El Banco de España, a través de su página de Internet y en publicaciones impresas, ha facilitado el acceso público a una amplia documentación relativa a la crisis financiera internacional que se inició en 2007. El propósito de este informe es ofrecer un análisis, ordenado y sistemático, de su incidencia en el sistema financiero español y del conjunto de medidas de regulación, supervisión e intervención adoptadas en el período 2008-2014. El Informe mantiene un enfoque descriptivo, ofreciendo un análisis del desarrollo de la crisis y de las actuaciones llevadas a cabo, con objeto de proporcionar amplias referencias a lectores y analistas.

En su informe el Banco de España destaca claramente la negativa gestión realizada por Caja Castilla La Mancha y sus máximos responsables, una actuación desarrollada “en un marco de gobernanza claramente deficiente, que no adoptó las medidas necesarias para cambiar una gestión que se mantenía como en los años de expansión”. Asimismo, el banco emisor destaca que “las necesidades de cobertura de la inversión llevaron a CCM a un incumplimiento del coeficiente de solvencia, con una previsión de saneamientos en dos años imposible de afrontar, aparte de mostrar una elevada concentración de riesgos con dos grupos económicos”

Por su interés para nuestros lectores reproducimos íntegramente el informe del Banco de España referido a las actuaciones previas a la intervención de Caja Castilla L Mancha:

“Tras diversas actuaciones inspectoras realizadas en 2008 y 2009 [a CCM], se detectaron importantes déficits en las provisiones que cubrían el deterioro de la inversión crediticia, con una inestable estructura de financiación (reducción continuada de depósitos frente a un crecimiento continuado de la inversión a pesar del entorno económico, que le llevaba a incrementar su apelación a la financiación mayorista). Ello en un marco de gobernanza claramente deficiente, que no adoptó las medidas necesarias para cambiar una gestión que se mantenía como en los años de expansión. Todo esto llevó a una situación insostenible de la liquidez al reducirse su rating en febrero de 2009 de BBB+ a BB+1 (Fitch), lo que supuso el cierre de las vías de financiación interbancaria, que se vio agravado por la carencia de activos aptos para ser descontados ante el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Adicionalmente a lo anterior, las necesidades de cobertura de la inversión llevaron a CCM a un incumplimiento del coeficiente de solvencia, con una previsión de saneamientos en dos años imposible de afrontar, aparte de mostrar una elevada concentración de riesgos con dos grupos económicos.

CCM representaba menos del 1% de los activos del sistema bancario español. Se habían estado buscando soluciones alternativas a la intervención de la caja, en el ámbito del Fondo de Garantía de Depósitos, que resultaron infructuosas, de manera que, dada la situación de incumplimiento de los niveles de capital requeridos y sus perspectivas financieras, el 28.3.20092 la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó la sustitución de los administradores de CCM3. Ante la difícil situación de liquidez de CCM, y para que el Banco de España pudiese contar con activos de garantía para conceder una provisión urgente de liquidez (ELA, por sus siglas en inglés) de 900 millones de euros que permitiera atender las necesidades que surgieran tras la medidas adoptadas, el Gobierno autorizó, mediante Real Decreto-ley 4/2009, de 29 de marzo, la concesión de un aval de la Administración General del Estado, durante el año 2009, por un importe máximo de 9 mm de euros. Con la garantía de este aval, el Banco de España concedió a CCM la ELA por 900 millones de euros.

El 3.11.2009, la Comisión Ejecutiva del Banco de España aprobó el proyecto propuesto por CCM para su integración en Caja de Ahorros de Asturias. Finalmente, el 30.6.2010 la asamblea de CCM aprobó el citado proyecto. El Fondo de Garantía de Depósitos decidió apoyar financieramente tal proyecto con 1.740 millones de euros de ayudas al capital y un esquema de protección de activos (EPA) cuyo valor esperado a diciembre de 2011 se elevaba a 1.715 millones de euros”.