La idea detrás de las finanzas sostenibles es sencilla en su formulación, pero ambiciosa en sus efectos: usar el dinero como herramienta de transformación social y ambiental, no solo como vía para obtener rentabilidad.

Europa ha asumido ese reto como una estrategia de competitividad. La transición hacia una economía más verde ya no se plantea como un coste, sino como una oportunidad. En 2025, la Comisión Europea dio un nuevo paso con la Brújula para la competitividad, un plan que busca conectar la descarbonización con el crecimiento económico, apostando por la innovación y la reducción de la dependencia de materias primas críticas.

En este contexto, España ocupa un papel cada vez más visible. Su sistema financiero ha aprendido a integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (los conocidos como ASG o ESG) no solo en sus estrategias de inversión, sino también en la relación con los clientes. Las entidades han reforzado sus políticas de transparencia y las empresas comienzan a medir su huella social con la misma seriedad que sus resultados económicos.

Antonio Royo-Villanova, especialista en gestión pasiva y ESG de DWS, lo resume así: "España ha avanzado mucho en pocos años. Su liderazgo en energías renovables y la incorporación temprana de criterios ASG por parte de grandes empresas ha sido clave".

Sin embargo, matiza: "Todavía hay diferencias con países más avanzados como Alemania, Francia o los nórdicos. En España necesitamos ampliar la oferta de productos sostenibles competitivos y, sobre todo, canalizar el ahorro privado hacia proyectos que impulsen la innovación, la digitalización y la transición verde. Ahí, el papel del inversor minorista puede ser determinante".

Simplificación normativa

El informe Spainsif 2025 identifica el 2024 como un punto de inflexión en la agenda regulatoria europea. Tras varios años de expansión normativa, con leyes y directivas que buscaban definir qué puede considerarse sostenible, la Comisión Europea decidió revisar y simplificar el marco.

El paquete Ómnibus I y la directiva Stop-the-clock retrasaron parcialmente la entrada en vigor de algunas normas de información corporativa (CSRD) y diligencia debida (CS3D), para adaptarlas al tamaño de las empresas y reducir costes administrativos.

Royo-Villanova defiende la medida: "No se trata de un paso atrás, sino de ajustar la velocidad. La sostenibilidad no puede convertirse en una carga burocrática que impida a las pymes participar". En su opinión, esta revisión busca algo esencial: garantizar que el capital fluya hacia actividades sostenibles reales y medibles, no hacia simples campañas de imagen.

Por su parte, Pablo Esteban, subdirector general de Spainsif, considera que otro cambio fundamental llegará con la revisión del reglamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), la norma que regula la información que los fondos deben ofrecer sobre sostenibilidad.

"La nueva versión va a clarificar conceptos y categorías de productos, alineándolos mejor con la taxonomía europea", explica. "El objetivo es que los inversores, especialmente los minoristas, tengan información más sencilla, comparable y verificable, lo que reducirá el riesgo de greenwashing".

Igualdad de género

Mientras tanto, los fondos sostenibles en España no dejan de crecer. Según el estudio de Spainsif, la inversión con criterios ASG representa ya más del 43% del total gestionado en el país. Pero lo más relevante no es solo el volumen, sino el cambio en la manera de entender qué significa invertir de forma responsable.

Hasta hace poco, la sostenibilidad se asociaba casi exclusivamente con la lucha contra el cambio climático: energía renovable, eficiencia energética, gestión de residuos o transporte limpio.

Ahora, el foco se amplía hacia otros ámbitos como la igualdad de género, la inclusión social o el bienestar laboral. La sostenibilidad deja de ser únicamente verde para convertirse también en justa.

El fondo Santander Equality Acciones, lanzado por Santander Asset Management, es un buen ejemplo. Invierte en empresas con políticas activas de igualdad de género y lo hace bajo parámetros ASG.

En el ámbito internacional, el Nordea 1 – Global Gender Diversity centra su estrategia en compañías con una alta diversidad en sus equipos directivos, mientras que en España el IB Deuda Impacto España, gestionado por Impact Bridge Asset Management y apoyado por el Fondo de Impacto Social del Gobierno, canaliza capital hacia proyectos que promueven inclusión, igualdad y sostenibilidad ambiental.

"Los inversores minoristas valoran cada vez más la capacidad de sus fondos para generar un impacto real", apunta Antonio Royo-Villanova. "No basta con decir que se invierte de forma sostenible. Quieren ver resultados concretos en temas como transición climática, biodiversidad o igualdad de género. Y eso está cambiando la manera en que las gestoras comunican sus estrategias".

Según Spainsif, el 67% de las entidades que aplican criterios ASG ya incluye la diversidad y la equidad de género en sus políticas de voto o implicación con las empresas. Para Royo-Villanova, ese dato revela un cambio de mentalidad: "Los inversores ya no se conforman con medir rentabilidad financiera. Quieren que su dinero tenga coherencia con sus valores. Buscan retorno, sí, pero también propósito".

