Antonio Martín
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"¡El emperador está desnudo!", señala un niño al final del cuento El traje nuevo del emperador. El emperador fue estafado por los sastres que le vendieron un traje de un tipo de hilo "que solo ven los inteligentes". Nadie lo veía, ¡porque no había ninguno! Pero nadie se atrevía decirlo para que no lo vieran como un ignorante.

El lenguaje administrativo y legal no se entienden!" es el grito —con menos inocencia que el niño del relato— que lanzamos los profesionales del lenguaje claro. Pensamos que el lenguaje que se usa entre el Estado y la ciudadanía es de la misma naturaleza que aquel hilo invisible: no se ve, no se entiende, pero nadie quiera pasar por ignorante.

Sostenemos Estados con los que nos cuesta comunicarnos, por lo que aún nos cuesta más confiar. La democracia no es sólo votar, es participar en igualdad de condiciones. Por eso, hemos conseguido leyes que nos garantizan la accesibilidad, la transparencia y la inclusión. Pero esta tríada necesita lenguaje claro para que podamos usarla de verdad.

La accesibilidad a los documentos oficiales para personas ciegas o con distintos grados de discapacidad visual es un logro: pueden acceder a cualquier trámite de su comunidad autónoma o su municipio como cualquier otro ciudadano o ciudadana.

Sin embargo, al llegar al documento se encuentran con los mismos problemas que cualquiera: pueden "acceder", pero no comprender qué se les pide, qué deben hacer o por qué.

La transparencia, por ejemplo, en la rendición de cuentas. Es un avance que tengamos acceso a los datos económicos de las administraciones que sostenemos. Otra cuestión es que se sepa con "claridad" dónde se han publicado.

El problema crítico es, de nuevo, su comprensión: los datos en bruto son necesarios para contrastar, pero la rendición de cuentas debe ser comprensible, sin maquillaje ni tergiversaciones. En cuestión de números, mientras la comprensión lectora ha ido disminuyendo, la comprensión matemática en España está muy por debajo de la media, según la OCDE.

La inclusión. El 17 de febrero de 2024 se reformó el artículo 49 de la Constitución española para sustituir el término "minusválido" por "personas con discapacidad", un cambio necesario —que la sociedad ya había asumido— y que muestra la importancia de adaptar los textos hacia un lenguaje más inclusivo, sin discriminación y sin que el masculino sea el único género al que se dirigen las frases.

Podemos adaptar documentos y trámites con simples cambios para que sean inclusivos, pese a quienes perciben un sesgo ideológico. Y este cambio, más que razonable, debe mantener la "comprensibilidad", lo que exige equilibrio, atención y cuidado.

Imagen elaborada por la OEI.

En este contexto, el equipo de Cálamo&Cran, con un grupo de voluntarios y con el apoyo de PLAIN, está adaptando la Constitución española. Cada grupo de artículos revisados vuelve a ser valorado por personas de toda la geografía nacional, con distintas edades y formación, para que el texto que les rige les resulte cercano y comprensible.

Un reto para concienciar de los derechos conseguidos y que la democracia es real y cercana —más aún en un contexto de polarización y restricciones de libertades—.

El lenguaje claro es democracia

Para que la mecánica de esta tríada se ponga en marcha, necesitamos comprenderla. Sólo así podemos ejercer nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones con seguridad y confianza.

El lenguaje claro es un movimiento internacional que promueve adaptar el texto al público al que se dirige y tener en cuenta su contexto. Es un ejercicio de empatía.

Imaginemos que usted se descubre un bulto en el cuello y acude al especialista. Siente preocupación y cierta angustia. Tras unas pruebas, la respuesta adecuada será tranquilizarle: quizá sea benigno —un verdadero alivio— o no; en ese caso, presentará un plan de acción: qué va a pasar y qué hay que hacer. En ese momento, usted necesita seguridad y confianza. Eso es empatía.

En un contexto de angustia, evitemos textos confusos, llenos de tecnicismos y procedimientos que probablemente no comprenda. Incluso si el diagnóstico no fuera benigno, lo que necesita esa persona preocupada es un mensaje que aclare la situación real para poder decidir con seguridad y confianza. Y este ejemplo vale también para un seguro, una denuncia o un trámite con Hacienda.

Un documento está claro cuando cumple tres condiciones básicas:

Que la información sea fácilmente localizable. La estructura, la organización numérica y el diseño deben permitir encontrar con rapidez y a simple vista los puntos esenciales: qué es, por qué se le informa, qué debe hacer, en cuánto tiempo, dónde y si tiene coste. El diseño debe facilitar navegar por el documento para hallar respuesta a estas preguntas.

