El Ejecutivo comunitario lleva años instando a España a que solvente los problemas vinculados a estas instalaciones que no cumplen con la legislación vigente. Ya en 2015, la Comisión abrió expediente a España alegando que esta no habría llevado a cabo "las medidas necesarias" para evitar que los residuos perjudiquen a la salud humana y de los ecosistemas. Ahora, en 2024, la UE vuelve a reiterar su reproche, todo a pesar de que hasta el momento no ha habido ninguna multa de por medio. 

Escombros amontonados en el vertedero ilegal de Leganés junto a la M-40, en Leganés, en 2020. Ricardo Rubio Europa Press

Pese a que los residuos están regulados por normativas orientadas a garantizar que su manipulación se hace en espacios habilitados, España sigue teniendo dificultades para enfrentar la gestión de sus vertederos fantasma. En 2018, la Comisión le dio un ultimátum para que cumpliera la normativa comunitaria: entonces, el número de vertederos ilegales ascendía a más de 1.500. Si bien hasta hoy han desaparecido el 90% de ellos, Bruselas considera que los avances aún no son suficientes y pone la decisión en manos de los jueces de Luxemburgo, quienes deberán dirimir si el Estado tiene que adoptar medidas correctoras al respecto.

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En los últimos años, el manejo de los residuos se ha convertido en una prioridad orientada a preservar el medio ambiente y la salud pública. En el caso de España, no es para menos: es el sexto país que más genera, según datos de Eurostat. Una mala gestión de los desechos acarrea graves problemas ambientales, desde la degradación de la calidad del agua a la alteración de los suelos. También implica que se desperdicien recursos naturales, y que se liberen múltiples gases tóxicos a la atmósfera, como el metano —el 20% de las emisiones causadas por el ser humano están asociadas al tratamiento residual—.

El problema del metano

Este es el segundo gas de efecto invernadero ligado a la actividad antropogénica después del dióxido de carbono, según se extrae del Informe de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Edición 2023 (1990-2021) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Además, el metano tiene un potencial de calentamiento atmosférico 85 veces mayor que el CO2, y su acumulación impacta de forma significativa en el planeta.

Para que estos gases no se liberen a la atmósfera, los vertederos deben estar equipados de sistemas adecuados de sellado, captación y aprovechamiento del biogás que se genera por su actividad —por ejemplo, a través de mecanismos que desvíen la materia orgánica hasta los biodigestores—. Sin embargo, la mayoría de los grandes contenedores de desechos carecen de estos procedimientos y la quema de basura sigue siendo uno de los métodos más utilizados. Aunque esta práctica acaba convirtiendo el metano en CO2, aún representa una amenaza al medio ambiente. 

En los últimos días, una investigación publicada por el diario The Guardian ha revelado que, entre 2019 y 2023, España registró 21 fugas de metano, siendo uno de los países con mayores filtraciones por detrás de Pakistán, India, Bangladés, Argentina y Uzbekistán. En concreto, el análisis satelital se centró en la capital, en Madrid, donde se detectaron 17 fugas importantes en 2021 y cuatro procedentes de superemisores en el primer semestre de 2023. La peor tuvo lugar en enero, con 25 toneladas por hora, algo equiparable a lo que generan 3,9 millones de vehículos.

"No asociamos a los países de Europa occidental con vertederos que tienen emisiones de metano incontrolables", reflexionó Antoine Halff, cofundador de Kayrros, la empresa que ha proporcionado su análisis al medio británico. El reportaje detalla que los eventos se reportaron tanto en la zona alrededor del Complejo Ambiental de Tratamiento de Residuos de Pinto como al sur de la ciudad, cerca del complejo de Las Dehesas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Según The Guardian, tras los hallazgos el Ayuntamiento de Madrid habría alegado que otros vertederos fuera de su control podrían estar detrás de estas emisiones y que el análisis vía satélite no tiene tanta fiabilidad como las mediciones terrestres. También informan de que desde Las Dehesas habrían asegurado que las fugas de metano se situaron en niveles normales (20%) para un vertedero controlado con extracción de biogás, y que planean poner en marcha un "sistema de seguimiento en tiempo real" así como inspecciones robóticas destinadas a recopilar datos sobre las emisiones hasta finales de 2024.

