Trump lo ha vuelto a hacer. El 12 de febrero, la Administración estadounidense anunció la eliminación del principal pilar jurídico que durante 15 años permitió al Gobierno federal limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La decisión, presentada por la Casa Blanca como "la mayor acción de desregulación en la historia de Estados Unidos", marca así un giro profundo en la política ambiental del país y abre una nueva etapa de incertidumbre climática, económica y legal.

El movimiento consiste en anular el llamado Endangerment Finding —traducido generalmente como 'dictamen de peligro'— aprobado en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante el primer mandato de Barack Obama.

Aquel informe concluyó que seis gases (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) representaban un riesgo para la salud pública y el bienestar debido a su contribución al calentamiento global.

Sin embargo, la consecuencia práctica es mucho mayor que la eliminación de una norma concreta. El dictamen era la base legal que permitía regular esos gases bajo la Ley de Aire Limpio, apoyado además por la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Massachusetts v. EPA (2007).

Por ese motivo, al desaparecer, se desmonta la estructura jurídica sobre la que descansaba buena parte de la política climática federal estadounidense.

Qué cambia desde ahora

Sin esa clasificación de 'peligrosos', el Gobierno federal pierde la capacidad regulatoria que permitió fijar estándares de emisiones para vehículos, motores, plantas eléctricas, refinerías y otras industrias. Es decir, quedan anulados los límites federales de emisiones de automóviles previstos para el periodo 2012-2027 y posteriores.

"Esta medida ahorrará millones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el coste promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares", afirmaba el propio Donald Trump durante el anuncio junto al administrador de la EPA, Lee Zeldin.

Además, el presidente sostuvo que la política instaurada en 2009 fue "desastrosa" para la industria automovilística y negó su relación con la salud pública. "Todo esto fue una estafa", aseguró.

Ahora, la Administración argumenta que la desregulación reducirá costes de cumplimiento para fabricantes y empresas energéticas, generando ingresos económicos a corto plazo.

Entre los principales beneficiados se encontrará la industria automovilística tradicional y los sectores del petróleo y gas, que verán menos exigencias ambientales y mayor margen de producción.

Impacto climático

Desde el punto de vista ambiental, la eliminación del dictamen implica retirar la principal herramienta federal para limitar emisiones de gases de efecto invernadero. Y, en esa línea, el transporte, responsable de cerca del 30% de las emisiones estadounidenses, queda especialmente afectado al desaparecer los estándares obligatorios de eficiencia y CO₂.

Y es que, al suprimir la base legal para regular el dióxido de carbono y otros gases, se facilita un aumento de emisiones de transporte, generación eléctrica y actividades industriales intensivas en combustibles fósiles.

Además, la decisión cuestiona la validez de estudios científicos oficiales que vinculan esos gases con olas de calor, fenómenos extremos y riesgos respiratorios.

Por ese motivo, las organizaciones ambientales y numerosos expertos han considerado esta decisión como un retroceso estructural en la acción climática de Estados Unidos, principal emisor histórico de gases de efecto invernadero y actor clave para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.

La 'historia' del dictamen

El dictamen de 2009 fue el resultado de un proceso científico-legal iniciado tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2007, que autorizó a la EPA a tratar los gases de efecto invernadero como contaminantes si se demostraba su peligrosidad.

Basándose en informes científicos —incluidos análisis del IPCC—, la agencia concluyó que dichos gases contribuían al calentamiento global y a efectos indirectos sobre la salud humana.

Así, gracias a ese dictamen, durante más de una década se pudieron establecer normas federales de emisiones para vehículos y centrales eléctricas. Sin embargo, ahora, la nueva decisión de la Administración Trump ha dado la vuelta a esta medida, aunque esta postura no es nada nuevo.

Contra el clima

El presidente ha descrito el cambio climático como "la mayor estafa jamás perpetrada" y ha defendido reiteradamente la expansión de los combustibles fósiles. Pues, según sus argumentos, las predicciones climáticas han sido erróneas y las políticas verdes perjudican la economía.

De hecho, desde su regreso al poder en 2024, la Administración ha impulsado diversas iniciativas alineadas con esa visión. La primera, la retirada, por segunda vez, del Acuerdo de París —por considerarlo injusto para Estados Unidos— y de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.

Además, ha declarado una "emergencia energética" para acelerar perforaciones de petróleo y gas incluso en zonas protegidas de Alaska y aguas costeras. Pero no es lo único; también ha paralizado los permisos para proyectos eólicos en territorios federales, ha recortado los subsidios a renovables, hidrógeno y vehículos eléctricos y ha revisado las normas de eficiencia energética y emisiones de metano.

Ahora, esta última acción debilita los esfuerzos globales de mitigación y refuerza la imagen del país como actor menos comprometido con la acción climática multilateral.

A corto plazo, se espera litigiosidad judicial y la creación de un mosaico regulatorio, con algunos estados manteniendo estándares propios. A largo plazo, el impacto dependerá de futuros cambios políticos internos y de si la base legal eliminada es restaurada.

En términos prácticos, la decisión supone más libertad para emitir gases de efecto invernadero, beneficios económicos inmediatos para determinadas industrias y mayor incertidumbre regulatoria.