Que sea comprensible. Es el punto crítico. Significa poder entender "en una sola lectura" cada párrafo. Para ello existen normas lingüísticas que recogen las guías de lenguaje claro (por ejemplo, la Guía de lenguaje claro de la Generalitat Valenciana). En resumen, su objetivo es humanizar el texto: alejarse de parrafadas con subordinadas, pasivas y reflexivas, y de citas legales que interrumpan el mensaje principal.​

Que nos permita tomar una decisión. Si los puntos anteriores se cumplen, podremos elegir qué hacer con la seguridad de tener toda la información necesaria y la confianza de que la acción se ajusta a lo que deseamos.

Por qué es necesario

Cuando un documento relevante en nuestra vida —un requerimiento administrativo, un contrato, etc.— está en lenguaje claro, aparecen instantáneamente una serie de beneficios:

1. Ahorramos tiempo: quien emite y quien recibe el documento evita consultas y gestiones innecesarias, lo que supone un ahorro de costes en administraciones, más aún en el sector privado.

2. Generamos confianza, lo que refuerza la relación con la institución emisora y mejora su imagen.

3. La ciudadanía se empodera. Comprender es poder, asumir el alcance y la responsabilidad de nuestros derechos y obligaciones. Esta es la capilaridad de la democracia que nos permite participar activamente.

Disponer de textos en lenguaje claro no es solo deseable; es imprescindible para cumplir la normativa europea de accesibilidad y su transposición española. Cuando esta normativa habla de "comprensibilidad" se está refiriendo, en esencia, al lenguaje claro.​

Además, la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, reconoce el derecho a un lenguaje claro en actos, resoluciones y comunicaciones procesales, incluida la documentación escrita de los procedimientos.

Por otra parte, ya disponemos de dos normas ISO de lenguaje claro. Es un vaticinio de su implantación progresiva en las organizaciones públicas y privadas. Ocurrirá en cuanto la Unión Europea o una administración exijan estos certificados para obtener ayudas o participar en proyectos.​

Cómo implantarlo

El lenguaje claro solo se implanta de arriba abajo: requiere un cambio cultural concertado desde la alta dirección. Hay casos de éxito como el BBVA, Endesa, la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o el Plan de Parlamento Abierto del Congreso de los Diputados de España, que muestran una transformación gradual basada en la formación, el acompañamiento y una dirección estratégica que actúa sobre los puntos más críticos.

No es un camino fácil: a los humanos no nos gusta el cambio, incluso cuando estamos de acuerdo con él. Surgen temores como el "siempre se ha hecho así", el abuso del copipega, el apego a fórmulas antiguas o el pensamiento analógico en un mundo digital.

También son resistencias la ambigüedad buscada, aparentar autoridad con un lenguaje técnico o el miedo a perderla en un sistema nuevo. Con ayuda y asesoramiento, estos temores se pueden vencer y permitir un cambio paulatino.

Si usted no comprende un texto administrativo, no es un ignorante. Grite como el niño del cuento para salir del engaño: "¡Necesita lenguaje claro!".

El lenguaje claro es la clave para entender la democracia. Démosle fuerza a ese poder para que todos sintamos como propios los valores y derechos que tanto —y tantos— nos han costado conseguir.

Referencias

Cálamo&Cran (2025). Constitución Clara. Proyecto colaborativo abierto de Constitución española en lenguaje claro.

Generalitat Valenciana (2023). Guía de lenguaje claro de la Generalitat Valenciana: por un lenguaje administrativo al servicio de las personas.

Gobierno de España (2018). Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Boletín Oficial del Estado, núm. 227, 19 de septiembre de 2018.​

Gobierno de España (2024). Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa. Boletín Oficial del Estado, núm. 275, 14 de noviembre de 2024.​

International Organization for Standardization (2023). ISO 24495-1:2023 Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines. ISO.

Plain Language Association International (PLAIN) (2025). Home

Radiotelevisión Española (RTVE) (2024). Los españoles, por debajo de la UE y la OCDE en matemáticas, lectura y resolución de problemas.

Unión Europea (2016). Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. Diario Oficial de la Unión Europea, L 327, 2 de diciembre de 2016.​

***Antonio Martín es consultor de Cálamo&Cran y embajador de Plain Language Association International (PLAIN) en España.