Ríos, suelos y estuarios permanecen contaminados con sustancias radiactivas desde hace décadas en nuestro país. Sobre el mapa, hay seis localizados, pero de momento ninguno de ellos se ha señalizado oficialmente. El propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reconocido que, por el momento, no existe una normativa vigente que exija hacer acopio de todas las zonas afectadas.

La ley que regula este aspecto es una norma franquista que data de 1964 y su modificación se ha guardado en un cajón desde entonces. Ahora, 57 años después, la modificación de la Ley de Energía Nuclear está sobre la mesa.

Tras un toque de atención de Bruselas por el incumplimiento de su directiva, esta modificación se ha reconocido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2022, aprobado el pasado martes por el Ejecutivo. La actualización de la normativa incluirá un aspecto clave: la definición de lo que es un suelo o terreno contaminado radiológicamente.

La obligación para establecer un significado concreto a esta problemática traerá una cascada de requerimientos, sobre todo en materia de gestión y descontaminación de esos terrenos. En cuanto a esto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, compareció en rueda de prensa para trasladar el compromiso del Gobierno con la puesta en marcha de esta nueva legislación.

Hasta el momento, el CSN es el organismo encargado de velar por la seguridad radiológica. Aunque no ha determinado las zonas específicamente afectadas, sí que ha reconocido tener conocimiento de algunas de ellas. No obstante, ha puntualizado que en estos lugares no existe un riesgo radiológico significativo.

La actualización de la normativa incluirá un aspecto clave: la definición de lo que es un suelo o terreno contaminado radiológicamente

Sobre el papel este organismo ha detectado un total de seis emplazamientos. Los más conocidos, los suelos de Palomares. Allí, al sureste de la provincia de Almería, unas 40 hectáreas de terreno se encuentran afectadas por Plutonio-239 y Americio-241, ambas sustancias radiactivas. El primero es el principalmente utilizado en la producción de armamento nuclear. El segundo, el prevalente en los desechos nucleares.

También el estuario del río Tinto, en Huelva, donde desde hace años se acumulan en balsas fosfoyesos tóxicos con una extensión de unas 1.200 hectáreas y presencia de Radio-226. Madrid, Toledo, Tarragona y Cartagena acumulan los demás restos radiactivos localizados de nuestro país.

Aunque el programa nuclear en España comenzó a desarrollarse en la década de los 60, actualmente sólo cuenta con cinco centrales nucleares cuyas licencias vencerán en torno a 2030. Construidas en los años 80, durante estos años han almacenado más de 16.500 elementos combustibles irradiados.

Unos residuos, sin embargo, que, como mencionamos en este artículo publicado en ODS, pueden llegar a prevalecer más de 10.000 años hasta ser desechados, lo que los convierte en un problema a largo plazo. Además, desde hace más de medio siglo, no se ha construido ningún almacenamiento geológico profundo, una de las soluciones a este problema medioambiental. 

Foto de archivo de la Rambla de Palomares (Almería). EFE

¿Habrá finalmente un inventario?

La Ley de Energía Nuclear de 1964 ha dejado en el limbo los residuos procedentes de accidente nucleares. Muchos fueron en su día enterrados clandestinamente en nuestro país y ahí han permanecido durante décadas. 

La normativa incluía además unas sanciones especialmente bajas en relación a las nucleares, de en torno a los tres millones de euros para las faltas graves. Una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta que una gran central puede facturar en torno a los dos millones de euros diarios. Violar la normativa, por tanto, salía rentable.

Un ejemplo de ello es el caso de la multa impuesta a la central de Almaraz, en la provincia de Cáceres. Fue sancionada con dos multas de 40 y 50 millones de pesetas en 2001 por no comunicar el sobrecalentamiento de las aguas de refrigeración, lo que hubiese obligado a una parada preventiva por seguridad.

Los reactores, por aquel entonces, facturaban un total de unos 400 millones de pesetas cada día, por lo que pagar una sanción irrisoria salía más rentable que mantener parada la central durante semanas. Así las cosas, en pleno confinamiento por la pandemia, caducó su licencia y recibió una nueva, con la que podrá continuar funcionando con sus dos reactores: uno hasta 2027 y otro hasta 2028.

En 2008 se llegó a actualizar un decreto por el que se modificaba el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. En el texto se hacía hincapié en que se regularían las zonas contaminadas de manera que se diera solución al control de terrenos y recursos hidrológicos que se pudieran haber visto afectados por la contaminación radiológica. En su artículo 81, de hecho, se señalaba que el CSN iba a ser el encargado de elaborar un inventario de estas zonas.

Dos años más tarde, se constituyó un grupo de trabajo con el CSN, el entonces Ministerio de Energía y Enresa, la empresa que se encarga de gestionar los residuos radiactivos. Este grupo de expertos llegó a redactar un segundo decreto por el que se elaboraría ese inventario para determinar los suelos contaminados. Once años después, y cuando España se declara contrario a la energía nuclear, llega la esperada modificación de ley.

Sin embargo, será una actualización que vuelve a dejar en el tejado del CSN el peso de la decisión sobre elaborar o no un inventario de las zonas contaminadas en España. El próximo año será clave para conocer si las administraciones vuelven a esconder las responsabilidades en un cajón o toman las riendas en cuanto a una situación que supone un perjuicio para el medioambiente, pero también para la salud de las personas.