmentos específicos.
La sociedad en su conjunto comienza a asimilar lo que, desde una perspectiva sectorial, hemos venido anticipando y promoviendo proactivamente durante años: que invertir en accesibilidad es invertir en libertad.
En que todas las personas puedan salir de casa, moverse sin barreras, decidir por sí mismas, llegar a tiempo, vivir con normalidad sin importar sus circunstancias. Es invertir en equidad, en autonomía, en futuro. Y también en eficiencia: una ciudad que elimina obstáculos es una ciudad que funciona mejor.
La excelencia en este ámbito no es opcional, es definitoria. El futuro pertenece a quienes diseñan ecosistemas urbanos inclusivos donde la diversidad humana no solo está contemplada, sino que constituye el eje vertebrador del desarrollo. Como líderes empresariales, tenemos la responsabilidad ineludible de catalizar esta transformación y establecer nuevos estándares de excelencia que trasciendan lo normativo.
*** Pedro Martín es CEO en TK Elevator Market Cluster South.