En cualquier caso, esta no ha sido la única ocasión en la que se reportan fugas importantes de metano en los vertederos madrileños. En agosto del año 2021, la Agencia Espacial Europea (ESA) detectó emisiones de 8.800 kilogramos de este gas por hora, la mayor cantidad observada entonces en Europa por GHGSat. Tras la publicación del informe, el consistorio puso en marcha una campaña de cuantificación de las emisiones en el complejo de Valdemingómez, tras la que también concluyó que estas eran las propias de un vertedero sellado y en desgasificación.

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En realidad, medir las emisiones de manera constante supone un reto para operadores y autoridades, ya que los datos pueden verse fácilmente afectados por las condiciones meteorológicas, como la nubosidad o el viento. Con este contexto como telón de fondo, las organizaciones ecologistas llevan años instando a que se establezca un plan nacional encaminado a reducir las emisiones de metano en todos los sectores emisores, incluido el de los residuos, mientras desde Europa se lamenta la excesiva dependencia de España hacia los vertederos y las plantas de tratamiento mecánico biológico. 

Otra amenaza: el tráfico ilícito

Además de los mencionados, España tiene otro problema en lo que a gestión de residuos se refiere: es el de los camiones que atraviesan la frontera con Francia cargando toneladas de basura no tratada que más tarde acabarán desechando en nuestros vertederos —los de Zaragoza y Lérida, principalmente—, como última parada de una ruta tan ilícita y ambientalmente perjudicial como lucrativa para las organizaciones criminales que protagonizan estos movimientos. 

Imagen de archivo de camiones retenidos a un kilómetro de la frontera con Francia. EFE

A mediados de enero, EFE informó, basándose en las estimaciones de las autoridades galas y españolas, de que uno de cada tres camiones interceptados en la frontera en dirección a España transporta residuos ilegales, procedentes principalmente de las regiones de Burdeos, Costa Azul e Iparralde. Poner freno a este negocio es un objetivo común para la Guardia Civil y la Gendarmería francesa, cuya estrecha cooperación, materializada en la operación AUGIAS, ha dado lugar a numerosas investigaciones de éxito en los últimos años.

La más reciente, denominada Poubelle, culminó con la desarticulación de una organización que había ingresado 16 millones de euros desde 2020 después de que empresas de recogida de residuos urbanos la contratasen para deshacerse de estos y enterrarlos en un vertedero zaragozano. Entre ellos figuraban desechos que no habían sido previamente tratados, algo expresamente prohibido por la legislación española y europea, que habían llegado a España camuflados entre varias capas de papeles, cartones y otros residuos no peligrosos que sí se transportaban como si estuvieran clasificados. 

En declaraciones a la agencia, el comandante de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona, Carlos Astráin, explicó que la zona con más afluencia de camiones es la frontera de Irún. Las organizaciones se exponen al riesgo de ser descubiertas en un control. Si eso ocurre, tendrán que pagar una cuantiosa sanción administrativa impuesta por la comunidad autónoma que corresponda en cada caso. Pero, si consiguen llegar hasta su destino, pueden hacerse con grandes sumas de dinero.

Según estudios recientes, el tráfico ilícito genera unos ingresos anuales de entre 4.000 y 15.000 millones de Europa. Pero este dato no pilla por sorpresa a las autoridades. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) e Interpol subrayan que los delitos contra el medio ambiente son la cuarta actividad delictiva más rentable del mundo, tan solo detrás del narcotráfico, la falsificación y la trata de seres humanos.

En el caso del tráfico de residuos ilegales, además de acarrear importantes consecuencias fiscales —en Francia, la gestión de una tonelada de residuos urbanos cuesta 250 euros, mientras que en España se reduce a 40 euros, estimó Astráin en declaraciones a EFE—, también "contraviene la legislación y los sistemas de control medioambientales, cuyo espíritu reside en el principio de proximidad y en que cada uno se haga cargo de sus residuos", denunciaba Seprona en un comunicado emitido el pasado 20 de diciembre.