El reto del pequeño inversor

Sin embargo, la democratización de la inversión sostenible avanza más despacio de lo deseado. Aunque el número de productos disponibles crece, los pequeños inversores aún se enfrentan a barreras significativas.

La primera, la falta de comprensión. "Hay mucho ruido y poca claridad", reconoce José Mariano Moneva, catedrático de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza. "Muchos ahorradores quieren invertir con conciencia ambiental o social, pero no saben distinguir entre un fondo realmente sostenible y otro que simplemente lo parece".

Sobre el progreso de los fondos sostenibles en España, Ana Rivero Fernández, Operating Partner ESG – Private Equity en Alantra y miembro del Comité de Inversión de la Fundación Calouste Gulbenkian, identifica dos fases.

Primero, la proliferación de productos etiquetados y clasificados según su grado de compromiso ESG, lo que generó confianza entre los inversores.

Pero, según su diagnóstico, desde 2022 ha habido un cierto retroceso: "Se ha vuelto a centrar exclusivamente en el binomio rentabilidad-riesgo, dejando de lado el perfil sostenible. Es un error: la sostenibilidad está presente en toda la economía, no debe tratarse como un extra".

Para Rivero, los ratings ESG, las etiquetas nacionales o los sellos de evaluadores independientes han sido pasos importantes, pero aún falta algo clave: "Hay que explicar mejor cómo la sostenibilidad aporta valor. No basta reportar emisiones o diversidad; hay que mostrar cómo esos factores mejoran la toma de decisiones y los resultados a largo plazo".

Cuando se dirige al inversor novato, Rivero advierte sobre errores comunes: "No basta con dejarse guiar por el nombre del fondo o su etiqueta. Hay que exigir un análisis claro del perfil ESG: cómo selecciona sus activos, qué métricas usa, qué compromisos tiene. La transparencia en la estrategia no es opcional, es esencial". Recomienda elegir fondos que no solo muestren desempeño financiero, sino también cómo implementan su estrategia ESG.

Según los datos de Spainsif, el 92% de las inversiones sostenibles en España se clasifican como "ASG básicas", centradas en integrar criterios de sostenibilidad en el análisis financiero. Solo el 6% corresponde a inversiones de impacto, aquellas que buscan resultados medibles en el terreno social o ambiental.

"Eso muestra que aún queda camino por recorrer", apunta José Mariano Moneva. "El gran reto es pasar de la intención al impacto real".

Pablo Esteban coincide: "El inversor minorista quiere información clara, que pueda comparar y verificar. No busca informes interminables, sino respuestas simples: dónde invierte, qué impacto genera y qué riesgos asume".

Educación financiera

En este sentido, la educación financiera se vuelve crucial. En España, el ahorro a largo plazo sigue muy ligado a la vivienda, mientras que la inversión en productos financieros es más limitada que en otros países europeos.

"Muchos jóvenes se sienten atraídos por activos volátiles como las criptomonedas", comenta Esteban. "Hay que explicar que invertir en sostenibilidad no está reñido con la rentabilidad, y que a largo plazo ofrece más estabilidad y sentido".

Ana Rivero Fernández también apunta que en los últimos años ha habido avances significativos en este aspecto: "Desde la implantación de la normativa SFDR, el sector financiero ha apostado por la formación. Gestoras, bancos y distribuidores han creado abundante material para familiarizar al inversor con la inversión sostenible".

Sin embargo, advierte que la coyuntura geopolítica —como la guerra en Ucrania, la inflación o la subida de tipos— ha distraído esa atención. "El interés por la sostenibilidad se ha resentido; los esfuerzos de las entidades por mantener activa esa formación han decaído", señala.

Aun así, Rivero defiende que hoy no se puede concebir la educación financiera sin la sostenibilidad: "Sería deseable que entidades públicas, asociaciones del sector y medios especializados refuercen esos contenidos. Cursos, conferencias, materiales didácticos… todo cuenta para que los inversores comprendan la sostenibilidad como una palanca real de valor", opina.

¿Sostenible o no?

Sobre cómo saber diferenciar un fondo verdaderamente sostenible, Irene Rodríguez, directora de Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Españoles, destaca el cambio que han supuesto las directrices de la ESMA: "El uso de términos como ESG, Sostenible o Clima está ahora sujeto a condiciones estrictas: al menos el 80 % de los activos debe alinearse con esos criterios y deben aplicarse exclusiones a sectores como combustibles fósiles o armas controvertidas".

Esto ha provocado la llamada "gran reetiquetación" de muchos productos, contribuyendo a depurar el mercado de fondos que solo aparentaban sostenibilidad.

Aun así, Rodríguez insiste en que el inversor no debe confiar solo en la etiqueta: "Es fundamental revisar el Documento de Datos Fundamentales del Inversor y las principales participaciones del fondo. La transparencia depende también de referencias de mercado sólidas y comparables".

