"Las promesas no protegen los árboles ni los derechos humanos". Así de contundente se muestra Daniel Carrillo, director de la campaña de bosques de Rainforest Action Network (RAN). Y es que el último informe de esta alianza global para cuidar de las masas forestales es poco halagüeño: los avances de las marcas más influyentes del mundo para frenar la deforestación siguen siendo "lentos, desiguales e insuficientes".
El análisis de situación de 2025 de RAN, titulado Keep Forests Standing, llega a la vez que el nuevo retraso de la entrada en vigor de la ley europea contra esta práctica, que tendría que haberse hecho efectiva el pasado año y este 5 de diciembre volvió a retrasarse hasta finales de 2026.
Como recuerda el informe, en preparación para la plena aplicación del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR), muchas marcas han asumido compromisos para asegurar a los inversores que cumplirán la nueva normativa.
Sin embargo, desde la Rainforest Action Network alertan de que las empresas siguen dependiendo de sistemas de certificación ineficaces como la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) o de mecanismos de autorreporte de proveedores con "antecedentes problemáticos".
En este contexto, alertan desde la oenegé, "algunas de las marcas más grandes del mundo corren el riesgo de estar vinculadas a la deforestación y a violaciones de derechos humanos".
"Algo innegociable"
El informe Keep Forests Standing evalúa las políticas públicas y las prácticas de 10 grandes corporaciones globales, y lo hace a través de 12 indicadores centrados en políticas de no deforestación y de protección de los derechos humanos y la transparencia en las cadenas de suministro.
Lo que demuestra, indica Carrillo, es que, ante la inminente entrada en vigor de nueva legislación que protege los bosques, "las multinacionales se han comprometido a lograr que sus cadenas de suministro estén libres de deforestación".
Sin embargo, denuncia el portavoz de RAN, antes de que las masas forestales se destruyan para producir el producto que sea, "las personas que viven en ellas suelen sufrir violencia e intimidación o ven cómo les arrebatan sus tierras". Por eso, ataja: "Es fundamental que las compañías adopten medidas significativas para respetar los derechos humanos en toda su cadena de suministro".
Carrillo también recuerda que "las principales marcas conocen las limitaciones de los esquemas de certificación" y "saben que estos mecanismos no eliminan la deforestación ni protegen los DDHH". Asimismo, remite a anteriores informes de RAN en los que se aportaban "pruebas" de estas acusaciones.
Uno de los puntos más importantes del informe es la protección de las personas defensoras de DDHH, que se encuentra entre los indicadores más importantes de la evaluación de este año.
Entre 2015 y 2024, el Business and Human Rights Resource Center registró más de 6.400 ataques, incluidos más de 1.000 asesinatos, contra estos activistas en 147 países. Desde RAN afirman que aunque algunas marcas han dado pasos iniciales para implementar medidas de protección, la respuesta corporativa sigue siendo "fragmentaria e inconsistente frente a la magnitud de la crisis".
Por todo esto, Carrillo insiste en que la situación actual no se debe a una falta de información por parte de las multinacionales, sino "a una falta de liderazgo, de voluntad por transformar los compromisos en acciones y convertir la protección de las personas y los bosques en algo innegociable".
El fiasco europeo
Carrillo lamenta que "si las marcas más grandes del mundo no pueden demostrar que sus productos están libres de deforestación y abusos, sus compromisos no valen nada". Y para que no queden en papel mojado, la nueva ley europea contra la deforestación será clave. Eso sí, si no deja de retrasarse su entrada en vigor.
El pasado 5 de diciembre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE llegaron a un acuerdo informal con el que decidieron retrasar un año la normativa, que en esencia busca impedir el consumo en la Unión de ganado, cacao, café o madera que contribuya a la destrucción de los bosques.
Tal y como recoge EFE, las compañías que importen en Europa estas materias primas deben demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales donde hayan obtenido los recursos.
Esta es la segunda vez que se retrasa la entrada en vigor de la ley. El primero respondió a que las empresas no habían tenido tiempo suficiente para adaptarse. Este segundo empezó siendo un problema informático de la Comisión Europea, que después propuso simplificar las obligaciones para pequeñas firmas y aplazar seis meses el régimen sancionador para aligerar el tratamiento de datos, pero manteniendo su aplicación desde el 30 de noviembre de 2025.
Sin embargo, en su tramitación por el Consejo, las capitales reabrieron el texto, defendieron su retraso generalizado e introdujeron una cláusula de revisión en 2026. Todas ellas, medidas ampliamente criticadas por los ecologistas.
Asimismo, la normativa, en su forma más exigente, había suscitado críticas de la Administración de Donald Trump y de varios países productores, aunque contaba con el respaldo de grandes empresas chocolateras, la comunidad científica y organizaciones ecologistas.