"Es absolutamente necesario proteger no sólo a los menores de las redes sociales, sino a toda la población; si bien los menores son un grupo poblacional especialmente vulnerable", opina Tatiana Íñiguez, investigadora del área de Sociología en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

Estas plataformas, señala, "están diseñadas con el fin de retener el mayor tiempo posible en ellas al usuario, posibilitando comportamientos adictivos. La opacidad en sus algoritmos y el escaso control de contenidos que ejercen también hacen que su consumo sin ningún tipo de supervisión pueda ser peligroso".

Sin embargo: "La cuestión principal es cómo hacer para protegernos de ellas", advierte.

El pasado 3 de febrero, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que nuestro país prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años.

Una medida no necesariamente pionera —Australia empezó a aplicar una norma similar el pasado diciembre, y otros países europeos como Francia o Portugal anunciaron leyes equivalentes antes que España—, pero que el mandatario relacionó con "la necesidad de recuperar el control de la gobernanza digital y de las redes sociales para que sean un espacio sano y democrático".

Sin embargo, son muchas las incógnitas sobre esta futura medida. A falta de más detalles, la efectividad de la prohibición en sí se ha cuestionado desde diferentes ámbitos. Los principales, a nivel técnico, como la cuestión de la tecnología necesaria para la verificación de edad de los usuarios con efectividad y seguridad suficiente.

Pero también se han planteado, si no críticas, al menos matices o advertencias, desde campos como el derecho, la sociología, la educación e incluso la filosofía. Muchos de ellos, recordando que las actuales normativas sobre el honor o la propia imagen ya sirven para, por ejemplo, perseguir los tristemente célebres desnudos falsos generados con inteligencia artificial.

No se han aplicado las leyes

Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de València, considera a preguntas de ENCLAVE ODS que "las normas actuales deberían ser suficientes, pero primero tienen huecos pendientes de ocupar, es decir, aspectos que no regulan", tanto en la protección de los menores como en cuanto a protección de datos.

Para el experto, las plataformas han ignorado las normas de protección del menor por una cuestión de modelo de negocio: "Si hubiesen diseñado un producto como YouTube Kids, destinado a menores, no tendríamos por qué prohibir el acceso".

Añade que "aunque la libre creación artística es un derecho fundamental, los menores no pueden entrar a un espectáculo pornográfico, y es la misma lógica la que obliga a regular".

Otra cuestión, añade, es lo que considera que ha sido hasta ahora una "manifiesta inoperatividad de las autoridades. Ya pasó el tiempo hace muchos años de las guías, de las recomendaciones y de hacer descansar la responsabilidad en los padres o los propios menores".

En estas semanas no han faltado tampoco reacciones de organismos oficiales u organizaciones de protección del menor. La Comisión Europea ha celebrado el anuncio, pero matizando que las normas nacionales no podrán ir más allá de las obligaciones que ya prevé la ley europea de servicios digitales (la famosa DSA, por sus siglas en inglés).

"El origen de buena parte de los problemas que tenemos hoy son las leyes que eximen a las tecnológicas de supervisar los contenidos que distribuyen", matiza, por su parte, César Rendueles, filósofo, activista e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que acaba de publicar el ensayo Redes vacías. Tecnología catastrófica y el fin de la democracia (Anagrama, 2026).

Apunta que se siguió el ejemplo estadounidense con la conocida Sección 230 del Communications Decency Act, que diferenciaba a las plataformas tecnológicas de los medios de comunicación tradicionales e impedía tratarlas como editoras de sus contenidos.

"La idea era un poco que las tecnológicas eran como fabricantes de tuberías que no deberían responsabilizarse de la calidad del agua que circula por ellas", señala el filósofo. "La cuestión es qué pasa cuando el material con el que están fabricadas las tuberías empieza a contaminar el agua".

Para Rendueles "siempre ha habido mucho más margen para la intervención con la normativa existente", pero "durante décadas hemos visto la tecnología digital como un tsunami social al que era imposible resistirse y cuyos efectos beneficiosos compensarían cualquier pequeño inconveniente".

Educación digital

En ese sentido, organizaciones como Save the Children apoyan la necesidad de la protección y regulación, pero respetando el derecho de los menores a la participación en entornos digitales y acompañando las restricciones de medidas preventivas en el ámbito educativo, ya que "existe una brecha entre las habilidades tecnológicas y la comprensión de sus implicaciones, que lleva a una falsa sensación de control".

También exigen que "las empresas y plataformas tecnológicas asuman una obligación firme y desarrollen una cultura empresarial centrada en la protección de la infancia y la adolescencia".

Tatiana Íñiguez, la socióloga que abría este reportaje, coincide en que "está claro que el acento debe ponerse en un mayor control de las propias plataformas digitales, tal y como ha hecho Bruselas al exigir a TikTok cambiar su diseño por resultar adictivo".

Y añade que los estudios de la OCDE o UNICEF evidencian que "el uso equilibrado y responsable de las pantallas, con fines de aprendizaje, de consumo cultural, de interacción con sus iguales o de producción de contenido, puede conllevar un mayor bienestar, un mejor rendimiento académico o un mayor sentimiento de pertenencia al grupo" en los menores.

Aunque en sus respuestas a ENCLAVE ODS advierte siempre que "no se trata de un tema unívoco, sino que tiene muchos matices" y que "no se ha evaluado todavía el impacto de la prohibición". Del escaso rodaje de la norma en Australia ya se está comprobando que "los sistemas de verificación de la edad en redes están resultando menos efectivos de lo esperado"

Para Íñiguez esto puede producir "una consecuencia no deseada: el uso clandestino y no supervisado de las redes por parte de los menores".

En sus investigaciones ha podido constatar que, "aunque existan mecanismos férreos de control del uso de los smartphones, sólo con que uno de los menores del grupo se salte esos controles, el resto ya puede estar consumiendo contenido no apropiado, ya que en muchas ocasiones dicho consumo no es individual, sino grupal".

Por eso, cree que "las medidas de control deben ir dirigidas a las propias plataformas, mucho más allá de la verificación por edad, centrándose en limitar el scroll infinito, el diseño adictivo, el estrecho control de contenidos no apropiados para menores, etc., unido a medidas socializadoras y educativas en pro del consumo responsable para menores, familias y comunidad educativa".

En la misma línea, César Rendueles cree que los términos del debate están "mal definidos. Como si fuera lo mismo un niño de 9 años que, evidentemente, no debería tocar un teléfono móvil ni con un palo de escoba, que un adolescente de 15 años, cuya libertad y autonomía no puede ser dejada sin más de lado".

Y añade: "Tampoco sabemos muy bien qué es una red social. Me da la impresión de que mucha gente que está a favor de la prohibición pondría el grito en el cielo si no pudieran comunicarse con sus hijos de 14 años por WhatsApp".

Al mismo tiempo, recuerda que hasta 2024 la edad mínima para acceder a esta aplicación en España era de 16 años, algo que ninguna familia cumplía ni ninguna autoridad intentó hacer cumplir.

El filósofo se muestra bastante contrario a las prohibiciones y añade que, si de lo que se trata es de desafiar a las oligarquías tecnológicas, "la alternativa al autoritarismo lisérgico de Silicon Valley no es el autoritarismo convencional de China".

Lo que según pondría realmente en cuestión la situación actual serían "los avances en derechos sociales digitales. Impulsar masivamente desde el ámbito público, que no es lo mismo que estatal, las tecnologías libres es la única opción que tenemos ante las amenazas a la autonomía, la seguridad y la democracia europeas".