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Los riesgos del 5G que obligan a las autoridades mundiales a plantearse su regulación

OBSERVATORIO DIGITAL. Un artículo publicado en The New Yorker alerta sobre los peligros más allá de la ciberseguridad.

El potencial de las redes 5G nos lleva a imaginar un mundo donde todo esté conectado: desde una tostadora hasta un collar de un perro. Sin embargo, todas esas posibilidades también conllevan riesgos que van más allá de la ciberseguridad.

La pérdida de la privacidad o el racismo digital son algunos de estos riesgos, que solo podrán evitarse si se apuesta por una regulación. Así lo expresa el artículo The Terrifying potential of the 5G Network (El terrorífico potencial de la red 5G) publicado en The New Yorker, que abre el debate sobre cómo una nueva generación de redes puede cambiar la relación no solo entre países, si no también entre estados.

Se trata de un conflicto que se ha acentuado en las últimas semanas con la crisis de Huawei. La compañía china ya ha sido acusada por parte de la administración de Donald Trump de compartir datos de sus usuarios con el gobierno chino. Ahora, Google ha indicado que dejará de compartir su software con Huawei, lo que provocará que los próximos terminales de la operadora deban desarrollar su propio sistema operativo.

Esta crisis ha llevado a algunos países y varios fabricantes a plantearse si el despliegue del 5G y sus relaciones comerciales con Huawei siguen adelante. Sin embargo, el artículo de The New Yorker indica que “aun en ausencia del equipamiento de Huawei, los sistemas puede que dependan del software desarrollado en China”.

Regulación imprescindible

El artículo aboga porque se regule el 5G y sus capacidades, de hecho, señala que es la primera red para la que se requiere ciberseguridad antes de su implantación. Esto se debe a la capacidad de “capturar y capitalizar nuevos flujos de datos de individuos, negocios y del gobierno”.

The New Yorker destaca que la capacidad del 5G también permite crear un “potencial impensable de vigilancia”. De hecho, apunta que China ha utilizado los 350.000 repetidores de 5G instalados para vigilar y controlar a los 11 millones de uighurs que viven en el país y alerta que no es un peligro que solo afecte a un estado.

“Construir salvaguardias en el sistema parece un objetivo necesario y obvio”, concluye en el artículo, que añade que las tensiones comerciales no ayudan a que la regulación del 5G salga adelante.