Si hay una institución inútil de ese casino que llamamos parlamento en el que sólo trabaja la junta directiva mientras los demás se reducen a apretar el botón de votaciones según las instrucciones recibidas, son las comisiones de investigación. Los parlamentarios las utilizan para trasladar a la opinión pública una imagen de incesante y transpirante trabajo, como si fuesen investigadores científicos que escudriñan en la vida y entorno del acusado e intentan adivinar en microscopio las pruebas del delito.

Los parlamentarios de la Asamblea de Madrid le han pedido al juez del caso Lezo que les pase la investigación del asunto, como el estudiante pide que le pasen los apuntes de un tema impartido en una clase a la que no asistió o en la que estuvo torpe a la hora de anotar lo importante porque andaba distraído baremando las curvas de Maripuri o reflexionando sobre las musarañas y la creatividad literaria.

El juez les ha dicho que no va a poder ser por una causa que los parlamentarios deberían saber: el asunto está bajo investigación judicial y no sería serio que el expediente anduviese de un sitio para otro. Pero lo que delatan los miembros de la Asamblea de Madrid es que son unos gandules que pretenden aprovecharse del trabajo de la Policía, Guardia Civil, fiscalía y el propio juez instructor, como diciendo, anda pásanos el caso que ya si eso resolveremos nosotros, que somos los más listos de nuestras respectivas casas.

Esta noticia, que servidor lee en El País del martes, pasará desapercibida, pero en realidad revela cierta inconsciencia política que el juez instructor indica en el auto denegatorio de la documentación, y al mismo tiempo la prepotencia del legislador que se piensa legitimado para meter las narices en el trabajo de los demás. En el expediente que se informa ahora hay el trabajo de expertos de las fuerzas de seguridad, de fiscales y del propio juez, es decir, todos ellos acreditados profesionales que actúan con todas las consideraciones, reparos e independencia que en la acusación de personas se presupone. Eso pretende ser sustituido por la kermés de una comisión investigadora donde unos y otros se tirarán los trastos a la cabeza para regocijo del mundo tertulianés y que terminará, como los trabajos de toda comisión -según nos tiene avisados Napoleón-, en una completa insustancialidad.

Y es eso el corolario que se extrae de la mayor parte de la acción política de este sinfín de casinos regionales que llamamos parlamentos, cortes, asambleas o parlament: el advenimiento a la gestión política de una masa de indocumentados que ni tan siquiera se preocupan en conocer cual es su labor en el sistema. Convendría elaborar manuales para que no hagan más el ridículo y aprendan que el cargo no se lo han ganado ellos, sino los partidos que los han incluido en unas listas confeccionadas con criterios muy alejados de la excelencia.