Transparencia vs 'greenwashing'

Hablando de transparencia, el crecimiento del interés por la sostenibilidad ha traído consigo un riesgo evidente: el greenwashing, o lavado verde, cuando una empresa o fondo se presenta como responsable sin serlo realmente. Para combatirlo, la transparencia y la verificación independiente se vuelven esenciales.

"Estamos avanzando hacia sistemas de verificación por terceros acreditados", señala Pablo Esteban. "Esto permitirá que los inversores confíen en la información y que las gestoras que realmente hacen bien su trabajo puedan demostrarlo".

La legislación europea también refuerza esa dirección. Las nuevas directivas sobre consumo sostenible, ecodiseño y alegaciones ambientales (Green Claims Directive) obligarán a las empresas a justificar sus mensajes con datos verificables. En España, la futura Ley de Consumo Sostenible incorporará estos principios, promoviendo la transparencia y penalizando la publicidad engañosa.

El Consejo Nacional de Finanzas Sostenibles, creado recientemente, tendrá un papel clave en esa tarea. Su misión es coordinar políticas públicas, promover la educación financiera y fomentar la cultura de la inversión responsable.

Según el mencionado informe de Spainsif, el 78% de las gestoras españolas ya cuenta con analistas especializados en sostenibilidad, y cada vez más adoptan estándares internacionales como TCFD, GRI o TNFD. Sin embargo, persisten problemas de fondo: falta de métricas estandarizadas, escasez de datos verificables y dificultad para medir el impacto real de las inversiones.

Royo-Villanova insiste en que "el equilibrio entre exigencia y viabilidad es fundamental". Si las normas se vuelven demasiado complejas, podrían desalentar a las pymes y a los pequeños ahorradores. "La sostenibilidad tiene que ser exigente, pero también posible. Si se percibe como un lujo o un artificio, se perderá la confianza".

Una transición justa

El futuro pasa por construir un modelo financiero más inclusivo. Los expertos coinciden en que España avanza hacia una integración total de la sostenibilidad en todas las fases del proceso inversor, pero aún falta ampliar la base de participación. Democratizar la inversión sostenible significa ofrecer productos comprensibles, accesibles y con impactos medibles, apoyados en una educación sólida.

José Mariano Moneva, de la Universidad de Zaragoza, coincide: "La educación financiera debe considerarse una inversión estratégica. Formar a los pequeños ahorradores no es un lujo, es una necesidad si queremos que perciban la sostenibilidad como algo rentable y positivo para el conjunto de la sociedad".

Irene Rodríguez, directora de Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Españoles, coincide y añade matices importantes sobre la democratización de la inversión sostenible: "Hoy es más una aspiración que una realidad. El mercado ha madurado, con más de 238.244 millones de euros gestionados bajo criterios ASG, pero sigue existiendo un déficit significativo de preparación entre los minoristas".

Rodríguez señala que, aunque el 89 % de los inversores declara interés en incorporar sostenibilidad a sus decisiones, solo el 23 % lo refleja realmente en el test de idoneidad de MiFID II, evidenciando que hay una brecha entre interés y acción.

"La regulación europea, aunque bienintencionada, ha generado un marco técnico muy denso, con conceptos difíciles de interpretar y datos poco comparables. Para que la democratización sea efectiva, hay que reducir esa asimetría de información y trabajar sobre el origen de los datos", explica Rodríguez.

Destaca además la importancia de la Directiva CSRD, aunque advierte que muchas pymes quedan fuera y solo reportarán de forma voluntaria bajo el marco VSME. "Sería recomendable exigir indicadores básicos de sostenibilidad a todas las empresas, para que la transparencia no dependa exclusivamente del inversor final".

"La transición verde solo será exitosa si es justa", afirma Pablo Esteban, subdirector general de Spainsif. "Eso implica que no solo las grandes corporaciones, sino también las pymes y los ciudadanos de a pie participen en ella. Los costes y beneficios deben repartirse de manera equitativa, y la colaboración público-privada será clave para lograrlo".

La herramienta de cambio

Las finanzas sostenibles no son solo un conjunto de productos o regulaciones: son una nueva forma de entender el papel del dinero. Ya no se trata únicamente de maximizar beneficios, sino de decidir qué tipo de sociedad queremos construir con nuestro capital.

Antonio Royo-Villanova, de DWS, lo resume con una frase que podría servir de cierre: "El protagonismo de los inversores minoristas será determinante. Su participación puede marcar el éxito o el fracaso de la transición hacia un sistema financiero más sostenible, transparente y alineado con los valores de la sociedad".

La inversión sostenible ya no es un nicho, ni una moda. Es una transformación cultural y económica en marcha, que redefine cómo ahorramos, cómo invertimos y, sobre todo, cómo imaginamos el futuro.