"El 17 de enero será un día histórico para el océano", celebra Rizza Sacra-Dejucos, coordinadora regional para Asia de la High Sea Alliance (HSA), organización encargada de impulsar el Tratado de Alta Mar de la ONU (BBNJ, por sus siglas en inglés).
Como explica la experta, su entrada en vigor en la madrugada del sábado significa que este pacto por los océanos "se convierte en una ley global", ya que es vinculante para todos los signatarios.
En total, son ya 81 los Estados o partes que lo han ratificado. Entre ellos, España, Francia, Japón, Corea, Brasil o, el más sorprendente para las expertas consultadas, China, que confirmaba su compromiso el pasado 15 de diciembre.
Además, hasta 145 países —de los 193 miembros de la ONU— lo han firmado y, al hacerlo, "han expuesto su intención de convertirse en miembros del tratado", explica Rebecca Hubbard, directora de HSA.
Esta ley internacional supone la culminación de un proceso de tira y afloja que ha sucedido entre los bastidores de Naciones Unidas durante las dos últimas décadas. Y, como explica a ENCLAVE ODS Fabienne McLellan, CEO de la oenegé conservacionista OceanCare, supone un "ejemplo claro del liderazgo de la ONU".
Ahora, eso sí, queda lo más difícil: implementar el tratado. Algo ante lo que McLellan se muestra optimista, a pesar de que un gigante como Estados Unidos, con sus más de 150.000 kilómetros de costa, haya decidido quedarse al margen: "Su ausencia no condena al BBNJ al fracaso", puntualiza.
Y es que, recuerda, EEUU lo ha firmado, pero no ratificado, como Reino Unido, India o Pakistán. A estos, "la legislación internacional les obliga a respetar las medidas que marquen otros Estados". McLellan remarca, además, que "hay precedentes de tratados anteriores que EEUU no ratificó y aun así se han implementado con éxito".
Se refiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés), adoptaba en 1982 y en vigor desde 1994, que fija la jurisdicción de los Estados en los espacios marítimos y la gestión de sus recursos.
Más preocupante —aunque no sorprenda a nadie— es la negativa rotunda de Rusia a convertirse en uno de los signatarios del BBNJ. Con todo, según la CEO de OceanCare, lo que se necesita, a partir de su entrada en vigor, es que se active la colaboración entre el tratado y los organismos ya existentes relacionados con los océanos, como la Organización Marítima Internacional (OMI) o la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).
¿Qué es alta mar?
La HSA define alta mar como "las aguas internacionales del océano abierto más allá de la zona económica exclusiva (ZEE) de cualquier país y el fondo marino que se extiende más allá de la plataforma continental de cualquier Estado".
Esto cubre casi la mitad de la superficie terrestre y el 64% del océano; en total, se trata del 80% de la biosfera o espacio vital de nuestro planeta.
Además, casi la mitad de las aguas marinas tienen una profundidad superior a 3.000 metros, y el 60% de la Tierra está cubierto por agua a más de 1.600 metros de profundidad.
Las claves del tratado
Este Tratado de Alta Mar tiene en el ADN algo bastante sencillo: "conservar mejor y utilizar de manera más sostenible" las zonas marinas internacionales, explica McLellan. Y asegura que es "la primera vez que hay un nuevo marco global que cierre las brechas legales existentes en la gobernanza de los océanos".
Esencial para su optimismo es el hecho de que sea legalmente vinculante, "algo que es un logro", dice, especialmente en un momento en el que el multilateralismo está siendo atacado por las crisis geopolíticas mundiales.
La entrada en vigor del BBNJ, por tanto, implica la aparición de nuevas obligaciones legales, y si bien algunas de ellas dependen de la creación de las instituciones y los mecanismos que el tratado requiere, existen disposiciones aplicables desde el primer día.
Por ejemplo, tal y como explica McLellan, cualquier actividad prevista bajo el control de un Estado miembro que pueda afectar a alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el tratado; además, los gobiernos deben notificarlas públicamente.
De esta manera, ejemplifica la experta, se podrá medir el efecto real de la contaminación acústica submarina, derivada de las explotaciones petroleras o el transporte.
Asimismo, la CEO de Oceancare enfatiza que "es la primera vez que tenemos un proceso para desarrollar áreas marinas protegidas en alta mar". Hasta el momento, se hacía de manera aleatoria teniendo en cuenta las aguas nacionales con protección, y dependiendo del país. Se estandariza, así, la manera de proceder.
Esto, celebra, es "una gran victoria". Pues actualmente sólo el 1% de alta mar está protegido a través de este tipo de mecanismos. El objetivo es que al menos el 30% cuente con protección antes de que acabe la década. Y eso quiere decir que se regulen las actividades y se frene la destrucción de ecosistemas aún muy desconocidos para el ser humano.
Por último, McLellan remarca como clave de este tratado la oportunidad que brinda para controlar la explotación de los recursos genéticos marinos, esos "organismos diminutos que despiertan gran interés en la medicina o la industria farmacéutica", pero sobre los que, hasta ahora, no había regulación alguna.
El BBNJ, explica, es claro en su mandato: "Es necesario compartir la información científica que se recaba respecto a los recursos genéticos marinos, especialmente con los países del sur global, que no tienen capacidad inversora".
A fin de cuentas, zanja McLellan, el Tratado de Alta Mar pone el foco "en gran medida en la conservación, pero también en el uso sostenible de la biodiversidad en áreas que no son nacionales".