Cantabria se ha lanzado a la caza del lobo ibérico y, por el momento, parece ser la principal competidora para convertirse en la comunidad autónoma para esta especie protegida.
Así lo constata, al menos, el último informe al respecto emitido por la oenegé conservacionista WWF, que acusa al Gobierno cántabro de "matar" a 21 ejemplares solo entre los meses de abril y agosto de este mismo año.
De este modo, el propio gobierno estaría poniéndose a sí mismo contra las cuerdas, ya que esta cifra supone más del 50% del cupo anual que él mismo se había impuesto, fijando el límite en 41. Esto quiere decir que aún quedan por delante otros 20 lobos por exterminar.
Estas cifras, advierte la asociación en el mencionado comunicado, "tendrán un impacto insostenible sobre la población de la especie". Además, acusan a esta administración de "inflar el cupo de lobos, al contar las manadas compartidas con regiones limítrofes".
Un sistema de doble conteo
Los datos que ha hecho públicos WWF muestran que el 40% de las manadas detectadas son compartidas con comunidades vecinas, y en cinco de ellas los cachorros se encontraron en Castilla y León.
Este doble conteo implica que las tasas de mortalidad reales superan el 20%, lo que podría provocar el declive de la población de lobos en la región.
El Gobierno cántabro justifica su cupo de 41 lobos asumiendo una media de nueve por manada, cuando la mayoría de la literatura científica rebaja esta cifra a siete.
De este modo, y tal y como apunta la asociación, Cantabria deja sentado que no busca "ningún equilibrio", sino "reducir su población", algo incompatible con la normativa europea al tratarse de una especie protegida.
Y es que el hecho de estar matando ejemplares adultos, incluyendo hembras reproductoras, antes de que las manadas completen su ciclo reproductor agrava significativamente el impacto sobre la población de la especie.
Más violencia en Asturias
Mientras Cantabria ejecuta una política oficial de control poblacional, Asturias enfrenta una escalada de violencia ilegal contra este animal que ha llevado a la Fiscalía a actuar judicialmente.
El episodio más sonado ocurrió el pasado 18 de enero de 2025, cuando dos lobos aparecieron colgados en un panel informativo de la ruta de Arcenorio, en el concejo de Ponga.
Los ejemplares, un macho y una hembra jóvenes, mostraban orificios compatibles con disparos de arma de fuego y llevaban varios días muertos.
En Asturias, la violencia ha aumentado sistemáticamente hacia el lobo ibérico.
La Fiscalía Superior de Asturias presentó denuncia ante el Tribunal de Instancia número 1 de Cangas de Onís por un presunto delito contra la fauna y los animales.
Pero este no es un hecho aislado. Según WWF, desde 2016 se han producido una quincena de crímenes similares, con lobos muertos y decapitados tirados en supermercados, colgados de señales de tráfico o puentes, sin que nadie haya sido llevado ante la justicia.
En 2023, ya había ocurrido un precedente similar en Ponga: dos cabezas fueron colocadas en las escaleras del ayuntamiento el día que iba a celebrarse una reunión del Gobierno regional.
Aunque la violencia contra estos animale en Asturias incluye también casos de envenenamiento. La Fiscalía investiga la muerte de un lobo posiblemente envenenado en Banduxu (Proaza) en abril de 2025, lo que llevó al Principado a activar el protocolo de venenos.
Los datos oficiales revelan que un 14% de los lobos marcados con collares GPS por el Principado entre 2017 y 2022 aparecieron muertos por el uso de trampas o disparos ilegales.
Y aun así, pese a la violencia ilegal, el Gobierno de Asturias ha autorizado la extracción de 53 lobos sobre una población estimada de 345 ejemplares.
Esta cifra representa aproximadamente el 15% de la población y se justifica por el aumento de daños al ganado. En 2023, se confirmaron 3.257 animales atacados y las indemnizaciones superaron el millón y medio de euros.
Además, el Principado ha decidido permitir que cazadores participen en las reservas donde hayan aumentado los daños.
Ante este panorama, fue la Coordinadora Ecologista de Asturias quien denunció que estos actos de violencia "gozan de una alarmante impunidad" y contribuyen a avivar una espiral de violencia que daña la convivencia social.
La organización critica, además, la falta de ejemplaridad de cargos públicos que, lejos de condenar estos hechos, justifican o minimizan su gravedad.