El sector de los Servicios a la Persona (SAP) o economía del cuidado es el de mayor crecimiento en empleo actual y futuro, según el Foro Económico Mundial.

La economía del cuidado prevé 2.600.000 oportunidades de empleo en 2022 (cifras extrapoladas de datos de Estados Unidos), muy por encima de otras áreas, como ventas, marketing y contenido, datos e inteligencia artificial o ingeniería e informática en la nube.

¿Cómo va a estar preparada España si el 80% del volumen del empleo de este sector se encuentra dentro de la economía informal o sumergida? Es urgente e imprescindible una regulación que facilite que salgan a la luz cientos de miles de empleos y promueva la profesionalización del sector y la creación de empresas especializadas.

Todo apunta a que en los próximos años esto sea una realidad y en Alares, empresa especializada en el cuidado de personas desde 1999, estamos preparados. Y para ello, España sólo tiene que mirar a Europa, copiar las mejores prácticas, adaptarlas a nuestras particularidades e intentar mejorarlas.

En 2005 se aprobó el denominado Plan Borloo (Ley 2005-841 de julio de 2005), que potenció, profesionalizó y sacó de la economía sumergida al sector de los servicios en los hogares en Francia. Esta ley respondía a tres objetivos principales.

En primer lugar, aumentar la capacidad de compra de las familias en la adquisición de servicios de asistencia personal y doméstica, de calidad y dentro de la legalidad, para facilitar su acceso al mayor número de personas.

Esto lo hacen a través de la exoneración de las cotizaciones sociales, de la reducción del IVA para los profesionales y empresas que prestan servicios en el sector y de la disminución del 50% en el IRPF de los gastos en estos servicios a domicilio, hasta un máximo de 12.000 euros al año, que puede aumentarse hasta 20.000 euros en algunos casos y para ciertos servicios.

También estableciendo un crédito de impuestos en IRPF, con devolución de impuestos para las rentas de menor poder adquisitivo que no se lo puedan deducir.

Con una deducción para las empresas en la cuota a pagar del impuesto de sociedades de aquellas cantidades destinadas a estos servicios para apoyar a sus empleados y familiares en la conciliación de su vida personal y laboral y la igualdad de oportunidades.

La economía del cuidado prevé 2.600.000 oportunidades de empleo en 2022

En segundo lugar, esta ley mejorar la estructura de la oferta de servicios y simplifica el acceso a los mismos mediante la creación del denominado Cheque Empleo Servicio Universal (CESU).

Y en tercer lugar, profesionaliza el sector y garantiza la calidad de las prestaciones a través de la acreditación sobre criterios de calidad por parte del Estado.

Modelos similares se han seguido en Bélgica, Austria, Finlandia, Suecia o Reino Unido. Con el Plan Borloo se crearon más de dos millones de empleos directos e indirectos legales en el sector en los ocho primeros años.

Asimismo, mejoró la lucha contra el empleo sumergido, permitió aportar ayuda al cuidado de los niños en el hogar, personas mayores y personas con discapacidad. Y favoreció la creación de multitud de pequeñas entidades locales y nacionales multiservicio.

Desde su entrada en vigor, el número de usuarios creció un 54%, así como el número de horas de servicios prestadas. Y consiguió el importante reto de que un 30% de los hogares recurrieran a estos servicios.

Estos datos supusieron un gran significado con respecto al nivel de bienestar social, igualdad de oportunidades y conciliación personal y laboral.

En Francia, el Plan Borloo creó más de 2 millones de empleos legales en el sector servicios en los 8 primeros años

Desde la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD) proponemos el afloramiento de la economía sumergida y la profesionalización del sector, con trabajadores del hogar que tengan idénticos derechos laborales que los de cualquier otro y apoyo a las familias en la contratación de estos servicios a través de un régimen especial de cotizaciones sociales para el empleado y empleador. Tanto si es el particular quien contrata directamente, como si se contrata a través de una empresa de servicios.

También pedimos similar tratamiento fiscal al que se ha hecho en Francia con la Ley Borloo, pues esto es lo que contribuye realmente a eliminar la economía sumergida, dejando de pagar prestaciones por desempleo o ayudas sociales que no corresponden por estar ya trabajando.

Igualmente, sería muy recomendable la creación de la figura del autoemprendedor, que preste servicios a empresas y usuarios. Bastaría con notificar su alta a la administración y solo pagaría por todos los conceptos de seguridad social e IRPF un porcentaje de su facturación hasta llegar a un volumen de ventas determinado donde ya pasaría a pagar al régimen ordinario de cualquier empresa.

Según la AESPD, una regulación permitiría crear un total de empleos legales en el conjunto de los Servicios a la Persona (SAP) equivalente a 1,2 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en tres años.

España tiene que mirar a Europa, copiar las mejores prácticas y adaptarlas

Cuando hablamos de SAP nos referimos a tareas domésticas, dirección y cuidado del hogar, cuidado de los miembros de la familia ante enfermedad o convalecencia, servicios complementarios a la Ley de Dependencia, clases a domicilio, guardería de niños en el hogar y conducción de vehículos, entre otros.

Y esto supondría un saldo equilibrado para las arcas del Estado. La fórmula sería: nuevos ingresos más gastos no realizados –desempleo y ayudas– menos costes del sistema, igual a equilibrio.

La realidad actual es que en los últimos años no se están dando un mayor número de altas dentro del sector debido a la imposibilidad de asumir el coste legal por parte de muchas familias.

El número de afiliados a la seguridad social en el mes de agosto de 2021 se situó en 381.737 personas afiliadas, cifra que no consigue aumentar, e incluso decrece desde la entrada en vigor en el año 2012 del real decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

A pesar de ser en un sector que está destinado a un gran crecimiento en creación de empleos, por las características y necesidades de nuestra sociedad.

Según la AESPD, una regulación permitiría crear en el sector de los cuidados 1,2 millones de puestos de trabajo a tiempo completo

En definitiva, este sector bien regulado producirá bienestar social y nuevos empleos, pero para ello son imprescindibles medidas de apoyo a las familias en las contrataciones de personal doméstico y asistencial, tal y como se ha hecho en el ejemplo francés hace ya más de 15 años.

Actualmente, una nueva subida del salario mínimo (SMI) sin medidas en paralelo de apoyo a las familias podría generar un retroceso en las contrataciones en el sector de los servicios personales y domésticos.

Por lo que proponemos que esta subida de salario se compense con un incremento de las deducciones en el IRPF, bonificaciones en las cotizaciones sociales, o prestaciones sociales a las que las familias se puedan acoger, igualdad de costes sociales, sea contratado por la familia o a través de una empresa especializada.

Así como aplicar el IVA superreducido en el sector, algo que en ámbitos de altas tasas de economía sumergida es totalmente aceptado por la UE. De hecho, así se aplica ya en un buen número de países de nuestro entorno.

*** Javier Benavente Barrón es presidente de Alares y de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD).