Este martes 10 de febrero, tras el Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy, jefe de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, anunciaba una hoja de ruta social renovada que sitúa la vivienda en el centro de los planes del Gobierno para que, en los próximos cuatro años, España reduzca las brechas que aún existen para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El trasfondo de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que lidera Bustinduy dentro del Ejecutivo de Sánchez no es otro que el alquiler deje de ser una carga desproporcionada para los hogares con menos recursos.
Como ya se ha explicado en EL ESPAÑOL, el plan contempla triplicar la inversión pública en vivienda y destinar 7.000 millones de euros en cuatro años para ampliar el parque de alquiler social.
La meta marca que España alcance el 5% de vivienda en alquiler social, un porcentaje que busca acercarse a los niveles de otros países europeos donde este tipo de oferta pública y asequible tiene un peso mayor en el mercado residencial.
El documento presentado por Bustinduy subraya que mejorar el acceso a la vivienda es una condición necesaria para reducir pobreza y desigualdad, especialmente entre los hogares con menores ingresos y los jóvenes que afrontan grandes dificultades para emanciparse.
Para conseguirlo, el plan del Gobierno no se limita al aumento del parque público, sino que plantea también incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% de las viviendas que actualmente se destinan a usos turísticos.
Alquileres menos tensionados
Con esta medida, el Ejecutivo aspira a aliviar la presión sobre los precios en las zonas más tensionadas, donde la expansión de los alojamientos para turistas ha reducido la oferta residencial disponible y encarecido el alquiler.
La nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible presentada por Bustinduy incide en la necesidad de que más comunidades autónomas apliquen la Ley de Vivienda para poder topar los precios en las áreas con mayores tensiones.
Se quiere, así, reforzar el papel de las administraciones territoriales en la regulación del mercado.
El texto señala, además, la importancia de la colaboración entre Gobierno central, autonomías y ayuntamientos para coordinar las políticas de vivienda y maximizar el impacto de los recursos públicos.
Retos de país
Este paquete de medidas relativas a la vivienda se enmarca en un conjunto de 100 metas que buscan reforzar el Estado del bienestar y acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Todas ellas, además, están articuladas en torno a cuatro grandes retos de país. El primero de ellos, centrado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, incluye la garantía del derecho a la vivienda como uno de sus ejes, junto a la mejora del acceso a prestaciones como el ingreso mínimo vital, la educación y la salud.
El segundo se centra en crear un sistema económico circular generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental. El tercero consiste en una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática.
El cuarto y último reto que consta en la propuesta de Bustinduy sería el de construir un país con "vidas libres, iguales y en comunidad", lo que sitúa los derechos humanos y la igualdad estructural en el centro de la acción pública.
Principales objetivos
Entre los diez objetivos principales que el Gobierno destaca para 2030 figura, de manera específica, el compromiso de "triplicar la inversión pública en vivienda con el objetivo de alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social, destinando 7.000 millones de euros en cuatro años".
Este objetivo se presenta en paralelo a otros ligados a la reducción de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social por debajo de la media europea, así como a la reducción de la pobreza infantil severa mediante una prestación universal por crianza. Eso sí, esta controvertida propuesta lleva sobre la mesa de las oenegés españolas varios años, como ya se explicó en ENCLAVE ODS.
Durante la presentación de la estrategia tras el Consejo de Ministros, Bustinduy subrayó que la vivienda y la pobreza infantil son dos de los puntos más críticos que la Agenda 2030 ha puesto de manifiesto en España.
El ministro defendió que este nuevo marco actúa como un diagnóstico de la situación actual y como una propuesta de medidas para seguir avanzando en protección social, igualdad y cohesión territorial.
La estrategia recuerda que, desde la adopción de los compromisos de la Agenda 2030, se han producido avances en reducción de pobreza y exclusión, extensión de la protección social, aumento de las energías renovables y descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como mejoras en empleo y salario mínimo.
Sin embargo, insiste en que los problemas de acceso a la vivienda siguen siendo una de las principales amenazas para la igualdad de oportunidades y la estabilidad de los hogares más vulnerables, especialmente aquellos monomarentales, que son los más afectados por la pobreza.