República Democrática del Congo (RDC) se desangra lentamente. La toma de Goma por parte del grupo armado M23 a principios de año recrudecía un conflicto que se ceba en especial con los civiles, sobre todo con las mujeres y los niños.

Como explicaba en ENCLAVE ODS Paula Barrachena, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, en RDC "es más barato violar a un niño o a una niña que beber una copa de vino en un bar". Las cifras, por desgracia, apuntalan su crudeza: en 2025 se registraron más de 35.000 casos de violaciones y agresiones sexuales contra menores en todo el país.

Así, al menos, lo recoge el último informe de UNICEF, publicado en la madrugada del 30 de diciembre, que analiza las repercusiones de la escalada del conflicto que ha vivido el Congo este 2025.

Según asegura el fondo de Naciones Unidas para la infancia, en el país africano, la violencia sexual contra la infancia es "generalizada y estructural". Además, "se está intensificando" en todas las regiones. Es precisamente eso lo que el informe destaca: el conflicto armado es determinante, pero "hay casos documentados en comunidades de todas las provincias, que están aumentando alarmantemente desde 2022".

Según se desprende del informe, sólo en los primeros nueve meses de 2025, se registraron 35.000 casos de violencia sexual contra menores. Esto, afirma el texto, "demuestra que la crisis no hace más que agravarse", pues a finales de 2024 se registraron un total de 45.000 casos —tres veces más que en 2022—.

Miedo a las represalias

Tal y como apunta Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, se trata de cifras estimadas; las reales podrían ser aún más escalofriantes. Y es que "las familias aseguran que el miedo al estigma y a las represalias las disuaden a la hora de denunciar el abuso".

Según el informe, lo que sí revelan las estadísticas es "un daño persistente y generalizado" en la población civil, especialmente en los y las menores. El miedo, el estigma, la inseguridad y el acceso limitado a los servicios pertinentes provoca que las denuncias sean mucho menores de los casos de violación y abuso sexual que se producen en el país.

"Los trabajadores sociales describen cómo las madres caminan durante horas para llegar a las clínicas con sus hijas, que no pueden caminar tras haber sido agredidas", lamenta Russell, quien recuerda que "historias como esta se repiten en todas las provincias".

A lo que añade que "destapan una crisis arraigada propiciada por la inseguridad, la desigualdad y la precariedad de los sistemas de apoyo".

El informe de UNICEF enumera las repercusiones físicas y emocionales a las que se enfrentan las supervivientes: lesiones físicas, embarazos no deseados, un mayor riesgo de contraer VIH y otras infecciones de transmisión sexual, miedo, ansiedad, depresión y rechazo social, incluida la exclusión de sus familias y sus comunidades.

El documento también recuerda que las adolescentes siguen siendo las más afectadas de esta crisis, pues "representan la proporción mayor de supervivientes". Aunque matiza que "los varones también sufren violencia sexual, pero siguen estando insuficientemente representados en los casos denunciados".

Asimismo, los y las menores con discapacidad "enfrentan mayores riesgos, ya que las barreras físicas, sociales y comunicativas aumentan su vulnerabilidad y restringen su acceso a servicios de atención y a la justicia", indica UNICEF.

Un 143% más

A pesar de todo, UNICEF denuncia que el acceso a servicios de apoyo que podrían salvar la vida de quienes sobreviven a estas agresiones sigue siendo "limitado". Y lo es aún más desde que la inversión en ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo cayese en picado a nivel global este año.

La oenegé denuncia que, entre 2022 y 2024, el número de niños y niñas supervivientes que asistió aumentó en un 143%, hasta llegar a más de 24.200 menores de las provincias más afectadas en 2024.

No obstante, alertan de que "la inseguridad y los recortes en la financiación mundial han obligado a muchos espacios seguros, clínicas móviles y programas de protección comunitaria sufragados por UNICEF a reducir o suspender su actividad".

Y advierten de que en la primera mitad de 2025 sólo se financió el 23% de las intervenciones en materia de violencia por razón de género, en comparación con el 48% en el mismo periodo de 2022. Esto, afirman, "ha expuesto a cientos de miles de niños y niñas, entre ellos 300.000 en regiones afectadas por conflictos al este del país, al peligro de perder el acceso a un apoyo esencial para su supervivencia".