Todas las miradas en los despachos de la banca española estarán puestas este lunes en el Supremo. El Tribunal se reúne para decidir si, finalmente, las entidades deben asumir o no el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD); es decir, el impuesto de las hipotecas.

El fallo que conozcamos este lunes no sólo servirá como doctrina general ante las próximas reclamaciones por parte de los clientes, también puede suponer un vuelco a la forma en la que hasta ahora se asumía el coste del AJD. Por tanto, las calculadoras llevan varios días echando humo a la espera de poder ofrecer un cálculo exacto del importe al que los bancos tendrán que hacer frente.

Las principales firmas financieras dan por descontado que el Supremo dictaminará que son ellos quienes deben asumir el pago del AJD a partir de ahora. Es decir que, según cálculos de Moody’s, se preparan para tener que abonar a las haciendas autonómicas unos 650 millones de euros cada año.

Quién paga la factura

Está por ver de qué forma se va a repercutir ese incremento de costes a los clientes. “Dependerá de las ofertas comerciales y de la competencia”, señalaban algunos de los principales directivos de bancos durante la última presentación de resultados trimestrales.

Se preparan, por tanto, para el mal menor porque “no hay motivos para aplicar retroactividad dado que durante los últimos 20 años bancos y clientes hemos cumplido con la Ley”, decía el consejero delegado de Bankia, José Sevilla. Razón no le falta, porque la letra pequeña del impuesto carga al cliente el pago de la imposición, y es algo en lo que las entidades financieras no tienen nada que decir.

Ahí está, precisamente, el mayor temor de los bancos. En el hecho de que el Supremo decida hoy fallar en favor de los clientes (todavía más) y cargar retroactividad. En principio, según la Ley, al tratarse de un impuesto sólo tiene un recorrido de cuatro años. Pero ya hay despachos de abogados que llevan semanas publicitando la posibilidad de recuperar el AJD desde el principio de los tiempos. Por tanto, se teme un aluvión de demandas en los juzgados.

Si el Supremo se decanta por esta última opción, los bancos confían en que fije cuál debe ser el criterio de retroactividad. En caso de que fueran los últimos cuatro años, hablamos de que el coste subiría a los 650 millones de euros anuales a partir de ahora, a los que habría que sumarle otros 2.300 millones de euros. De ahí hacia atrás la factura se dispararía todavía más; cálculos preliminares hablan de hasta 16.000 millones de euros.

La banca, harta

Ocurra lo que ocurra sí que existe una cierta preocupación en el sector financiero sobre lo que ocurre en los juzgados. “Cada vez que se enfrentan a un caso en el que hay un banco, fallan en su contra”, explicaba un directivo bancario hace unos días.

Se refiere ya no sólo al impuesto de las hipotecas, también a las cláusulas suelo, los gastos de formalización de la hipoteca; las multidivisa, y un sinfín de sentencias más que hemos conocido en los últimos años. Se sienten, como explicaba a EL ESPAÑOL un directivo de una entidad financiera a este diario “el pim pam pum de la Justicia”.

Quizá la que más claro dejó este hace unos días fue la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, quien exclamaba: “parece como si fuéramos los culpables de todo”, en referencia a los fallos judiciales. En cualquier caso, la propia Dancausa hacía autocrítica y animaba a sus colegas a “cambiar la percepción de lo que hace la banca, tanto por parte de los medios como de los propios políticos. Se debe hacer una labor didáctica y contar que la banca de hoy no es la misma de hace diez años".

Ese análisis de autocrítica es algo que se pudo escuchar también al CEO del Sabadell, Jaime Guardiola, quien cree que es necesario seguir trabajando para eliminar las malas prácticas del sector. Unas tesis muy parecidas a las que se pudieron escuchar por parte de los responsables del resto de entidades del sector como Gonzalo Gortázar, de Caixabank; o Carlos Torres, del BBVA.

Trabajo tienen por hacer, sobre todo porque la imagen de que la banca (y no sólo las cajas) fue rescatada es algo que está en el imaginario colectivo. Muestra de ello es que el Gobierno tiene intención de hacer cambios fiscales para que los bancos “devuelvan” parte del dinero del rescate.

Los test de estrés 

Si los presupuestos salen adelante la banca tendrá que hacer frente a un aumento en el Impuesto de Sociedades; la disminución de las deducciones fiscales; la eliminación de la exención fiscal al 5% de los dividendos repatriados de filiales en el exterior y, en teoría, el impuesto a las transacciones financieras. Ahí es nada.

Todo ello mientras siguen trabajando para asumir su “principal tarea pendiente para 2019, año en el que tendrán que hacer un esfuerzo para aproximarse a los niveles de capital de máxima calidad de sus pares europeos”, explica Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG en EMA.

Un análisis elaborado tras conocerse los últimos resultados de los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en los que la banca española sacó buena nota (con Sabadell en el furgón de cola) pero en el que el ratio de capital estaba algo alejado de la media europea.

Hablamos de que en España la media era 1,2 puntos inferior a la de los pares europeos, que cuentan con una media del 10,1%. Es decir, que todavía les queda tarea por hacer si quieren equipararse al resto de Europa. 

Veremos qué ocurre este lunes, pero parece evidente que ocurra lo que ocurra los bancos se verán perjudicados en sus intereses y los consumidores quedarán satisfechos a medias. Al tiempo.